Iglesias presenta una querella contra un coronel retirado por vincularle con el narcotráfico y el terrorismo

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha presentado una querella en los juzgados de Madrid contra el coronel de Infantería retirado Diego Camacho por un presunto delito de calumnias debido a una serie de declaraciones realizadas por el militar en medios de comunicación en las que vinculó al líder de Podemos con el narcotráfico y el terrorismo internacionales.

Iglesias, en una querella presentada el 7 de enero, pide investigar a Camacho por un presunto delito de calumnias y, subsidiariamente, por uno de injurias graves, así como una fianza de 18.000 euros, cantidad que ha fijado teniendo en cuenta “la gravedad” de sus declaraciones y “la gran difusión que han tenido” y un embargo de bienes suficientes para cubrir dicha cuantía si no fuera depositada. Además, solicita ya que el uniformado sea citado para declarar.

La querella se basa en una serie de artículos y entrevistas realizados por el coronel de Infantería desde el pasado mes de mayo que, según el escrito, “constituyen una atribución clara y contundente a Pablo Iglesias de hechos concretos constitutivos de delitos de extrema gravedad que no solo dañan su honor e imagen personal y política, sino como integrante del Gobierno de España”.

El vicepresidente segundo explica en la querella que se ha visto obligado a presentarla porque intentó llegar a un acuerdo con Camacho mediante una demanda de conciliación, “ofreciendo al mismo la oportunidad de retractarse de sus afirmaciones”, pero este último, “pese a reconocer que los artículos e intervenciones en televisión son ciertos, consideró que ‘no es cierto que supongan injurias o calumnias de ningún tipo’”.

En dichas declaraciones, reproducidas parcialmente en la querella, Camacho afirmó que Iglesias, además de Juan Carlos Monedero y el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, “han cobrado dinero procedente de desfalcos y del narco venezolano” y aseguró que el líder de Podemos proporcionó pasaportes falsos a miembros del partido-milicia libanés Hezbolá y que también iba a dárselos a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

Camacho dijo asimismo que la que fuera asistente personal de Iglesias cuando era eurodiputado, Dina Bousselham, era una “espía de Marruecos” y sugirió que ambos mantenían una relación sentimental gracias a la cual ella obtendría información relevante del Gobierno. De esta forma, destaca la querella, le atribuye “una conducta delictiva de tan extrema gravedad como es la revelación de secretos relativos a la defensa nacional, ya sea de forma dolosa o imprudente”.

“No puede haber ataque más grave a la integridad moral de un gobernante que afirmar que el mismo trabaja para potencias extranjeras, máxime cuando aquel procede de una persona cuya condición de militar y ex integrante del CESID le dotan de un aura de ética y credibilidad que hace presumir que sus manifestaciones son veraces”, expone el escrito de Iglesias.

La querella defiende que “no nos encontramos ante una crítica a su actuación política o en cuanto miembro del Gobierno, sino que se le acusa de trabajar para potencias extranjeras (lo cual constituiría un delito de traición), de facilitar información clasificada a terceros países, ya sea de forma dolosa o imprudente (delito de revelación de secretos relativos a la defensa nacional), de tener vinculaciones con el narcotráfico, el terrorismo internacional y el blanqueo de capitales”.

De esta forma, se adelanta a la ponderación entre los derechos a la libertad de expresión y a la información, por un lado, y del derecho al honor, por otro, que pueda hacer el juzgado de instrucción sobre el que recaiga este asunto, para esgrimir que los primeros “están sujetos a determinados límites” que en esta caso deben conducir a que prevalezca el derecho al honor de Iglesias.

Así, razona que, si bien Iglesias “tiene relevancia pública y las acusaciones que realiza el querellado serían de interés general si fueran ciertas”, “no lo son, por lo que no estarían incluidas en el ámbito de la libertad de información”. Sobre la libertad de expresión, señala que las palabras de Camacho “son objetivamente vejatorias”, de modo que resultarían “impertinentes” para manifestar una opinión o valoración sobre la actividad política del ‘número dos’ del Gobierno.

Con todo ello, denuncia que Camacho “no está realizando a través de las mismas una crítica política o a la gestión que realiza la persona hacia la que van dirigidas, sino que suponen una descalificación, un ataque personal y directo, desproporcionado y ajeno a cualquier justificación con base en el ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución”. En su opinión, al coronel de Infantería “no le mueve el ánimo de crítica ni mucho menos el de denunciar delitos, sino el propósito de desacreditar ante la ciudadanía a un representante político cuyas ideas no comparte mediante la utilización de expresiones injuriosas”.