Ventanilla abierta para reparar los abusos policiales

El Tribunal Constitucional reabrió a finales de septiembre la ventanilla del Gobierno vasco para reparar a las víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999, al rechazar el último recurso de Ciudadanos a la ley autonómica sobre esta materia. Tras el aval del Constitucional a la nueva norma, el Ejecutivo vasco ha recibido más de 300 solicitudes de personas que piden que se les reconozca como víctimas de abusos. El viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, el historiador José Antonio Rodríguez Ranz, comenzará a firmar las primeras resoluciones en el primer trimestre de 2021.

“Los abusos policiales formaban parte del franquismo y continuaron en muchos casos durante la Transición”, asegura el portavoz de la plataforma vasca contra los crímenes del franquismo, Josu Ibargutxi. “Y no lo digo yo; por si había dudas, lo demostró [el antropólogo forense] Paco Etxeberria en su informe sobre la tortura de diciembre de 2017, cuando documentó 4.113 casos” que afectaron a 3.415 personas entre 1960 y 2014.

La Ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el Contexto de la Violencia de Motivación Política en el País Vasco entre 1978 y 1999, —nombre completo de la norma— fue aprobada en el Parlamento vasco en 2016 gracias a los votos favorables del PNV y el PSE y la abstención de EH Bildu. Esta ley da continuidad al decreto del Gobierno del socialista Patxi López de 2012 que daba cobertura a las víctimas de la violencia policial entre 1960 y 1978. Fue recurrida primero por el Gobierno de Mariano Rajoy, y después —cuando el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez retiró el recurso— por Ciudadanos.

El Constitucional legalizó la ventanilla de reclamaciones al entender que la comisión de valoración encargada de reconocer a las víctimas “no va a llevar a cabo imputaciones” a terceros. El PNV modificó el articulado de la ley para aclarar que el objetivo no era depurar responsabilidades de los policías, sino resarcir a los damnificados.

“El Gobierno vasco me reconoció como víctima de malos tratos en la primera norma”, asegura Juan María Zulaika, uno de los curas obreros que entre 1968 y 1977 ocuparon la prisión de Zamora, a la que iban a parar sacerdotes que lucharon contra el franquismo. No comparte el “fraccionamiento de la historia” que hace la normativa vasca, pero cree importante el aval del Tribunal Constitucional. Para él, permite visibilizar una parte de la memoria reciente “que ha sido tapada”, y que cree que “empieza a airearse ahora, cuando se está celebrando el 50 aniversario del Proceso de Burgos”, en el que se juzgó el asesinato del comisario franquista Melitón Manzanas, uno de los primeros crímenes de ETA.

“Habría que colocar una placa en los cuarteles de Intxaurrondo de San Sebastián y la Salve de Bilbao porque allí se torturó y se maltrató a mucha gente”, reclama Zulaika, que propone integrarlos en los mapas urbanos de Memoria Histórica.

Los sindicatos vascos también se congratularon del aval del Constitucional. En una declaración conjunta, animaron en noviembre a sus militantes a acogerse a la ley en el caso de que hubieran sido víctimas de este tipo de abusos. “Argumentar que esta normativa blanquea a ETA es absurdo. Es el pago de una deuda a quienes lucharon contra Franco”, defiende Ibargutxi.

El perfil de los solicitantes es muy variado. Fuentes de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno vasco explican que muchos demandantes fueron agredidos cuando se encontraban en manifestaciones, o en controles policiales, donde el uso de la fuerza y las armas conllevaron la muerte o heridas graves. “En otros casos, como en los de torturas, la intencionalidad de las detenciones era clara”, pero también “en muchos casos analizados, las víctimas no tenían ningún tipo de militancia”. Y si la tenían era tan variada como la Organización Revolucionaria de Trabajadores, el PCE, el PNV, el PSE, Comisiones Obreras, UGT, Unión Sindical Obrera, Acción Católica, Vanguardia Obrera Juvenil, y también ETA.

4.113 casos documentados en 54 años

En el informe dirigido por el forense Paco Etxeberria con investigadores de la Universidad del País Vasco se documentan 4.113 casos de malos tratos entre 1960 y 2014. De 1.792 son responsables miembros de la Guardia Civil, 1.786 de la Policía Nacional y 336 de la Ertzaintza. Existen 20 condenas ratificadas por el Tribunal Supremo de torturas y malos tratos a 31 víctimas, con 49 condenados, 21 de ellos del Cuerpo Nacional de Policía y 28 de la Guardia Civil. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado siete veces a España por no haber investigado diligentemente las denuncias de torturas.

Del total de víctimas reconocidas en el primer decreto, un 16% correspondían a muertes por parte de fuerzas de seguridad del Estado, especialmente en manifestaciones, controles en carreteras o altercados. Un 29,5% de los casos se trataba de personas heridas por arma de fuego. Todos fueron reconocidos como víctimas, y el 61% fue indemnizado.