El juzgado archiva la causa contra Camps y otros cargos por los contratos para la visita del Papa a Valencia

El Juzgado de Instrucción número 5 de València ha ordenado el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y otros cargos, entre ellos el que fuera vicepresidente del Consell Víctor Campos y el obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero, por presuntas irregularidades en las contrataciones de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF) para la visita del Papa Benedicto XVI a la ciudad en 2006, informa Europa Press.

En la causa figuraban también como investigados el representante legal de la fundación, Francisco Javier Jiménez; el secretario del Arzobispado, Antonio Corbí; Enrique Pérez Boada, comisionado de la visita de Benedicto XVI, y Henar Molinero, secretaria general de la fundación. Previamente, la Audiencia había aceptado el recurso del ex secretario autonómico de Hacienda Eusebio Monzó de ser investigado en esta causa.

En el auto de sobreseimiento se recuerda que el juzgado investigaba desde 2016 si se cometieron delitos de prevaricación y malversación en los contratos suscritos entre diversas mercantiles y la FVEMF para la visita del pontífice a la capital del Turia.

Concluida la instrucción, las defensas de los investigados solicitaron el archivo de la causa, mientras que la Generalitat Valenciana pidió la incoación de procedimiento abreviado. El Fiscal demandó seguir la causa contra Francisco Camps, Víctor Campos y Enrique Pérez Boada, de un lado, y Escudero, Antonio Corbí Copoví y Francisco Javier Jiménez, de otro, y abogó por el sobreseimiento provisional para Henar Molinero. Ahora, el juzgado ha decidido archivar la causa al no ver indicios de la supuesta comisión de los delitos.

Entre los hechos que se han analizado están los contratos que suscribió la FVEMF con 11 empresas, la aportación de dos millones de euros por parte de la Generalitat Valenciana en el año 2010 en concepto de dotación fundacional y la asunción de deudas en el año 2014 por importe de 1.306.897 euros.

En primer lugar, la jueza se refiere en su resolución, contra el que cabe recurso, a la condición jurídica de la FVEMF y cita el testimonio de diversos testigos para señalar que la entidad “no tenía naturaleza pública por cuanto que no estaba adscrita a ninguna administración pública, hecho que no se produce hasta el año 2010”.

Pero, además, apunta, “de lo que no existe indicio alguno es de que los investigados se hubieran concertado al inicio para constituir una Fundación con el fin de delinquir, que tuvieran conocimiento de que la Fundación debía someterse a la normativa de la contratación del sector público para suscribir los contratos que suscribió y que con dicho conocimiento y a sabiendas de esa naturaleza pública que se defiende y de manera arbitraria se hubieran concertado para eludir la normativa y contratar con las empresas que desarrollaron los trabajos o prestaron los servicios para favorecer así a las mismas, de lo que no existe el mas mínimo rastro durante la instrucción”.

“No se desprende de lo actuado ni la arbitrariedad ni la injusticia reclamada por la legislación penal y pese a lo afirmado por el Fiscal en su escrito interesando la continuación del procedimiento, estos extremos deben ser objeto de valoración, sin que ello suponga una absolución en la instancia, porque resulta necesario a los efectos de determinar si existen indicios racionales de la comisión del delito de prevaricación que se pretende, esto es, se debe valorar en este momento si los hechos denunciados tienen encaje penal o no”.

Al respecto, expone que el que fuera representante legal de la FVEMF y firmante de 9 de los 11 contratos que suscribió la Fundación, Jiménez Fortea, -profesor de derecho procesal y conocedor de las normas, remarca- realizó los estudios y consultas correspondientes con carácter previo a realizar ninguna actuación en nombre de la Fundación, “habiendo concluido sin duda que la misma tenía una naturaleza privada y quedaba a la libre voluntad de las partes su decisión a la hora de contratar”.

Igualmente, la jueza cree que “ninguna conducta concreta se describe en este sentido en el escrito solicitando la continuación del procedimiento respecto de los investigados” y advierte que no resulta suficiente el solo hecho de que los mismos tuvieran algún cargo o relación alguna con la FVEMF.

En concreto, sobre el expresidente Camps asevera que “fue presidente de honor de la Fundación, sin ninguna atribución concreta que conste y de lo actuado durante la instrucción no se ha revelado participación alguna en la actividad de la Fundación, más allá de su presencia en actos institucionales por su carácter, también, de presidente de la Generalitat Valenciana”.

En cuanto al delito de malversación de caudales públicos, el auto manifiesta que “ningún indicio se ha desprendido a lo largo de la investigación de que los funcionarios públicos que tenían a su disposición los fondos públicos hubieran sustraído estos, se los hubieran apropiado o hubieran consentido que otros los sustrajeran o apropiaran”.

Una persecución, denuncia Camps

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha denunciado este sábado la “persecución” a la que asegura ha sido sometido en los últimos doce años por parte de la Fiscalía Anticorrupción, y ha acusado al PSOE de “pagar” a abogados para ir contra su persona. “Ximo Puig está en todas las causas contra mí [como acusación popular]”, ha reiterado.

“Esto es de novela negra, negrísima”, ha manifestado Camps en una comparecencia ante los medios de comunicación en el despacho de su abogado en València. “Llevo doce años de manera ininterrumpida imputado por una causa y otra desde que en febrero de 2009 [Baltasar] Garzón decidió que yo tenía que pagar por unos supuestos regalos de cuatro trajes, que al final supusieron mi dimisión como presidente de la Generalitat”, ha dicho el exdirigente del PP.

El expresidente ha advertido además de que cuatro de esas causas “son consecuencia del pacto entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez con la Fiscalía Anticorrupción” y ha denunciado la “persecución” a la que ha sido sometido por la acusación pública.

Camps ha recordado que ha sido absuelto, se han rechazado las imputaciones solicitadas contra él o se han sobreseido las causas de los trajes, la relacionada con la presunta financiación irregular del PP, así como en el caso Nóos, en el proyecto del Palacio de Congresos de Castelló, el Circuito de la Fórmula y, la última ayer, relacionada con la visita del papa a València.

Solo quedan, según el expolítico del PP, dos causas en la que se ha visto imputado pendientes de desenlace judicial: Una sobre la adjudicación a dedo a la mercantil Orange Market del stand de la Generalitat Valenciana en la feria de turismo Fitur en 2009, y la de Valmor Sports, la sociedad que se encargó de la organización del gran premio de F1 en Valencia. También está pendiente la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar a Camps por mentir en el juicio por el desvío de fondos públicos en la organización de la visita de Benedicto XVI a Valencia en 2006, en torno a la cual se abrieron varias causas judiciales.