España tiende puentes con Israel tras un prolongado distanciamiento por Cataluña y las crisis políticas

España tardó cuatro décadas en establecer relaciones con el Estado de Israel, creado en 1948. Ahora se ha demorado casi seis años en poner fin a un prolongado distanciamiento diplomático tras la última guerra en Gaza, la ambivalencia del primer ministro Benjamín Netanyahu sobre Cataluña y las crisis políticas que han desestabilizado ambos países con un récord de elecciones consecutivas. Arancha González Laya se convierte este miércoles en la primera titular de Asuntos Exteriores en visitar el Estado judío después de José Manuel García-Margallo, quien efectuó un viaje oficial en los primeros días de 2015, aunque ella ya acompañó ceremonialmente al Rey en Jerusalén el pasado enero en un foro internacional sobre el Holocausto.

Ambos países –que intercambiaron embajadas en 1986, coincidiendo con el ingreso de España en la entonces Comunidad Europea–, parecen apostar ahora por cerrar recientes heridas en las relaciones bilaterales y tender puentes. A lo largo de este otoño, la visita oficial de González Laya ha tenido que aplazarse en sendas ocasiones: a causa del confinamiento por la pandemia y por compromisos oficiales sobrevenidos de la ministra. El jueves proseguirá viaje a Palestina, donde la jefa de la diplomacia española tiene previsto entregar un mensaje personal del presidente Pedro Sánchez al rais palestino, Mahmud Abbas.

El reencuentro con Israel, sin embargo, no estará completo. Al contrario que a García- Margallo, a la actual ministra no tiene previsto recibirla Netanyahu, quien ha alegado razones de agenda derivadas de la gestión de la covid-19. Hace apenas seis semanas, sin embargo, el jefe de la diplomacia italiana, Luigi di Maio, se entrevistó con el primer ministro después de que hubiera prometido ceder a Israel un parte de la cuota de vacunas de la UE que corresponden a Italia.

Ni Alfonso Dastis, canciller en el Gabinete de Mariano Rajoy, ni Josep Borrell, en el de Pedro Sánchez, encontraron tiempo ni ocasión en más de tres años de mandatos acumulados para visitar el Estado hebreo. El primero tuvo que lidiar además con las repercusiones del procès en el exterior, que en Israel se tradujeron en una prolongada y ambigua equidistancia por parte del Gobierno de Netanyahu. Los portavoces diplomáticos en Jerusalén definían la crisis en Cataluña en el otoño de 2017 como “un asunto interno que debía ser resuelto por la vía del diálogo”. Ya en un acto en la Universidad de Tel Aviv en 2013, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, había reivindicado el apoyo de Israel como “compañero de viaje elegido por Cataluña en un momento (histórico) único”.

Cinco semanas después del referéndum ilegal en Cataluña, la respuesta final llegó a través del presidente del Estado de Israel, Reuven Rivlin, quien en una cena oficial que Felipe VI le ofreció en Madrid proclamó: “España es un país para nosotros y su majestad el Rey es el símbolo de esa unidad”. Esta declaración es vista tanto por diplomáticos israelíes como españoles como el punto y aparte a un desencuentro que envenenó la relación bilateral.

En su visita relámpago a Tierra Santa, la ministra González Laya será recibida precisamente por el presidente Ruvlin. Antes mantendrá reuniones de trabajo con su homólogo hebreo, Gabi Ashkenazi, exgeneral centrista que ha reabierto la puerta a lo contactos directos con la UE, y con el responsable de la cartera de Cooperación Regional, Ofir Akunis, quien se ocupa de las relaciones con Palestina y países de Oriente Próximo. También tiene previsto asistir a la presentación de la Academia Nacional del Ladino, anunciada desde 2018 por la Real Academia Española con el objetivo de preservar la lengua de los sefardíes expulsados a finales del siglo XV de la península Ibérica, una institución que no acaba de arrancar en el Estado judío.

Fuentes diplomáticas en Tierra Santa destacan que en los últimos meses las relaciones bilaterales han reverdecido tras haberse marchitado a partir de 2015, cuando se produjo la visita oficial de los últimos ministros españoles. Por ejemplo, España ha girado hacia una “posición equilibrada” en la UE, entre los países que defienden a ultranza a Israel a pesar a la expansión de los asentamientos en territorio palestino ocupado y quienes plantean sanciones en el marco del Acuerdo de Asociación con la UE, que lleva 20 años en vigor. “Es importante poder decirse las cosas”, destacan las mismas fuentes consultadas la importancia de mantener abiertas vías de comunicación.

Pasos unilaterales como el que dio Suecia en 2014 al reconocer al Estado palestino al margen de Bruselas no han sido seguidos por otros socios de la Unión. El consenso político español a favor del reconocimiento de la independencia palestina, dentro de la solución de los dos Estados, fue también hace seis años casi unánime en una proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados.

La diplomacia israelí parece agradecer el “tono distinto” que dice observar ahora en la comunicación con España, en una velada alusión a gestos recientes. El pasado julio, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, condenó el antisemitismo ante la Federación de Comunidades Judías de España, que representa a unas 45.000 personas. Calvo también refrendó la definición operativa de antisemitismo adoptada por la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto en 2016, a pesar de que ha llegado a ser interpretada como un escudo protector frente a la crítica a la política de Israel. España la valora como una “herramienta útil de orientación en la educación”, pero no la considera “jurídicamente vinculante”, según un comunicado oficial.

Giro en Naciones Unidas

En un paso menos publicitado, España se abstuvo el pasado verano en una votación de condena a Israel en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Dos años antes, había sido el único país de la UE en votar en contra de Israel al impulsar una investigación internacional por la muerte de dos centenares de manifestantes palestinos en la frontera de la franja de Gaza por disparos de francotiradores del Ejército. En mayo de 2018, cuando la decisión se refrendó en el mismo foro de Naciones Unidas en Ginebra, el embajador español en Tel Aviv, Manuel Gómez Acebo, fue convocado ante el Ministerio de Exteriores israelí para recibir una protesta formal. La entonces directora general de Asuntos Europeos, Rodica Radian-Gordon, fue la encargada de amonestar al jefe de la legación española.

Radian-Gordon es en la actualidad la embajadora de su país en España. En una teleconferencia con periodistas en Jerusalén, la diplomática mostraba el martes la deriva hacia la realpolitik que Israel parece estar abordando en una nueva etapa de aparente entendimiento. “Tenemos contactos de colaboración con las comunidades autónomas, pero nuestra relación es con el Gobierno central de España”, precisó.

En julio del año pasado, el Gobierno de Israel vetó la entrada en el país de la activista española Ana Sánchez Mera, que coordinaba una visita a Palestina de 11 cargos políticos municipales y autonómicos agrupados en torno a Unidas Podemos. Al ser preguntada si la relación con el Ejecutivo central incluía a las dos fuerzas que integran la coalición gubernamental que preside Sánchez, la diplomática matizó: “Nosotros vemos un único Gobierno en España”. El apoyo del partido del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a la campaña propalestina de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) en decenas de votaciones en ayuntamientos, parlamentos autónomos y otras instituciones locales es visto en Israel como si fuera casus belli.