El golpista del 23-F Pardo Zancada firma como militar pese a estar expulsado del Ejército

El excomandante Ricardo Pardo Zancada, condenado a 12 años de cárcel por su participación en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, figura como firmante del manifiesto contra el Gobierno difundido con motivo de la conmemoración del 42º aniversario del referéndum constitucional. En ese texto, Pardo Zancada se presenta como “militar” retirado pese a que fue expulsado del Ejército y perdió la condición de militar por la sentencia del Tribunal Supremo que enjuició aquella intentona golpista.

No solo resulta irónico que un condenado por golpismo firme una declaración que denuncia los riesgos que corre la democracia española. También es llamativo que se identifique como militar —con el empleo de teniente— el nieto del dictador, Cristóbal Martínez-Bordiú Franco, que no llegó a los dos años de servicio en filas y colgó el uniforme en 1982.

En el caso de Pardo Zancada, según las fuentes consultadas, puede tratarse, además, de un delito. La condena por el 23-F, por rebelión militar, no solo incluía la pena de cárcel, sino también la separación del servicio; es decir, la expulsión del Ejército y la pérdida de la condición de militar. Sin embargo, en el manifiesto firmado por casi 500 militares ya jubilados, se presentan como “militares”, que lo siguen siendo “en la situación de retirados”, y apelan al juramento que prestaron en su día de “garantizar la independencia de España y defender su integridad territorial y el orden constitucional, entregando la vida si fuera preciso”.

Desde el punto de vista legal, es dudoso que se pueda considerar militares a personas retiradas que no están sujetas a la legislación disciplinaria y penal militar y que, como ellos mismos reivindican, han recuperado todas sus libertades ciudadanas, incluida la de expresión y manifestación.

Lo que es seguro es que el excomandante Pardo Zancada no puede firmar como militar porque no lo es: ni retirado ni de ninguna otra categoría. Los exmandos que enviaron sendas cartas al Rey pusieron, junto a su nombre y empleo militar, la letra “r”, que corresponde a la situación de reserva y no de retiro. El Ministerio de Defensa considera, por ello, que pudieron incurrir en un delito de usurpación de funciones públicas, castigado con hasta tres años de cárcel.

La decisión en este supuesto deberá tomarla la Fiscalía, pero en el caso del excomandante Pardo Zancada la cuestión es mucho más clara, pues no se trata de una ambigüedad sino de una falsedad. Con 85 años, su conducta puede ser humanamente disculpable. Lo que resulta más grave, según las fuentes consultadas, es la actitud de los promotores del manifiesto: el teniente general Pérez Alamán, el general de división Juan Chicharro y el general de brigada Adolfo Coloma.

Es difícilmente creíble que militares de larga trayectoria ignorasen que Pardo Zanzada fue expulsado del Ejército por su implicación en el 23-F por una sentencia firme del Tribunal Supremo. Reconocerle la condición de militar supone una vulneración de la legalidad que aseguran defender, recuerda el Foro Milicia y Democracia (UMD), heredero de la Unión Militar Democrática, cuyos miembros tuvieron que esperar una década tras la reinstauración de la democracia para recuperar la condición de militares que les arrebató el franquismo.