Pazo de Meirás

La juez obliga a los Franco a devolver el pazo de Meirás en seis días

La magistrada nombra al Estado depositario de todos los bienes de la propiedad

Un grupo de turistas realiza una de las visitas guiadas al Pazo de Meirás, en Sada (Coruña), en 2011.
Un grupo de turistas realiza una de las visitas guiadas al Pazo de Meirás, en Sada (Coruña), en 2011.Óscar Corral

El inventario de los tesoros que guardan las torres y los jardines de Meirás (Sada, A Coruña) está completo y la flota de 50 camiones con la que supuestamente la familia Franco planeaba hacer la mudanza quedará rotundamente mermada. La juez de Primera Instancia número 1 de A Coruña, Marta Canales Gantes, ha dictado este viernes un auto en el que designa al Estado depositario de “todos los bienes muebles y elementos accesorios” que conforman “el complejo del pazo de Meirás”, aunque acepta que “se pueda permitir la retirada de aquellos objetos de estricto uso personal o que, por sus características, nada aporten a la significación del pazo como Bien de Interés Cultural”. Serán estos una serie de objetos contados, “cuya retirada en nada comprometa los posibles usos definitivos que se decidan para el pazo”.

La magistrada acepta las alegaciones presentadas por el Estado, la Xunta, los Ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación Provincial, y mantiene la fecha de devolución del inmueble en el próximo 10 de diciembre a las 11. Los nietos del dictador, que en septiembre aceptaron entregar cautelarmente la mansión mientras no se resolviese en instancias superiores su recurso contra la sentencia que otorga la titularidad del palacete al Estado, habían reclamado una ampliación del plazo para llevarse sus cosas. Sobre los guardeses, un matrimonio a sueldo de los Franco que lleva varias décadas cuidando este Bien de Interés Cultural, la juez abre un poco más la mano. Canales atiende el ofrecimiento del Estado para que se les confiera un plazo mayor para abandonar la casa que habitan dentro de la propiedad y fija como fecha tope el próximo 15 de enero.

La magistrada niega a la familia Franco la posibilidad de posponer la entrega después de que el proceso de inventariado por parte del juzgado ocupase las tres últimas semanas de noviembre: “La literalidad del auto es clara. Yerra la parte demandada cuando dice que se le dieron 20 días para retirar todos sus bienes. Sus actos fueron los de cumplir voluntariamente el fallo [de entrega del pazo] y, en congruencia, el auto dispone el plazo de un cumplimiento voluntario”. Contra esta decisión, los herederos de Franco todavía pueden interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de A Coruña, aunque ya solo restan seis días naturales, con un puente de por medio, para que llegue la fecha marcada por Marta Canales.

La Abogacía del Estado logra así el depósito de “todos los bienes muebles y elementos accesorios que conforman a día de hoy el pazo de Meirás como unidad”, aunque los Franco podrán solicitar llevarse aquellos que se consideren de “estricto uso personal” o que “nada aporten” al Bien de Interés Cultural en su catalogación oficial de Sitio Histórico. En su auto, la magistrada indica además que “en el caso de que llegue a confirmarse la sentencia, las partes podrán acudir a la vía incidental” para resolver la cuestión del contenido del inmueble y acuerda unir a los autos, para tal fin, el documento original del inventario realizado por el juzgado y técnicos de la Xunta y de Patrimonio Nacional. La vicepresidenta Carmen Calvo ha anunciado después de confirmarse la fecha de entrega de las llaves que en la víspera, el día 9, viajará a A Coruña y se reunirá “con las autoridades de la Xunta y el Ayuntamiento de Sada”. El objetivo, ha dicho, es “discutir nuevos usos para el pazo”, informa Natalia Junquera.

Después de que el diario La Razón publicase una noticia en la que fuentes próximas a los herederos del dictador aseguraban que estos se preparaban para vaciar el inmueble con una flota de “entre 30 y 50 camiones”, el Estado solicitó a la juez una medida cautelar para retener en el lugar todos aquellos muebles, adornos y elementos accesorios sobre los que la sentencia sobre el pazo del 2 de septiembre nada decía. La magistrada dictó un auto en cuestión de horas y ordenó entrar en el pazo e inventariar todos esos objetos de valor hasta ahora ignorados por las Administraciones. Los abogados de los Franco se revolvieron contra esa decisión y presentaron recurso. Pero el 11 de noviembre la comitiva judicial entró en Meirás y fotografió y grabó los jardines y todas las estancias: las cinco que ya se conocían por las visitas públicas a las que está sujeto este inmueble desde que es BIC y todas las demás hasta ahora infranqueables. La juez decidió entonces que, dada la magnitud de lo que allí se guardaba, los técnicos dispondrían de un plazo de 20 días para elaborar el inventario.

En la vista sobre el contenido del pazo celebrada el miércoles de esta semana, los abogados de las partes personadas reconocieron que nadie sabía lo que allí había y que el contenido causó sorpresa por su importancia. Ahora, a consecuencia de este último auto, todos estos bienes quedan en manos del Estado y será a partir de este momento cuando habrá que aclarar qué es un “estricto uso personal” y qué objetos, si faltan, no vulnerarán el sentido de Sitio Histórico. En principio, tal como apunta un abogado de las Administraciones personadas, en Meirás deberían permanecer todos los objetos de su primera propietaria, Emilia Pardo Bazán, y todos los que embellecieron después la residencia estival del jefe del Estado en vida de Francisco Franco. A pesar del grave incendio que sufrió en 1978 por causas que nunca quedaron claras, en el lugar se conservan lujosos regalos oficiales al dictador, antigüedades tales como ánforas romanas, esculturas y tallas religiosas, blasones y elementos arquitectónicos de otros pazos, pilas bautismales románicas, porcelanas, relojes, retablos, libros, lámparas, cuadros, tapices o armas antiguas.

Durante ese margen de tiempo en el que los guardeses seguirán habitando una de las casas del conjunto, “no podrán prestar ningún tipo de servicio en el pazo en favor de la Administración General del Estado”, remarca la juez. “Cesan en el ejercicio de cualquier prestación laboral o profesional que viniesen desempeñando para los demandados en relación con el mencionado inmueble”, detalla el auto de este viernes, y deben “dirimir las controversias que puedan surgir en su relación laboral de empleado del hogar con su actual empleador”, Jaime Martinez-Bordiú.

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