Poder Judicial

Bruselas vuelve a advertir al Gobierno de que “debe consultar a todas las partes relevantes” para reformar el Poder Judicial

La Comisión Europea afirma que espera recibir más información sobre el proyecto de ley del PSOE y Podemos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandona el hemiciclo este jueves en el Congreso junto a la vicepresidenta Carmen Calvo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abandona el hemiciclo este jueves en el Congreso junto a la vicepresidenta Carmen Calvo.Mariscal / EFE

Bruselas ha vuelto a llamar la atención a España por la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La Comisión Europea, que ya había advertido al Gobierno de Pedro Sánchez por sus planes de modificar las mayorías necesarias para renovar el órgano de gobierno de los jueves, le ha avisado de nuevo por su nueva proposición de ley para limitar la capacidad de acción y de nombramientos del CGPJ cuando se halle en funciones. El Ejecutivo de Ursula von der Leyen, que demanda más información sobre la iniciativa, ha vuelto a recordar a España que antes de modificar la ley debe llevar a cabo las “consultas necesarias” con “todos los actores relevantes” incluida la oposición y la Comisión de Venecia.

La Comisión Europea no levanta la lupa del Consejo General del Poder Judicial. Bruselas ve con preocupación que esté sujeto a vaivenes políticos, empezando por el hecho de que su renovación lleva bloqueada desde diciembre de 2018. El Ejecutivo comunitario urgió el pasado mes de septiembre a retomar ese proceso, metiendo presión al Partido Popular. La Comisión ve con buenos ojos cualquier iniciativa para desatascar la situación, pero desaprueba las vías que está eligiendo el Gobierno del PSOE y Podemos para hacerlo. La nueva iniciativa presentada esta semana por ambos partidos de llevar al Congreso una proposición de ley conjunta que sirva para presionar al PP tampoco ha gustado en Bruselas.

Al ser preguntado sobre ese proyecto en concreto, un portavoz comunitario ha asegurado que la Comisión sigue con detenimiento ese procedimiento y espera obtener más información, pero que ve con reticencias que se lleve al Congreso otra iniciativa sobre ese órgano sin haber consultado antes con los principales actores políticos, judiciales y con la Comisión de Venecia, encargada de velar por el respeto al Estado de derecho en la UE. “Es importante que cuando un Estado miembro reforma su sistema judicial se lleven a cabo las consultas necesarias con todos los actores relevantes, incluida la Comisión de Venecia”, subrayó el portavoz de Justicia, Christian Wigand. “Seguiremos de cerca la situación y esperamos más información del Gobierno de España”, añadió.

La Comisión Europea ya advirtió a España por la reforma que proponía rebajar la mayoría parlamentaria para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Bruselas no quería dejar pasar esa iniciativa ante el revuelo provocado en la oposición y entre la judicatura. El Gobierno de Sánchez, no obstante, decidió paralizar esa reforma y tendió la mano al PP, pero el Ejecutivo comunitario no dejó de seguirlo con atención. Según fuentes comunitarias, la renovación del CGPJ fue uno de los principales asuntos que abordó el comisario de Justicia, Didier Reynders, con el ministro español Juan Carlos Campo en una reunión telefónica que mantuvieron la semana pasada, después de que Bruselas hubiera expresado sus preocupaciones. De acuerdo con estas fuentes, Campo se comprometió con Reynders a que las reformas judiciales estarían en línea con los estándares de la Comisión de Venencia, que es el órgano que, por ejemplo, se ha pronunciado sobre la controvertida reforma de Polonia que socavaba la independencia judicial.

La iniciativa de PSOE y Podemos llega, además, en plena batalla en la capital comunitaria por el pulso que mantienen Hungría y Polonia con el resto de socios. Ambos países amenazan con mantener bloqueado el presupuesto de la UE y el fondo de recuperación si no se retiran las disposiciones por las que se podrán congelar fondos comunitarios a los países que vulneren el Estado de derecho. Bruselas cree que no puede dejar pasar esa reforma a España, puesto que eso debilitaría su posición ante Varsovia y Budapest, que exhiben una actitud cada vez más desafiante.

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