Casas gratis a cambio de cultivar marihuana

“¿Cómo va la cosa?”. “Bien, muy bien, ahí abajo hay mucho”. Es el 12 de noviembre y dos agentes intercambian información mientras toman un café a las diez de la mañana en la urbanización Añoreta, en Rincón de la Victoria (Málaga, 47.179 habitantes). Han llegado cuatro horas antes, para participar en la Operación Bañador-Gentleman, un enorme operativo formado por 300 policías y guardias civiles para desmantelar a un clan familiar que cultivaba marihuana a gran escala en viviendas ocupadas y que tenía atemorizados a los vecinos de la zona desde hace dos años. El grupo, liderado por dos hermanos, tenía un curioso negocio inmobiliario: cedía los inmuebles de lujo a familiares y amigos a cambio de que les dejaran plantar cannabis en algunas de las habitaciones.

Dos helicópteros patrullan desde el aire y agentes antidisturbios llegados en una decena de furgonetas vigilan, armados, cualquier movimiento sospechoso en tierra. Algunos detenidos acompañan casa por casa a agentes de paisano cubiertos por pasamontañas, hasta completar 26 registros donde había más de 2.000 plantas de marihuana. La operación culmina con 23 personas detenidas, siete de las cuales ya están en prisión por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, usurpación de vivienda, delito contra la salud pública, blanqueo de capitales, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

Añoreta es una de las primeras urbanizaciones que se construyó, hace tres décadas, a las afueras de Rincón de la Victoria, municipio vecino a Málaga capital por el este. Es un área residencial que rodea un campo de golf y tiene colegio privado. Tras la crisis del ladrillo bastantes viviendas quedaron en manos de bancos o empresas. El grupo desmantelado ocupó algunos de esos chalets de primeras calidades, piscina privada y fibra óptica mientras amenazaban a quienes se quejasen de su presencia o su actividad de cultivo de marihuana, producción que desarrollaban en otros pisos de la zona junto a familiares y amigos y que luego se distribuía en camiones hacia el norte de Europa. “Con tres o cuatro cosechas al año, en varias casa a la vez... hacían mucho dinero”, cuentan fuentes policiales.

La operación conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional desmanteló once cultivos de cannabis. Cinco viviendas tenían plantas y el resto, estaban preparadas para ampliar la cosecha. El núcleo familiar ocupó las primeras casas en 2018 donde contaban “con todo tipo de comodidades”, según fuentes policiales. Durante el confinamiento y el verano en el bloque de viviendas, de hecho, pasaron de ocupar algún piso a prácticamente quedarse el bloque al completo. Según la información policial, los hermanos cedían de manera prácticamente gratuita ―solo les obligaban a pagar 50 euros mensuales por el recibo de comunidad― los inmuebles a familiares y amigos a cambio de que los nuevos inquilinos permitieran la existencia de plantaciones de marihuana en algunas habitaciones. Los hermanos “decidían quién podía vivir en qué apartamento”, cuenta un agente, que explica que estos familiares habían prometido al presidente de la comunidad de propietarios el arreglo de los ascensores y desperfectos de las zonas comunes.

El principal investigado era un joven con antecedentes policiales que solucionaba cualquier problema con vecinos o proveedores con “una violencia física y verbal desmesurada”, según la policía. Su hermano y lugarteniente coordinaba las plantaciones: desde la elección de las semillas y esquejes hasta la recolección, distribución y venta. Un escalón más abajo estaba otro familiar, que repartía las viviendas. El padre de los dos hermanos, negociaba con los proveedores, mantenía las instalaciones, facilitaba los suministros ilegales de agua y electricidad y vigilaba la casa ocupada ―un ático con vistas al Mediterráneo― que ejercía de cuartel general. Una mujer llevaba la contabilidad y custodiaba la recaudación. Los demás eran amigos y familiares, además de jóvenes de Rincón de la Victoria, que cuidaban las plantas o ejercían de mensajeros entregando el estupefaciente. Tras su detención, muchas de estas personas han vuelto a ocupar los mismos pisos donde residían.

Además de los dos millares de plantas, durante la operación los agentes también se incautaron de 461 gramos de hachís, 317 gramos de cogollos y picadura de marihuana, y se han intervenido, entre otros efectos, un arma de fuego, 42.000 euros en metálico, un machete, seis vehículos de alta gama, un chaleco antibalas, equipos transmisores, un inhibidor, documentación y todos los elementos necesarios para el cultivo de marihuana. Los investigadores destacan que el número de plantaciones ilegales “crece exponencialmente” en la provincia de Málaga y, prácticamente, en toda España. El último informe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado recoge en sus datos de 2019 una cifra récord de incautaciones de marihuana en el país: 1.538.995 plantas, casi un 60% más que en 2018.