Un secadero de marihuana en comisaría

En una zona acotada por una valla con doble llave, hay una veintena de cubículos blancos con un olor muy característico: a marihuana. En este espacio al aire libre se realiza el proceso de secado de la planta, que en verano dura una semana. Es ahí mismo donde se despalillan. Es decir, se separan los troncos inservibles de las hojas y cogollos —que se fuman—. El secadero podría pertenecer a cualquiera de los cientos de cultivos ilegales de esta droga que hay en Málaga, pero en realidad se ubica en la terraza de la comisaría de la Policía Nacional malagueña. Bajo el helipuerto, los agentes se convierten en horticultores. El último paso es el que les separa de los delincuentes. La droga se destina a los laboratorios de la Policía Científica en el mismo edificio, donde se analiza su composición y pureza para obtener información clave para meter a quienes las cultivaron entre rejas.

“Prácticamente tenemos que ejercer de agricultores”, dice el jefe de la sección de estupefacientes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Costa del Sol. Dirige uno de los 14 grupos que esta sección tiene en Málaga. No dan abasto entre alijos en las playas, vigilancia del tráfico de cocaína en contenedores —su referencia es el puerto de Algeciras— o cultivos de marihuana, que crecen a un ritmo frenético. Solo en tierras malagueñas se incautaron en 2018 —último dato disponible— 2,4 toneladas de marihuana, el 10% de todo el país; y algo más de 40.000 plantas. Es una de las provincias, junto a Granada, que elevan a Andalucía a liderar la producción de esta sustancia en España, con 9,5 toneladas y casi 400.000 plantas aprehendidas en 2018. El total nacional llegó a 29,5 toneladas y 800.000 plantas, según los datos del Ministerio del Interior, donde avanzan las cifras de 2019: 32 toneladas (8% más) y 1,3 millones de plantas de marihuana incautadas (62,5% más).

En cada operación, los focos se los llevan las plantas y los detenidos, pero ¿cuál es el proceso posterior? Para empezar, los agentes guardan una decena de ejemplares —como mínimo— para su análisis y, luego, extrapolar sus cifras a la cantidad de matas incautadas. El resto, tras las fotografías de rigor, se elimina o se usa para generar abono. No siempre es fácil y hay que tirar del apoyo presupuestario del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Un ejemplo son las 18.000 plantas intervenidas en Cajiz (en Vélez-Málaga) hace unas semanas, que generaron nueve toneladas de masa verde. Fueron trasladadas en cuatro camiones hasta el complejo medioambiental Valsequillo, en Antequera. Allí se quemaron todas, salvo unas 200, que pasaron por el secadero de comisaría a modo de muestra. El análisis de la Policía Científica sirvió para descubrir que tenía aroma a limón y, sobre todo, confirmar que era marihuana y no cannabis de uso medicinal. “El primer paso es un análisis cualitativo, para confirmar que es un estupefaciente”, explica Roberto Medina, jefe del laboratorio de la Policía Científica en la comisaría malagueña, donde trabaja rodeado de máquinas, ordenadores, pipetas y sustancias químicas.

Después llega el análisis cuantitativo. Para ello, se usa una muestra de hojas y cogollos, convertidas en un polvo verde con fuerte olor a cannabis. Con delicadeza, Medina utiliza pequeños tarros de cristal y líquidos en una fase que ayuda a conocer su pureza y niveles de sustancias como el THC, el principio activo más importante en la planta. Hoy lo habitual es que su mínimo esté en el 20%, el doble que hace unos años. “Para el mercado ilegal y sus consumidores, cuanto más THC, mejor”, añade Luis Hombreiro, jefe de la Brigada de Policía Científica en Málaga. La muestra se guarda para posibles contraanálisis durante el proceso judicial.

Estos informes son claves para el fiscal, que se apoya en ellos para calcular qué pena pide a los responsables de las plantaciones. Los juicios no son sencillos y suelen salir baratos a los delincuentes, como advertía la última memoria de la Fiscalía General, que subrayaba que la ley estaba “obsoleta”. La posesión de hasta nueve kilos tiene una pena habitual que ronda el año de prisión, por lo que, sin antecedentes, no hay ingreso. A partir de 10 kilos, sube hasta entre cuatro y ocho años.

El 90% de la producción se exporta

El clima, las conexiones por carretera, la privacidad de las urbanizaciones y la preferencia de los narcos por vivir en la Costa del Sol hacen de Málaga un lugar preponderante en el cultivo de marihuana. Las plantaciones se realizan en casas ocupadas o chalets de alquiler. Ha aumentado el uso de naves acondicionadas e invernaderos, que se esconden “en fincas montañosas y tras un laberinto de caminos vigilados por cámaras”, subraya la Policía. Ingleses, holandeses y marroquís, pero sobre todo españoles, son los encargados del cultivo. Los rusos se centran en el transporte. El 90% de la producción nacional se exporta a Europa: a Francia, Alemania, Polonia, Serbia o los países nórdicos. El precio se incrementa con la distancia: de los 1.500 euros del kilo en Andalucía hasta los 9.000 en Suecia. Al vacío, en tandas de entre 50 y 200 kilos y escondida entre fruta, muebles o dobles fondos, interceptarla es muy difícil salvo que se conozca de antemano el envío. El camionero cobra entre 20.000 y 40.000 euros por el porte, una muestra de la enorme cantidad de dinero que mueve una de las drogas líderes en Europa cuyo mayor cultivo es Andalucía.