Asesinatos

El Gobierno recomienda a los familiares de Diego Bello buscar abogados en Filipinas

El joven coruñés fue asesinado el pasado enero por la policía de Siargao, quien le acusó de traficar con drogas

Diego Bello practicando surf en Filipinas, en una foto facilitada por la familia.
Diego Bello practicando surf en Filipinas, en una foto facilitada por la familia.

No hay fin al caso de Diego Bello el joven español asesinado el 8 de enero por la policía de Siargao (Filipinas), delante de la puerta de su casa, donde vivía con su novia, Jinnah. A través de una respuesta parlamentaria a la diputada de Ciudadanos Marta Martín Llaguno, el Gobierno reitera a la familia del joven “la necesidad de que esta contrate un abogado en Filipinas para que lleve el caso”. En su respuesta, del pasado 20 de noviembre, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, asegura haber mantenido intensos contactos con la Fundación Abogacía Española y haber recomendado a la familia Bello varios abogados filipinos y ONG especializadas en materia de Derechos Humanos para asesorar e impulsar un proceso penal.

La diputada preguntó al Gobierno sobre las gestiones que ha realizado con el Ejecutivo filipino para esclarecer las causas reales del asesinato de Bello y qué acciones lleva a cabo para que la lucha contra las drogas en el país asiático no ponga en peligro los derechos humanos. En su respuesta, el Ejecutivo afirma que tanto el Consulado como la Embajada en Manila han mantenido contactos estrechos con la Comisión de Derechos Humanos (CHR) de Filipinas y que la Embajada española ha solicitado de manera reiterada nuevas revisiones a la investigación del caso, según relata la misiva. “España es socio de cooperación de Filipinas, y de manera muy especial en el proceso de reforma de la justicia y de mejora del acceso a esta en ese país”, se lee en la respuesta.

Marta Martín, portavoz de Asuntos Exteriores de Ciudadanos en el Congreso, considera que la respuesta del Gobierno ha sido tardía. La diputada ha afirmado a EL PAÍS, que el Ejecutivo tiene que combinar las acciones diplomáticas pero, al mismo tiempo, posicionarse a favor de la investigación para el esclarecer los hechos. En este sentido, la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha aprobado este lunes por unanimidad instar al Gobierno de Filipinas a promover una investigación imparcial. Una medida, esta, que Martín considera “fundamental” para determinar la identidad de los responsables del crimen.

El caso de Diego Bello es una herida abierta. El coruñés, de 32 años, se mudó de su ciudad, A Coruña, a la isla de Siargao, en Filipinas, a finales de 2017, tras viajar por todo el mundo. En la provincia General Luna abrió el White House Hostel, un alojamiento para surfistas. En este lugar tan lejano de su casa, Bello logró el sueño de su vida: abrir una tienda de surf, su gran pasión, y un restaurante con discoteca y local de tatuajes con dos socios españoles. También tenía previsto inaugurar un spa. Sin embargo, la madrugada del 8 de enero, unos disparos acabaron con su vida, mientras volvía a casa después de una noche de trabajo.

El informe policial recogido por la CHR, explica que la actuación que llevó al asesinato del español formaba parte de una operación antidrogas enmarcada en una guerra contra el narcotráfico anunciada por el presidente Rodrigo Duterte nada más llegar al poder en junio de 2016. Una lucha que ya puso en alerta a la comunidad internacional por permitir ejecuciones sumarias por parte de las fuerzas de seguridad, y que preocupa a nivel nacional. Según una encuesta recogida en 2019 por Europa Press, el 78% de los filipinos teme morir en la lucha contra la droga.

Durante las investigaciones sobre el crimen, los altos cargos de Siargao y de la región General Luna consideraban a Bello como “el traficante número uno” de la región. No obstante, tanto sus socios como su entorno familiar descartaron la idea de que el joven estuviera implicado en la venta de cocaína, tal y como confirmó el informe toxicológico realizado al cuerpo del español a su llegada a Madrid. Además, Bello no figuraba en el Archivo Antidroga del Distrito ni era sospechoso. Los agentes filipinos también afirmaron que actuaron en defensa propia. Sin embargo, la misma CHR pone en duda la versión del cuerpo policial.

Ante lo que parece ser un caso por abuso policial, más de once meses después la muerte de Diego Bello queda sin responsables, mientras su familia sigue pidiendo justicia. “No vamos a parar. No tenemos nada mejor que hacer en la vida que hacer justicia con Diego”, dijo Bruno Bello, poco después de la muerte de su hermano.






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