Marlaska encalla en Canarias

El 15 de junio de 2018, en su primer acto como ministro del Interior, ante los 1.298 nuevos policías que juraban su cargo en la Escuela de Ávila, Fernando Grande-Marlaska explicaba y definía el que pretendía que fuese el carácter de su flamante cartera: “Yo hablo de seguridad con humanidad: control de fronteras con medios no cruentos, una gestión siempre acorde con el tratamiento humanitario en materia de refugio y asilo para aquellos que llegan a nuestro país huyendo de situaciones devastadoras, o con la ilusión de tener una oportunidad y un espacio mejor para sí y los suyos”. Acto seguido anunciaba la retirada de las concertinas en la frontera Sur de Ceuta y Melilla. Y solo unos días después se recibía —con banda de música— en Valencia a los 629 migrantes rescatados por el Aquarius.

Ahora, apenas dos años y medio más tarde, la crisis migratoria en Canarias —que ha recibido 18.000 inmigrantes en lo que va de año— ha hecho saltar las costuras de ese concepto de “seguridad humana” zurcido por el ministro para vertebrar su gestión.

En las islas, colapsadas ante la decisión del Gobierno de no trasladar migrantes a otros puntos de la península, las ONG, los jueces, los políticos locales y las fuerzas de seguridad vienen denunciando desde antes del verano situaciones de falta de respeto a los derechos humanos porque se ha separado a niños de sus madres durante semanas por los retrasos en las pruebas de filiación del ADN; no se ha ofrecido asistencia letrada a muchos inmigrantes, sustrayéndoles de la posibilidad de pedir asilo o refugio; se les ha hacinado por miles en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria) —con capacidad para 400— durante semanas; y hasta se les ha trasladado por cientos sin tener un lugar de acogida previsto.

Contra las cuerdas

Este último episodio, ocurrido el pasado martes y que “está siendo investigado” por Interior, que lo achaca a un “error policial”, ha llevado a los partidos de la oposición a pedir de nuevo la dimisión del ministro esta semana. Marlaska vuelve a estar contra las cuerdas, tras la crisis vivida el pasado mes de mayo con el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos.

Fue también entonces, coincidiendo con los nuevos nombramientos del Instituto Armado, y enmarcado en lo que el ministro denominó “redistribución de equipos”, cuando Marlaska apartó de la gestión migratoria al aún responsable de la Guardia Civil en Canarias, el general Juan Miguel Arribas Revuelto. Y lo explicó como un “traslado de competencias”, ya que pasaba a asumirlas el responsable de la Jefatura de Fronteras, el general Juan Luis Pérez Martín, hasta entonces autoridad de coordinación de las actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar y mar de Alborán.

Este sábado, pese a haberse reubicado en campamentos militares a buena parte de los hasta 2.300 inmigrantes que se acumulaban en ese muelle del municipio canario de Mogán, seguían siendo más de 700 las personas allí atascadas, la mayoría hombres jóvenes de origen magrebí, 17 de ellos con coronavirus. Además, algunos complejos hoteleros de las islas (asolados por la crisis del turismo provocada por la pandemia) dan alojamiento temporal y acogen a unos 7.000 migrantes, según fuentes del gobierno canario. El mismo número de nuevas plazas que se ha comprometido a habilitar el Gobierno en las próximas semanas.

De poco le sirvió a Marlaska acudir a las islas y hacerse la foto hace una semana con la comisaría de Interior europea, Ylva Johansson. Entonces prometió cerrar el campamento del muelle del Arguineguín. Este viernes voló hacia Marruecos para pedir su colaboración y frenar la salida de inmigrantes desde sus costas, aunque no aclaró si el país alauí reactivará las repatriaciones.

“Canarias no puede convertirse en un Lesbos o en una Lampedusa”, clamaba en el Congreso entre sollozos la diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, con quien el Gobierno de Pedro Sánchez no logró en su día un acuerdo para su investidura. “Canarias es un polvorín, un volcán”, describía. Y junto a ella, PP y Ciudadanos, se sumaron a pedir la dimisión de Grande-Marlaska por la que cada vez se parece más a la crisis migratoria de 2006.

“No voy a dimitir”, espetó el ministro en su tribuna. Es la segunda gran crisis que afronta, pero ahora el asunto cuestiona la filosofía íntima de su proyecto para el ministerio, que siempre ha apelado a la “humanidad” y al “control de fronteras no cruento”.

Las concertinas, esas alambradas de cuchillas que desde enero han sido retiradas progresivamente de suelo español, vuelven a elevarse sin embargo en otra nueva valla, a pocos metros, en terreno marroquí. La verja española, por su parte, un 30% más alta que la anterior, está siendo coronada con una ristra de peines invertidos, “menos cruentos” que las concertinas, pero que terminan de blindar ese perímetro para impedir los saltos masivos de inmigrantes.

Por último, y frente al giro inicial que quiso dar el Gobierno de Pedro Sánchez en política migratoria, el Tribunal Constitucional acaba de avalar, siguiendo la estela de la última sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las devoluciones en caliente (o rechazos en frontera) para Ceuta y Melilla, una actuación inicialmente criticada por los socialistas pero respaldada después. “La violencia es un límite al ejercicio de los derechos fundamentales”, matizaba Marlaska el pasado febrero en la comisión de Interior del Congreso en referencia a la forma de proceder de los inmigrantes que intentan saltar la valla a las bravas.

Así, el ministro que presumía de haber dedicado el 70% de los esfuerzos de su departamento a la política migratoria, que hablaba de “una respuesta ética al fenómeno”, y aseguraba haber reducido las entradas de inmigrantes por la frontera Sur más del 50%, ha encallado en Canarias.