Sale de prisión uno de los autores de la matanza de Atocha: “Yo ya pedí perdón hace mucho tiempo”

A las 9.40 de este jueves, con paso firme y acompañado de su abogado y algunos amigos, Carlos García Juliá ha dejado atrás la prisión de Soto del Real (Madrid). El pistolero ultraderechista que puso en jaque la Transición, autor, junto a otros dos compañeros, de la matanza de Atocha de 1977 contra un grupo de abogados laboralistas, ya camina libre por España. Lo hace tras lograr que la Audiencia Provincial de Ciudad Real adelantara su excarcelación al aplicarle beneficios penitenciarios que obtuvo antes de darse a la fuga en los años 90 —aprovechando la concesión de la condicional— y permanecer huido de la justicia española durante más de dos décadas. “Yo ya pedí perdón hace mucho tiempo”, ha dicho el asesino al abandonar el centro penitenciario.

—¿Ha cumplido con la justicia? —le han preguntado los periodistas apostados a la salida de prisión.

—La justicia ha cumplido conmigo.

—¿Se arrepiente?

—Pero, ¡qué preguntas son esas! Claro, de todo.

—¿Pide perdón a las víctimas?

—Serán ellas las que me tienen que perdonar a mí [...] Yo ya pedí perdón hace mucho tiempo —asegura, aunque el último superviviente del crimen, Alejandro Ruiz-Huerta, afirma que nunca se ha dirigido a ellos para hacerlo.

Las víctimas han peleado hasta el último minuto para tratar de impedir este momento. Pero no lo han conseguido. Han acudido a la justicia ordinaria, que ha rechazado sus alegaciones. Y, como último recurso, al Tribunal Constitucional. Su batalla comenzó el pasado 8 de mayo, cuando averiguaron por la prensa que la Audiencia de Ciudad Real había acordado adelantar al 19 de noviembre la salida del asesino. Apenas tres meses antes, Brasil lo había extraditado a España tras capturarlo a finales de 2018 después de permanecer huido de la justicia desde la década de los noventa. Según un cómputo del 21 de febrero de 2020, la Audiencia Nacional calculaba en ese momento que aún debía permanecer 3.854 días entre rejas (más de 10 años). En la práctica, había estado encerrado desde su arresto en 1977 hasta que se le concedió la condicional en 1991.

“A nuestro entender, todo estaba correcto en aplicación estricta de la ley”, subraya Cristina Almeida, abogada de las víctimas. La Audiencia Nacional había sido el órgano que lo juzgó y condenó a 193 años de cárcel en 1980. También había ordenado su búsqueda y captura internacional, y había gestionado su final entrega a las autoridades españolas. “Pero, de repente, nos enteramos de que se habían llevado [el tema] a Ciudad Real y se le había hecho una liquidación de condena por la que le quedaban por cumplir 287 días”, añade la letrada.

Entrevista a Cristina Almeida

La defensa de García Juliá aprovechó que en su historial constaba una sentencia posterior dictada por la Audiencia Provincial y, por tanto, este órgano podía asumir el asunto. En 1979, durante su permanencia en prisión preventiva a la espera del juicio por la matanza de Atocha, secuestró al director de la cárcel de Ciudad Real, a su familia y a un funcionario para tratar de fugarse. Un fracasado intento de huida que le supuso otra condena de cárcel. “Creía que en las resoluciones de la Audiencia Nacional pesaría más la política”, justificó el abogado del asesino, Ignacio Menéndez, su decisión de llevarse el caso a Ciudad Real.

“La liquidación [de condena] se hace de una manera, como mínimo, irregular y escandalosa”, opina Alejandro Ruiz-Huerta, profesor jubilado de Derecho Constitucional en la Universidad de Córdoba y el último superviviente de la matanza. “Lo de Ciudad Real sentó tan raro… Uno se queda asombrado de que pueda actuar así la justicia. Y la negativa del fiscal de recurrir. Y la Audiencia Nacional, que había pedido la extradición, también pasa del tema”, añadió en declaraciones a EL PAÍS. En opinión de las víctimas, el adelanto de la excarcelación incumple la ley, al habérsele aplicado beneficios penitenciarios pese a que se intentó fugar de prisión.

Menéndez defiende, en cambio, la decisión de la Audiencia Provincial: “Él ha cumplido íntegramente, no con la justicia, sino con la sociedad española hasta el último día. Es una persona absolutamente libre”. El letrado de García Juliá insiste en que “se ha cumplido el principio de legalidad” al aplicarle esos beneficios penitenciarios que había “consolidado” antes de su huida en los noventa y que, según recalca, permitía el Código Penal vigente entonces. En esa misma línea se pronunciaron, de hecho, las jueces de Ciudad Real, que reconocieron la “contradicción y perplejidad” que causa que el asesino pueda “mantener los beneficios penitenciarios obtenidos con anterioridad a su evasión”, pero que así lo marcaba la normativa vigente en ese momento.

El crimen

García Juliá, un habitual de los actos de Fuerza Nueva, irrumpió en la noche del 24 de enero de 1977 en un despacho laboralista de Atocha, vinculado a Comisiones Obreras (CC OO). Junto a dos compañeros, José Fernández Cerrá y Fernando Lerdo de Tejada, mató a tiros a Enrique Valdelvira, Luis Javier Benavides, Francisco Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez Leal. Otras cuatro personas sufrieron gravísimas heridas: Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos, Miguel Sarabia y María Dolores González.