La Verja de Gibraltar, abocada a convertirse en una ‘frontera dura’ a partir del 1 de enero

La Verja entre España y Gibraltar está abocada a convertirse en una frontera dura a partir del 1 de enero, según reconocen fuentes diplomáticas, si no se alcanza un pacto de última hora a tres bandas entre España, Reino Unido y la Comisión Europea. Será el límite exterior de la UE, pero también de los 26 países (22 comunitarios, más Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein) de Schengen, el espacio europeo sin fronteras. Aunque los 15.000 ciudadanos comunitarios que trabajan en la colonia (casi 10.000 españoles) tendrán un sistema para agilizar su paso, se endurecerán los controles sobre los demás transeúntes y las mercancías, lo que puede provocar largas colas en la aduana y dañar gravemente la economía a ambos lados de La Verja.

Técnicos de España y Reino Unido (con representantes gibraltareños en la delegación británica) llevan negociando desde junio pasado para evitar que el fin del periodo de transición del Brexit, el próximo 1 de enero, suponga un retorno a los tiempos en que La Verja era un muro infranqueable entre el Peñón y su comarca circundante, de 1969 a 1982. Superados los recelos que dominaron la relación bajo los gobiernos del PP —la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, accedió a reunirse con el ministro principal de la Roca, Fabián Picardo, en Algeciras, el pasado 23 de julio— ambas partes se han empeñado en que el divorcio definitivo entre el Reino Unido y la UE provoque los menores daños colaterales en el sur de la Península.

Sin embargo, las dificultades para llegar a un acuerdo global entre Londres y Bruselas sobre su futura asociación están retrasando el pacto que, a un nivel mucho más modesto, debe regular las relaciones de Gibraltar con la UE, a través de España. Madrid logró tener derecho de veto sobre el contenido de este último y ha llevado el peso de su negociación, pero es a la Comisión Europea a la que corresponde suscribirlo y esta no va a ocuparse de un tema secundario mientras no resuelva el principal: la firma de un acuerdo comercial entre Reino Unido y sus antiguos socios.

Incluso si Londres y Bruselas lograran cerrar a tiempo el tratado sobre su futura relación —resolviendo asuntos tan espinosos como el acceso de la flota comunitaria a los caladeros británicos de pesca o las ayudas públicas—, sería un acuerdo de mínimos y quedaría muy poco tiempo para rematar el pacto sobre Gibraltar, admiten fuentes diplomáticas. Habría que analizar minuciosamente en qué medida, y en qué terminos, el acuerdo entre la UE y el Reino Unido es aplicable al Peñón y qué especificidades se pueden dar. Por eso, las dos partes se preparan ya para lo peor.

De los cuatro memorandos sobre Gibraltar que España y el Reino Unido suscribieron en noviembre de 2018 (medioambiente; tabaco; cooperación policial y aduanera; y derechos de los ciudadanos), solo el último seguirá en vigor el 1 de enero. Los restantes decaerán a final de año y ambas partes se plantean prorrogarlos provisionalmente, aunque el del tabaco ya ha cumplido su mayor efecto: un aumento del precio de la cajetilla para que la diferencia entre un estanco del Peñón y otro de La Línea no supere el 32% ; y restar así estímulos al contrabando.

El acuerdo sobre derechos ciudadanos reconoce a los trabajadores transfronterizos (el 65% españoles) los mismos derechos que a los empleados locales, incluidos los beneficios sociales, sin que pueda existir discriminación entre ellos, como ya se estableció en el tratado de retirada del Reino Unido, en vigor desde enero pasado.

Para que puedan cruzar diariamente La Verja sin problemas, se ha pactado un procedimiento según el cual las autoridades gibraltareñas llevarán un registro de los trabajadores transfronterizos. A partir del 1 de diciembre, los afectados podrán consultar en una web si están en la lista y, desde el 1 de enero, podrán solicitar una carta que acredite su situación laboral. Para identificarse, tendrán que aportar su DNI o pasaporte españoles o de otro país de la UE.

Este procedimiento debe agilizar el paso de los trabajadores transfronterizos, pero no el de los demás residentes en la zona, los turistas o los que cruzan La Verja para recibir atención médica o de compras, que deberán cumplir los requisitos de documentación exigidos para acceder al espacio Schengen. Hasta ahora, les bastaba con una tarjeta de identidad; en adelante, necesitarán un pasaporte en regla y podrán ser interrogados sobre el objetivo de su viaje.

También los productos que entren en España desde Gibraltar tendrán que ser inspeccionados para garantizar que cumplen todas las normas europeas, desde las fiscales a las fitosanitarias. Salvo que el pacto global se acuerde otra cosa, el Peñón será expulsado en 40 días del mercado interior (que implica la libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales), lo que obligará a multiplicar los controles fronterizos.

El Gobierno gibraltareño ha difundido ya varias “notas técnicas” en las que advierte a sus ciudadanos sobre las nuevas condiciones que regirán a partir del 1 de enero si no se logra antes un acuerdo; incluida la imposibilidad de entrar en España (la UE) con determinados alimentos. Y les ha pedido que preparen sus traslados con antelación, pues algunos trámites para cruzar la frontera serán “inevitablemente más engorrosos y burocráticos”.

Consciente de esta situación, España ha propuesto fórmulas para que Gibraltar pueda permanecer no solo en el mercado interior de la UE, sino también en la unión aduanera e incluso en Schengen. Como en este espacio participan estados y no territorios, España ha ofrecido hacerse responsable de controlar las fronteras exteriores del Peñón aportando sus aduaneros; una posibilidad que para Picardo traspasa todas sus “líneas rojas”, aunque insista en impulsar una “zona de prosperidad compartida” a ambos lados de La Verja.

De momento, basta con evitar el desastre: un 18,5% del PIB del Campo de Gibraltar depende de su relación con la colonia, pero el cierre de la frontera podría restar hasta cuatro puntos de PIB al Peñón, según un estudio del Real Instituto Elcano. El 96% de los gibraltareños votó a favor de seguir en la UE en el referéndum del Brexit, en 2016.

La ministra González Laya, que el pasado día 12 mantuvo una conversación telefónica con su homólogo británico, Dominic Raab, tiene previsto realizar su primer viaje a Londres antes de fin de mes para intentar paliar el impacto del Brexit en una de las zonas con mayor tasa de paro de Europa.