El juez procesa a los exdiputados populares Arístegui y Gómez de la Serna por una trama en Argelia

El juez José de la Mata ha concluido una de las líneas de investigación abiertas contra Pedro Ramón Gómez de la Serna, exdiputado del PP, y Gustavo de Arístegui, también exparlamentario popular y exembajador de España en la India. El magistrado de la Audiencia Nacional dictó este lunes un auto donde acuerda procesar a los dos antiguos políticos de la formación conservadora por haber creado, junto a otras 21 personas, una supuesta “organización criminal” para conseguir contratos en países extranjeros a través del pago de sobornos y comisiones a funcionarios. En este caso, las sospechas se centran en varios negocios emprendidos en Argelia.

Con esta decisión, el instructor deja a un paso del banquillo a los implicados, a los que atribuye delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. Según las pesquisas, el inicio de la trama se fija en 2009, cuando Gómez de la Serna y Arístegui se “conciertan para asesorar a empresas españolas en la búsqueda de oportunidades de negocio y apertura de mercados exteriores”. Su idea era cobrar a estas compañías “una comisión mensual y una comisión de éxito para el supuesto que consiguiesen algún contrato de obra, servicios o suministro con empresas públicas y gobiernos extranjeros”. Pero esta intención se tradujo en la práctica en una presunta actividad ilegal que, según el juez, tenía una doble finalidad.

Por un lado, la red de corrupción —con los dos exdiputados del PP a la cabeza— se centraba en conseguir contratos a través del pago de comisiones y dádivas a autoridades y funcionarios argelinos, “aprovechándose para ello de la absoluta falta de mecanismos y procedimientos de prevención de delito que tenían las mercantiles involucradas”. Y, por otra parte, buscaba “enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a los fondos del propio contrato”. Para ello, diseñaron toda una presunta estructura de sociedades ficticias y falsa facturación.

Niveles de la trama

De la Mata concluye que este sistema respondía a un “plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una visión de largo plazo y ordenado de acuerdo con las directrices emanadas de la cúspide de la organización”. En la cumbre se hallaban supuestamente los dos exparlamentarios populares, que estaban en primera línea institucional cuando se produjeron las operaciones bajo sospecha. Y, junto a ellos, Germán Junquera Palomares y Ramón López Lax, dos directivos de la compañía Elecnor, que logró adjudicarse un tranvía y una desaladora.

El resto de procesados se ocupaban de “implementar la estrategia acordada por los líderes, supervisar la gestión de las sociedades y distribuir los fondos ilícitos obtenidos”. Algunos apoyaban a los exdiputados, como es el caso de José Faya López, un agente comercial fichado por De la Serna y Arístegui que acabó denunciando la trama ante la Fiscalía Anticorrupción —aunque antes avisó a Jorge Moragas, entonces jefe de Gabinete del presidente Mariano Rajoy—; y el caso de Borja de Arístegui Arroyo, hijo del exembajador. Otros ejercían presuntamente como comisionistas e intermediarios “para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto”.