Interior expulsa a Mauritania a 22 inmigrantes llegados a Canarias

Un vuelo de deportación de inmigrantes ha partido la mañana de este martes hacia Mauritania con 22 inmigrantes llegados en patera a Canarias. Los 22 jóvenes estaban retenidos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Gran Canaria desde finales de septiembre cuando el Ministerio del Interior reabrió el centro a la espera de poder retomar las expulsiones suspendidas por las restricciones fronterizas que impuso la pandemia. Entre los deportados hay una veintena de senegaleses, uno de Mauritania y otro de Guinea Conakri, según la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

La reactivación de las deportaciones a Nuadibú, la segunda ciudad del país, era una de las prioridades del departamento de Fernando Grande-Marlaska para contener el repunte migratorio hacia las islas, adonde han llegado en lo que va de año casi 15.000 personas. España mantiene desde 2003 un acuerdo con Mauritania gracias al que puede expulsar inmigrantes llegados de forma irregular a su territorio siempre que hayan transitado o partido por suelo mauritano, independientemente de su nacionalidad. Una vez en Mauritania, según ha informado la agencia de información del país y los propios afectados, las autoridades locales se encargan de expulsarlos a su país de origen. Interior tiene aún pendiente la reanudación de las expulsiones vía aérea a Marruecos y Senegal con quienes mantiene también acuerdos bilaterales.

Para este vuelo de deportación, el primero desde que se paralizaron en marzo tras el cierre de fronteras al que obligó la pandemia, se ha empleado en un Airbus 320 de la compañía Evelop, que ha aterrizado a las 10.40 horas en el aeropuerto de Gran Canaria procedente de Madrid y ha partido para Nuadibú a las 11.45. Una portavoz del Defensor del Pueblo que la institución no ha supervisado esta vez la operación con sus propios funcionarios, pero que ha solicitado a Interior información sobre el vuelo.

Una de las preocupaciones del Defensor en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) es la presencia importante en estos aviones de malienses, que emigran de un país inmerso en diferentes conflictos armados y que está gobernado por una junta militar desde el golpe de estado que se produjo en el país el pasado mes de agosto. La institución señaló en su informe anual que una devolución, aun por vía indirecta, a lugares que implican un riesgo para la seguridad de los expulsados, supone la vulneración de tratados internacionales.

El gran número de ciudadanos de Mali deportados por esta vía también fue duramente criticado tanto por CEAR como el Servicio Jesuita al Migrante, que recordaron que está vigente una recomendación de Naciones Unidas, a través de su agencia para los refugiados, ACNUR, de no devolver a los malienses, dada la situación de inestabilidad y violencia que se vive en su país.

La ausencia de malienses en este vuelo no es casualidad. Cuando el CIE de Gran Canaria reabrió el pasado 23 de septiembre, fueron internados allí una veintena de malienses. Sorprendido ante la situación de que ninguno de esos internos, que podrían huir de un conflicto o de la persecución en su país, hubiese pedido asilo, el juez de control del CIE, Arcadio Díaz Tejada, acudió en persona a informales de sus derechos, que aparentemente desconocían. El procedimiento de asilo obliga a ponerlos en libertad y con él se paraliza su devolución mientras se estudia su expediente. La veintena de malienses acabó solicitando asilo y está en centros de acogida a la espera de que se resuelva su solicitud.

Los vuelos a Mauritania se aceleraron a comienzos de este año, ante el aumento de llegadas al archipiélago. Mientras que en todo 2019 se realizaron seis vuelos con 146 personas a bordo, solo en los tres primeros meses de 2020 se organizaron al menos cuatro operativos para retornar forzosamente a 162 personas. De ellos, 130 eran malienses (el 80 %), 21 senegaleses, ocho mauritanos, dos marfileños y un gabonés.