El Gobierno limita a 30 kilómetros por hora la velocidad máxima en calles de un solo carril por sentido

El Gobierno ha tomado una decisión drástica para frenar el aumento de accidentes que se está detectando en las ciudades. El Ejecutivo limitará a 30 kilómetros por hora la velocidad máxima a la que pueden circular todos los vehículos en las calles con un solo carril por cada sentido de la marcha, e incluso a 20 km/h en las vías en las que no hay una diferencia clara entre la acera y la calzada. Solo se mantendrá el límite actual de 50 kilómetros por hora en las vías que tengan dos o más carriles por sentido. “Damos un paso más para construir ciudades más humanas y más sostenibles”, ha señalado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes.

Las declaraciones de Fernando Grande-Marlaska sobre las nuevas restricciones

Estas medidas no se aplicarán hasta dentro de seis meses, pero son definitivas. “Las víctimas mortales en el ámbito urbano han crecido un 6%”, ha asegurado el ministro para justificar esta decisión. Por el contrario, se sigue reduciendo la siniestralidad fuera de las ciudades.

El Ejecutivo lleva meses pensando en aprovechar la crisis del coronavirus para precipitar los planes de cambio en las ciudades que tenía en agenda hace tiempo. En el plan de desescalada se promovía la peatonalización de las ciudades y el uso generalizado de espacios que antes eran de los coches, en especial los aparcamientos, para que se instalaran allí terrazas y se cambiara el uso de ese espacio público, cercando cada vez más el camino al vehículo privado. Sin embargo, la ejecución de estas ideas quedó en manos de las ciudades y no todas hicieron lo mismo. De hecho otros países europeos profundizaron mucho más en la peatonalización que España. Esta nueva medida que limita la velocidad a 30 km por hora tiene su motivación principal en la reducción de accidentes, ante el grave aumento de atropellos, pero también sirve para profundizar el cambio de modelo de las ciudades y hacer cada vez menos atractivo el uso del automóvil privado, según admitió el ministro.

Esta medida se esperaba hace años, y mientras llegaba varias capitales de provincia han aprobado planes para reducir la velocidad a 30 por hora en las vías pequeñas, que son la enorme mayoría de cualquiera de ellas, incluida Madrid. 28 de las 51 capitales de provincia tienen limitaciones de este tipo, según un recuento reciente de EL PAÍS. Sin embargo, en muchas de ellas no eran limitaciones para toda la ciudad o no se cumplían. Con el cambio que promueve ahora el Gobierno la limitación general será para todo el país y tendrá que aplicarse obligatoriamente.

El Gobierno prohíbe definitivamente que los patinetes eléctricos puedan circular por la acera, algo que ya habían hecho varias ciudades, y endurece el reglamento del carné por puntos. Se aumentan los puntos a detraer en las infracciones con más riesgo de accidente. Por ejemplo, el uso manual del teléfono móvil pasa de restar tres a seis puntos. “Desde 2016 las distracciones son la primera causa de accidentes”, ha explicado Grande Marlaska, que ha señalado que ahora el uso del WhatsApp en el coche es una de las principales causas de accidentes, que no estaba previsto en el código anterior porque no era tan generalizado como ahora. El ministro ha señalado además que ahora está muy extendido el uso de tecnología para no tener que coger el móvil con la mano en el coche, por lo que es aún más injustificable y más punible, dada su peligrosidad. Además, no utilizar el cinturón de seguridad o el casco en las motos pasa a costar de tres a cuatro puntos. Más de la mitad de los fallecidos en accidentes que no llevaban el cinturón puesto habrían sobrevidido si lo hubieran tenido, señaló Grande Marlaska. Además, los puntos no se podrán recuperar hasta que pasen dos años sin cometer infracciones, sea cual sea la gravedad de la infracción.

Además se suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos, algo que, según el ministro, ya habían eliminado otros países europeos. Llevar instalados en el vehículo, y no solo utilizar como hasta ahora, mecanismos de detección de radares supondrá una sanción de 500 euros y la pérdida de tres puntos.