La Policía aprueba su primer protocolo antisuicidios tras sufrir 160 muertes en 20 años

En 2014 murieron en acto de servicio dos agentes de la Policía Nacional y se suicidaron nueve. El año siguiente, seis policías fallecieron mientras realizaban su trabajo; entre ellos, dos asesinados en un atentado contra la embajada de España en Kabul. Otros 11 se quitaron la vida. En 2016, los fallecidos en acto de servicio fueron dos, pero se suicidaron otros 10. En 2017, último año en el que se han hecho públicos datos de ambos parámetros, un agente murió en una agresión y otro en accidente de tráfico en el desempeño de sus funciones. En esos doce meses fueron 13 los policías que se quitaron la vida, la cifra más alta de los últimos 20 años. Según una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, desde 2001 hasta la actualidad se han quitado la vida 160 policías (además de 235 guardias civiles). Los sindicatos policiales elevan esta cifra hasta los 169.

Convertida en la principal causa de muerte entre sus efectivos, la Dirección General de la Policía aprueba este jueves el primer protocolo para prevenirlo e intentar reducir su número –la Guardia Civil cuenta con uno desde el año 2002 que actualiza periódicamente–. El documento, de 12 páginas de extensión y al que ha tenido acceso EL PAÍS, plantea un ambicioso plan para prevenir “la conducta suicida” entre sus agentes que incluye, entre otras medidas, la puesta en marcha de un teléfono de atención psicológica “gratuito y confidencial” que estará en funcionamiento las 24 horas del día durante todo el año para prestar atención “inmediata” a los agentes que lo necesiten. Carlos Prieto Conesa, responsable de riesgos laborales del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y uno de los representantes de los agentes que ha participado en su elaboración, destaca la importancia del documento, aunque advierte de que “es un protocolo ambicioso que exigirá que se le dote de medios humanos suficientes para que sea efectivo”.

La estadística apunta a que la incidencia del suicidio es mayor entre los miembros de las Fuerzas de Seguridad (en la actualidad, hay 68.013 policías nacionales y 78.469 guardias civiles) que en el resto de la población. Así, el Instituto Nacional de Estadística recoge que en 2018, último año en el que hay cifras, murieron por esta causa en España 3.539 personas, lo que representa una tasa de suicidio de 7,6 casos por cada 100.000 habitantes. En la Policía, donde ese mismo año se quitaron la vida siete agentes, la tasa se eleva a 10,3; y en la Guardia Civil, con 10 muertes, a 12,8 casos. La elaboración del protocolo es una vieja aspiración de los representantes sindicales de la Policía. El SUP lo viene reclamando desde julio de 1987, cuando la situación que vivían los agentes en el País Vasco por la violencia etarra sacó a la luz un tema que era tabú. “Se creó una comisión de trabajo en 2017 y, desde entonces, se han elaborado dos borradores hasta llegar a este documento definitivo”, detalla Prieto Conesa, que destaca la participación de asociaciones como Vive CNP, Ángeles de Azul y Verde y 0 Suicidio Policial. Para el representante del SUP, “el paso es importante, pero aún queda mucho camino por recorrer”.

El nuevo protocolo pone el foco en aquellos agentes que muestren “vulnerabilidad de índole psíquica, hayan protagonizado una tentativa de suicidio o mostrado indicios de voluntad autolítica”, pero también a los que se enfrenten a situaciones concretas de estrés durante su trabajo. Y cita tres: los que tengan que intervenir “en situaciones de emergencia o catástrofe”, los que “hayan tenido que hacer uso de su arma reglamentaria” y aquellos que “hayan resultado heridos de gravedad o lo hayan sido sus compañeros”. El documento también contempla la posibilidad de retirar de manera cautelar las armas de fuego “oficiales y particulares” a aquellos agentes a los que, tras una valoración psicofísica, se detecten riesgo de que se autolesione.

Según la estadística oficial, de los 53 agentes que se quitaron la vida entre 2013 y 2017, 46 de ellos lo hicieron utilizando un arma de fuego, cinco por ahorcamiento, uno más por ingesta de fármacos y un último lanzándose al vacío. “Se trata de retirar el arma sin estigmatizar”, recalca el representante del SUP. La Policía también plantea en el protocolo buscar puestos de trabajo adaptados a su situación a aquellos agentes con problemas psíquicos y, en el caso de los que tengan “bajas prolongadas”, se realizará un “seguimiento y ofrecimiento de recursos de apoyo”.

Los responsables de la Policía Nacional también contemplan realizar un informe de cada suicidio intentado o consumado –habla de “autopsia psicológica”– para recopilar “la máxima información sobre las circunstancias personales que atravesaba el afectado en ese momento, relacionadas con entorno laboral y extra laboral, que pudieron precipitar el fatal desenlace”. La Policía también pretende “reducir las consecuencias negativas que un acto consumado pudiera tener en el entorno laboral de quien lo realiza”. El protocolo plantea también la necesidad de desmitificar entre los agentes “la idea de que una baja psicológica puede perjudicar negativamente una carrera profesional”.

Para todo ello, la Dirección General pondrá en marcha campañas informativas entre la plantilla para sensibilizarla de “la relevancia de la salud mental” así como el desarrollo de “cursos monográficos sobre identificación y actuación ante la conducta suicida”, de “primeros auxilios psicológicos” y para “la gestión del estrés”. En 2018, la Policía ya convocó unas jornadas “de regulación del estrés a través del yoga” destinadas a agentes de “unidades expuestas a experiencias psicológicas traumáticas” como son los homicidios, la pederastia o la violencia de género. La Policía tiene previsto crear un Equipo de Intervención Psicosocial al frente del cual situará a un psicólogo con “experiencia suficiente en materia de conducta suicida”. A él serán adscritos funcionarios con titulación académica en la misma especialidad, a la que “en el futuro se podrán sumar trabajadores sociales y mediadores". Este equipo será el responsable de coordinar la puesta en marcha del protocolo en los distintos territorios a través de las llamadas Unidades Básicas sanitarias, un órgano para la prevención de riesgos laborales.