El Poder Judicial sigue adelante con los nombramientos pese a la intención del Gobierno de negociar su renovación

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha optado este jueves por seguir adelante con los nombramientos discrecionales que tenía previstos pese a la intención manifestada por el Gobierno de llegar a un acuerdo en las próximas semanas con el PP para desbloquear la renovación del órgano, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018. La última vez que el PSOE y el PP intentaron un acuerdo, el Poder Judicial sí suspendió en el último momento las designaciones ya programadas. El presidente, Carlos Lesmes, pidió entonces a los vocales este aplazamiento alegando “razones de prudencia” y su propuesta salió adelante con 16 votos a favor y cinco en contra. Esta vez, sin embargo, 19 de los 21 miembros del pleno han considerado que no había razones para no adjudicar las plazas incluidas en el orden del día.

Cuando el pasado 28 de julio el Poder Judicial anunció que el pleno había aparcado los cinco nombramientos discrecionales que iban en el orden del día porque tenía conocimiento de la posibilidad de un pacto para renovar el órgano, esos contactos entre el PSOE y el PP no habían trascendido. El Gobierno acabó confirmándolos horas después y aquella negociación a punto estuvo de desembocar en un pacto definitivo, según aseguró el presidente Pedro Sánchez después de que, a principios de septiembre, el PP diera por terminadas las conversaciones.

Una vez confirmado que el órgano no se iba a renovar a corto plazo, el Consejo retomó los nombramientos discrecionales y en el pleno de septiembre aprobó seis nombramientos clave en el Tribunal Supremo. Lo hizo por un amplio consenso (19 de 21 votos) y después de que el Ejecutivo intentara en los días previos frenar esas designaciones como forma de presionar al PP para desbloquear el órgano.

Aquellos eran los nombramientos más importantes que estaban pendientes, ya que implicaban la elección de tres presidencias de sala y tres plazas de magistrados del alto tribunal, la cúpula de la judicatura. Pero el órgano de gobierno de los jueces tenía sobre la mesa otras designaciones discrecionales correspondientes a tribunales superiores y audiencias provinciales y acordó incluirlas en el orden del día de ayer, pese al anuncio del Gobierno de que intentará llegar a un acuerdo con el PP y deja aparcada la reforma legal que presentó para desbloquear el órgano sin los votos de los populares.

Lesmes, según explican varios miembros del Consejo consultados, ha hecho una ronda en los últimos días entre la mayoría de los vocales para sondear si debían seguir adelante con las designaciones. Y “casi todos”, según estas fuentes, le dijeron que sí. Los miembros consultados alegan que se trataba de nombramientos con escasa controversia porque en seis de las plazas solo había un candidato. Además, algunos de los puestos quedaban vacantes por jubilación o porque el actual presidente ya había cumplido el tope de mandatos y, según coincidieron la mayoría de los vocales, era conveniente cubrir ya esas plazas, correspondientes a la presidencia de los Tribunales Superiores de Justicia de Baleares y Cantabria, la de la Audiencia Provincial de Ourense y los presidentes de cinco salas de los tribunales superiores de Andalucía, Murcia, Navarra, Cantabria y Asturias.

Las designaciones recabaron los votos de 19 de los 21 miembros del pleno. Los otros dos, Concepción Sáez y Álvaro Cuesta, votaron en blanco por estar en contra de que el actual Consejo designara estas plazas clave, como ya han hecho en las últimas tantas de nombramientos.

La ley no impide al Consejo adjudicar cargos discrecionales mientras esté en funciones y el órgano que preside Lesmes, que ha realizado más de medio centenar de designaciones desde que caducó su mandato, siempre ha defendido su legitimidad para hacerlo y la necesidad de cubrir las vacantes para no perjudicar el funcionamiento de los tribunales. En el mismo sentido se pronunció el Supremo hace un año. Uno de los cambios que contempla la propuesta de reforma legal de PSOE y Unidas Podemos es precisamente regular qué puede y qué no puede hacer el Consejo cuando se cumplan los cinco años de su mandato.