Preocupación entre miles de venezolanos en España tras casi 300 arrestos por carnés de conducir falsos

La Policía española ha detenido a 293 personas de origen venezolano por tener carnés de conducir falsos, pero abogados de extranjería dicen que muchos son inocentes, víctimas de la escasez de plástico y otros materiales básicos en Venezuela. Muchos detenidos, que han sido liberados con cargos, alegan que obtuvieron su licencia en Venezuela de forma lícita tras haber superado las pruebas. Dicen haber sido señalados como sospechosos por haber presentado carnés de papel.

En esta operación, Madrid es la provincia donde más venezolanos han sido detenidos, 67; seguida de Tenerife con 65, Alicante con 35, Valladolid con 28 y Málaga con 24.

La campaña de arrestos ha sido anunciada este martes por la Policía Nacional en una nota de prensa, pero la preocupación ya corría desde hace al menos dos semanas en la comunidad extranjera que más rápido ha crecido en España en los últimos años. La noticia que circulaba por redes sociales ha preocupado a miles de venezolanos que esperan que la Dirección General de Tráfico (DGT) convalide sus carnés. Tener antecedentes policiales puede suponer que las autoridades de extranjería paralicen el proceso y muchos dependen de su carné para continuar desempeñando su trabajo, entre ellos numerosos repartidores a domicilio, un sector donde predominan los venezolanos.

Un portavoz de la Policía Nacional le dice a este periódico que la operación ha concluido: “Por el momento ya se da por terminada”. Pero el problema de la homologación de carnés venezolanos viene de largo y fuentes de la comunidad temen que se vean afectados otras personas dentro de las miles de ese país que han solicitado recientemente un canje en la DGT.

La Policía detectó en agosto un nuevo formato de carné que no cumple con los requisitos legales requeridos para el canje por un carné español de acuerdo, con el convenio de convalidaciones entre ambos países. Venezuela creó hace años este nuevo formato de papel con un código QR para que los titulares lo descargaran desde la página web del Gobierno venezolano y lo imprimieran.

Según la policía, algunos arrestados recurrían a grupos criminales para conseguir una falsificación del formato anterior, contactando con mafias en Venezuela que les conseguían una licencia a cambio del pago de 90 dólares.

Los abogados dicen que, en efecto, hay personas que han recurrido a mafias, pero añaden que dentro de los afectados se encuentran personas inocentes que obtuvieron su carné de conducir en Venezuela después de superar las pruebas teóricas y prácticas. “Por culpa de la situación en Venezuela se ha generado una sospecha generalizada sobre todos sus ciudadanos”, lamenta el abogado Tony Carrero.

“Tengo un cliente afectado que trabaja en Amazon y está destrozado porque se sacó su licencia en Venezuela estudiando”, dice otra abogada, Cristina Isacura. “Otra clienta, embarazada de siete meses, está de los nervios porque teme que la van a llamar”, añade.

El problema de las licencias de conducir venezolanas se remonta a 2018, cuando las autoridades españolas cancelaron el canje tras detectar documentos falsificados. España reanudó la homologación en julio de 2019 y recibió entonces una avalancha de solicitudes que provocaron largas listas de espera en la DGT. Ha sido este departamento el que ha dado la voz de alarma a la Policía. Según la ONG Refugiados sin Fronteras, decenas de miles de venezolanos solicitaron el canje tras esa readmisión y ahora muchos están en vilo, atemorizados por las detenciones.

Están pagando justos por pecadores, dice Refugiados sin Fronteras. Entre los detenidos hay un pequeño número de personas que compraron su carné sin haber hecho las pruebas y una mayoría víctima del sistema, según su presidente, Sergio Contreras. “Hay personas en España que han gestionado por las vías regulares su licencia venezolana, pero han recibido un documento que no cumple estándares de calidad y seguridad. Las autoridades españolas deberían tener en cuenta la debilidad institucional en Venezuela”, dice Contreras. La embajada venezolana en España declinó dar su versión a este periódico.

La operación policial supone una de las mayores de los últimos años contra la falsificación de carnés de conducir. Las fuerzas y cuerpos de seguridad detectaron 362 falsificaciones de este tipo en 2017, 326 en 2018 y 370 en 2019, según una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.

Las fuentes jurídicas consultadas creen que la imputación de falsedad documental a los detenidos tiene poco recorrido judicial. El abogado Tony Carrero explica que el código penal persigue con ese delito “al que altere” un documento público. Agrega que los investigados no cometieron esa acción. “El problema es que los antecedentes policiales pueden afectar gravemente a estas personas. Pueden suponer que no se les renueve la solicitud de asilo o renovación del permiso de residencia y caigan en situación irregular”.