El Poder Judicial analizará en un pleno extraordinario la reforma legal del Gobierno para desbloquear el órgano sin el PP

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrará el 28 de octubre un pleno sin ningún efecto práctico pero con vocación de generar un gran ruido político. Los 20 vocales y el presidente, cuyo mandato caducó en diciembre de 2018, se reunirán ese día para examinar la reforma legal planteada por el PSOE y Unidas Podemos para sortear al PP en la renovación del órgano de gobierno de los jueces. El presidente del Consejo, Carlos Lesmes, ha convocado la sesión a petición de siete vocales del sector conservador, que la semana pasada solicitaron por escrito el pleno al amparo del artículo 600.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Según dicho artículo, “deberá celebrarse sesión extraordinaria si lo considerare oportuno el presidente o si lo solicitaren cinco vocales”, por lo que Lesmes no podía rechazar la petición.

La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ha levantado las críticas de gran parte de la carrera judicial, con tres de las cuatro asociaciones profesionales a la cabeza. El principal reproche que los jueces le hacen al texto pactado por los dos partidos que integran el Gobierno es que reduce la mayoría necesaria para renovar a los 12 vocales jueces del Consejo, que hasta ahora requería tres quintos de los votos del Congreso y el Senado y la propuesta legal deja en mayoría absoluta. Esto, según las asociaciones, incrementa la “politización” del órgano de gobierno de los jueces.

Según la información facilitada por el propio Consejo, Lesmes ha optado por programar la reunión para el miércoles 28, un día antes de la celebración del próximo pleno ordinario, “teniendo en cuenta las dificultades que el actual estado de alarma vigente en Madrid entraña para cualquier desplazamiento”. El escrito que ha forzado la celebración del pleno fue suscrito por los vocales José Antonio Ballestero, Carmen Llombart, Nuria Díaz Abad, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández., Juan Martínez Moya y María Ángeles Carmona. Los siete fueron elegidos vocales en 2013 a propuesta del PP.

En el texto de la propuesta los vocales pedían expresamente que el presidente “convoque con carácter urgente un pleno extraordinario para que se examine la reforma de dicha ley orgánica” planteada por el grupo parlamentario socialista y el grupo parlamentario Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Comú y acompañaban a su petición el texto de la proposición de ley orgánica presentada el pasado 13 de octubre de 2020 en el Congreso, así como un borrador de declaración del pleno sobre dicha reforma.

La mayoría cualificada para elegir a los 12 vocales del cupo judicial se estableció en la LOPJ en 1985 y, un año más tarde, el Tribunal Constitucional consideró que esta fórmula era una cautela que rebajaba el riesgo de politización del Consejo derivado de que fueran las Cámaras y no los propios jueces las que eligieran a estos vocales. Esa previsión de mayoría cualificada, que no se ha modificado desde entonces, se trasladó a la elección de los cargos discrecionales que designa el órgano de gobierno de los jueces, como los presidentes de los tribunales superiores de justicia y los magistrados y presidentes de sala del Supremo. Pero el PP sacó adelante en solitario una reforma en 2013 para reducir a mayoría simple los votos necesarios para estos nombramientos. El CGPJ emitió entonces un dictamen sobre la reforma legal en la que hacía un ligero reproche a esa modificación y proponía que “ciertos nombramientos discrecionales se adopten por mayoría cualificada”.

El Gobierno de Mariano Rajoy no atendió su petición y ese sistema estuvo vigente durante todo el mandato de cinco años de Carlos Lesmes. Se modificó en diciembre de 2018, ya bajo el Gobierno de Pedro Sánchez y con el actual Consejo en funciones. Desde entonces, los nombramientos vuelven a requerir mayoría de tres quintos de los vocales.

La oposición a la reforma propuesta por los partidos en el Gobierno se extendió ayer a varios tribunales superiores. Las salas de gobierno de los tribunales de Madrid, Castilla y León y Extremadura aprobaron ayer comunicados en los que se oponen al texto acordado por el PSOE y Unidas Podemos. Los tres órganos coinciden en reprochar que la propuesta aumentará la politización de la justicia y dudan de su constitucionalidad.