Casado plantea unas mayorías para el Poder Judicial que eliminó el PP en 2013

Todo sigue igual. La propuesta de reforma del Poder Judicial alternativa a la del Gobierno presentada el lunes por el PP apenas modifica el sistema vigente y Pablo Casado mantiene su rechazo a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó hace dos años, si Podemos, que gobierna en coalición con el PSOE, participa en el proceso. La contrarreforma de los populares plantea recuperar la mayoría de tres quintos para todas las decisiones que tome el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), algo que eliminó el propio PP en una reforma legal de 2013.

“Podemos es un partido imputado por financiación ilegal y no puede haber ninguna conversación sobre renovación de las instituciones con un partido que ataca a la jefatura del Estado y reclama pactos con los herederos de ETA y los independentistas”, declaró Casado para explicar su veto al partido de Pablo Iglesias en la negociación de la renovación del Poder Judicial. El juzgado de instrucción número 42 de Madrid ha citado a declarar como imputados el próximo noviembre a varios miembros de la cúpula de Podemos tras recibir una denuncia de un antiguo abogado de la formación, José Manuel Calvente, que acusa al partido de financiación irregular. El Tribunal Supremo confirmó la semana pasada que el PP se lucró de la trama corrupta Gürtel. Los populares tienen también varias causas pendientes en la justicia. El año que viene comenzará la vista oral por la pieza sobre los papeles del extesorero Luis Bárcenas que revelan una presunta contabilidad paralela en el partido.

Pese al veto de Casado, en La Moncloa y en el PSOE confían en que una vez pase la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez, el PP dé más margen para negociar la renovación pendiente del CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y el Consejo de RTVE, informa José Marcos. “Esperemos que tomen nota de la inviabilidad del discurso extremista y no vayan a remolque de la ultraderecha”, declaró el secretario de organización de los socialistas, José Luis Ábalos. En todo caso, Pedro Sánchez aseguró la semana pasada que seguirá adelante con su proyecto de reforma de la ley —que permite renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial con mayoría absoluta, y no de tres quintos, como hasta ahora— si el PP no cambia su postura.

La contrarreforma del Poder Judicial registrada este lunes en el Congreso por el PP presenta pocas novedades de calado sobre el meollo del conflicto para la renovación de vocales. Estas son las claves del texto.

Sistema de mayorías. La reforma de Casado plantea “la ampliación del sistema de mayorías reforzadas de tres quintos a todas las decisiones del Consejo”. En realidad fue el PP el que en 2013 modificó la norma para que las decisiones dentro del órgano de gobierno de los jueces se tomaran por mayoría simple. Posteriormente, en 2018, bajo el Gobierno del PSOE, se modificó la ley para que los acuerdos de los órganos colegiados del Consejo General del Poder Judicial se adopten “por mayoría absoluta de los miembros presentes, salvo cuando se trate de nombramientos de presidentes de sala y magistrados del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional y presidentes de los tribunales superiores de justicia, en cuyo caso se requerirá una mayoría de tres quintos de los miembros presentes”.

Previamente, en 2005, el PP había recurrido ante el Tribunal Constitucional una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial auspiciada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para elevar de mayoría absoluta a cualificada los votos necesarios para elegir, entre otros, a los presidentes de los tribunales superiores de justicia y magistrados y presidentes de Sala del Supremo, informa Reyes Rincón. En su recurso, el PP alegó que esta modificación introducía “una minoría de bloqueo” en las decisiones sobre nombramientos del CGPJ, “lo que supone que el reparto de los nombramientos judiciales responda a equilibrios o cuotas políticas”. “A juicio de los recurrentes, esta modificación normativa vulnera en primer término el mandato constitucional de imparcialidad, independencia y sometimiento exclusivo de los jueces al imperio de la ley (art. 117 CE), porque pretende que una minoría pueda bloquear cualquier acuerdo de la mayoría en el seno del CGPJ si no se produce un reparto que la satisfaga”, recogía la sentencia dictada en 2012 por el Constitucional, que desestimó el recurso de los populares.

Elección de los vocales. El PP no toca el punto segundo del artículo 567 de la ley del Poder Judicial, que establece que “cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio y seis correspondientes al turno judicial”. Sí modifica los siguientes, para añadir que no podrán ser elegidos “quienes hayan desempeñado un cargo político o de confianza política en los diez años anteriores”. Esa premisa no tiene nada que ver con el motivo del bloqueo de la renovación actual. La ley vigente establece que las Cámaras designarán tres suplentes por cada uno de los turnos por los que se puede optar a la designación como vocal. El PP pide que sea un suplente por cada titular.

Avales para candidatos. En cuanto al sistema de designación de vocales de origen judicial, la ley actual dice que cualquier juez en activo podrá presentar su candidatura con el aval de 25 miembros de la carrera judicial o de una asociación de jueces y que cada uno de los jueces o asociaciones podrá avalar a un máximo de 12 aspirantes. El PP propone una lista abierta con los nombres de todos los candidatos, que podrán presentarse con el aval de 100 miembros de la carrera judicial o el de una asociación de jueces. Cada elector podrá marcar un máximo de ocho nombres y cada asociación judicial podrá avalar a un máximo de 12.

Ministerio fiscal. El PP ha incluido en su contrarreforma del Poder Judicial una modificación de otra ley, la del Ministerio Fiscal. Plantea que el fiscal general del Estado pueda ser recusado —la ley actual impide la recusación de los fiscales— y que no pueda ser nombrado para ese cargo alguien que haya desempeñado un cargo político de confianza en los diez años anteriores (lo que impediría por ejemplo, el nombramiento de la actual fiscal general del Estado, Dolores Delgado, exministra de Justicia). Los populares también plantean en su reforma que además de informar en las Cortes de la memoria anual sobre su actividad, el fiscal general del Estado dé cuenta al Congreso de forma “coetánea”.