El expresidente de la empresa Isofotón, que recibió 80 millones de la Junta andaluza, en busca y captura

El expresidente de la empresa malagueña de energía solar Isofotón Ángel Luis Serrano está en busca y captura desde este viernes después de eludir el jueves la citación para declarar ante la juez Patricia Fernández. La magistrada, titular del Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, investiga las ayudas recibidas por la empresa de 80 millones desde la Junta de Andalucía mediante avales y préstamos, y tras pedir la Fiscalía Anticorrupción la detención de Serrano por su incomparecencia, la juez ha accedido.

El exdirectivo alegó que este jueves se encontraba de viaje de negocios desde Panamá, donde reside, hasta México, pero la juez ya había desestimado que dicho viaje fuera una razón para aplazar su comparecencia. Serrano está investigado por malversación, prevaricación y falsedad documental, y la juez ya ha avisado de que decretará su puesta en libertad una vez sea detenido y la policía lo traslade hasta el juzgado de la capital andaluza. Su hermano Diego Serrano, exdirectivo de la firma, disuelta en 2013 y que llegó a contar con un millar de empleados, tampoco se presentó ante la juez para declarar. “Ni le excusan del deber que tenía ayer [de presentarse] ni son causa o motivo de suspensión”, argumenta la magistrada en su auto [resolución motivada] dictado este viernes.

La investigación busca determinar si la Junta andaluza concedió subvenciones millonarias a la empresa a sabiendas de que estaba abocada al cierre y al despido de su plantilla de 700 trabajadores. La juez ha pedido las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta entre 2005 y 2015, durante las presidencias de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, tras la petición de Anticorrupción, para dilucidar las decisiones que tomó la cúpula del Gobierno andaluz sobre las ayudas investigadas.

La investigación del grupo de Blanqueo de la Policía Judicial considera que Isofotón recibió subvenciones millonarias entre 2005 y 2012 pese a su situación “absolutamente precaria, incurriendo prácticamente en causa de disolución”, según un atestado incorporado al sumario. Entre los 40 investigados destacan cuatro exconsejeros -Francisco Vallejo, Antonio Ávila, Martín Soler y Manuel Recio- y varios ex altos cargos de la Junta.