Moncloa mantiene la reforma del Poder Judicial pese al aviso de Bruselas

Un nuevo elemento de presión se ha sumado este jueves a la ofensiva de la oposición en España contra la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial que promueven el PSOE y Unidas Podemos ante el bloqueo del PP durante casi dos años a su renovación. La Comisión Europea ha mostrado con claridad sus dudas sobre esta ley, y ha señalado que podría violar las normas comunitarias. El Gobierno no ha respondido oficialmente, pero en privado ha señalado que mantendrá su plan y que Bruselas no ha entendido la reforma porque aún no se la han explicado. A eso se dedicará ahora el Ejecutivo para despejar dudas.

La Comisión Europea ha lanzado un evidente aviso a España en forma de luz roja al proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial. Bruselas había urgido a la renovación del órgano judicial, pendiente desde 2018, pero considera que la vía emprendida para hacerlo por el Gobierno de Pedro Sánchez puede poner en peligro la independencia judicial y agravar la impresión de que el CGPJ es vulnerable a una politización.

El Gobierno ha acusado el golpe, totalmente inesperado —solo unas horas antes fuentes del Ejecutivo insistían en que este asunto no estaba en la agenda de Bruselas y era una cuestión que solo el PP estaba moviendo en las instituciones europeas—, pero ha reaccionado convencido de que podrá resolver este reto en cuanto hable con la Comisión para explicarles el contenido de la reforma. Fuentes de La Moncloa señalan que la Comisión no ha entendido la reforma planteada por el PSOE y Unidas Podemos, que mantiene el sistema de elección por tres quintos de las Cortes pero coloca una vía de escape en una segunda votación por mayoría absoluta para evitar el bloqueo que la propia Comisión ha criticado.

El Gobierno no tiene, pues, por ahora intención de retirar la reforma, que ya está registrada en el Congreso, y confía en poder despejar las dudas de Bruselas. De hecho, fuentes del Ejecutivo señalan que de momento la Comisión no ha tomado ninguna decisión sobre el asunto y la polémica se basa en las declaraciones de un portavoz.

En el Gobierno y el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo atribuyen toda la polémica a los movimientos del PP, que ha llevado este asunto a Bruselas como gran prioridad. Precisamente su líder, Pablo Casado, ha estado este jueves en la capital belga para reunirse con sus homólogos del PP europeo. Desde allí, ha señalado que el PP irá “hasta las instituciones europeas, tribunales europeos, Consejo de Europa” para frenar la reforma. No parece que haya espacio para un acuerdo entre el PSOE y el PP que desbloquee la renovación y haga innecesario este cambio de la ley. También Ciudadanos y su líder en Bruselas, Luis Garicano, habitualmente más colaborador con el Gobierno en asuntos centrales, se opone. Y repite que la reforma planteada por el Gobierno haría peligrar los fondos europeos.

El aviso de la Comisión al Gobierno español es muy serio. El Ejecutivo comunitario, presidido por Ursula von der Leyen, reclama a Sánchez que consulte con todas las partes implicadas y que pida la evaluación de la Comisión de Venecia. Este órgano del Consejo de Europa se encarga de velar por el respeto al Estado de derecho en las reformas judiciales y es el mismo que ha dictaminado en otras ocasiones contra los cambios emprendidos en países como Polonia.

“Las reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembros deben hacerse siempre en consulta con todos los partes relevantes, incluida la Comisión de Venecia”, ha señalado Christian Wigand, portavoz del departamento de Justicia de la Comisión Europea. “Los Estados miembros deben seguir los estándares de la UE para garantizar que no se pone en peligro la independencia judicial”, ha añadido el mismo portavoz. Fuentes del organismo comunitario reconocen una “profunda preocupación” por la reforma planteada en España. “Nos preocupaba la falta de renovación del Consejo, pero eso no quiere decir que se pueda hacer de cualquier manera y saltándose todos los procesos”, apunta una fuente comunitaria.

Lo que más indigna al Gobierno de Sánchez es que se compare a España con Polonia o Hungría, dos países expedientados en repetidas ocasiones por vulnerar la independencia judicial. Pero el Ejecutivo tendrá que hacer ahora un gran esfuerzo para convencer a Bruselas de las bondades de su reforma, que de momento parece decidido a mantener.

La inquietud de la Comisión Europea coincide también con la negociación en Bruselas sobre un mecanismo de vigilancia del Estado de derecho que permitiría suspender ciertos fondos comunitarios a los países que vulneren los valores fundamentales de la Unión. Hungría y Polonia, que se resisten a la aprobación del mecanismo, parecían los principales amenazados por posibles recortes.

El Gobierno polaco ya se había aferrado a la reforma del CGPJ de Sánchez para acusar a Bruselas de doble rasero por no actuar contra España. El serio toque de atención de este jueves probablemente contrarrestará el argumento de Varsovia al tiempo que pone a España en la peligrosa lista de países sospechosos de violar la independencia judicial.