Calvo justifica la reforma del Poder Judicial: “¿Qué teníamos que hacer, seguir esperando a que el PP quiera cumplir con la Constitución?”

Nada más salir de una sesión parlamentaria embarrada precisamente por la discusión sobre la reforma de la ley del Poder Judicial que el PSOE y Unidas Podemos han decidido llevar adelante, la vicepresidenta, Carmen Calvo, que es quien ha diseñado con su equipo ese texto, se paraba con los periodistas en una larga conversación informal para intentar defender la reforma ante las críticas que está recibiendo no solo de la oposición sino también de las asociaciones de jueces e incluso de algunos partidos de la mayoría. Íñigo Errejón, líder de Más País, ha cuestionado la oportunidad de esta medida, por ejemplo. Calvo defiende que ha sido el PP el que ha obligado al Gobierno a tomar esta decisión, ante su rechazo durante casi dos años a pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Lo hemos intentado todo durante los últimos tres meses. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Nada? ¿Esperar otros tres meses a que el PP decida cumplir con su obligación constitucional? ¿Qué otra opción teníamos?", preguntaba Calvo.

“Es la segunda vez que el PP hace esta maniobra cuando está en la oposición [bloquear la renovación], no podíamos no hacer nada. Es que parece que si no gobiernan ellos no hay democracia”, insiste. Calvo defiende que se pueda renovar 12 de los 20 miembros del Poder Judicial con la mayoría absoluta del Congreso y el Senado, como plantea la reforma, porque es plenamente constitucional. La Constitución, recuerda Calvo, solo fija una mayoría de 3/5 para los otros 8 miembros del CGPJ, pero para estos 12 fija que será la ley quien desarrolle su forma de elección. Por tanto, entiende el Gobierno, es plenamente constitucional pasar de 3/5 a mayoría absoluta solo para esos 12 cuyo método de elección no está fijado en la Constitución.

“El consejo actual se ha elegido por un Parlamento con una mayoría en las urnas que está absolutamente caducada, con dos años de retraso”, insiste Calvo. En la misma línea ha hablado después Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos, que defiende que lo más democrático es que el Poder Judicial salga elegido por la mayoría del Congreso que es lo que los ciudadanos han votado.

La vicepresidenta no quiere aclarar si el Gobierno estaría dispuesto a retirar la reforma si ahora el PP aceptara negociar la renovación del Poder Judicial. Calvo insiste en que ese escenario no está encima de la mesa porque el propio Pablo Casado ha dejado claro en la sesión de control que él no está dispuesto a renovar ese órgano si el PSOE no saca de la negociación a Unidas Podemos, algo inviable dado que se trata de un Gobierno de coalición. Por tanto la reforma sigue adelante y la vicepresidenta deja claro que no es un farol, que se va a llevar a cabo en dos meses el cambio para poder renovar el Poder Judicial. Tanto el PSOE como Unidas Podemos son conscientes de que esta reforma se puede volver en su contra el día que haya una mayoría de derechas en el Congreso, pero han decidido asumir ese riesgo porque creen que el PP podría tener tres años más bloqueado el Poder Judicial, hasta que se acabe la legislatura.

Calvo también defiende la decisión de tramitar la norma a través de la iniciativa de los grupos del PSOE y Unidas Podemos, y no del Gobierno, lo que permite acelerar los trámites y evitar los informes del propio CGPJ y el Consejo de Estado: “Lo hacemos así porque los dos poderes concernidos en este asunto son el legislativo y el judicial. Cuando Carlos Lesmes [presidente del CGPJ] pide que se renueve el organismo se dirige al poder legislativo. Además, el Parlamento tiene toda la legitimidad para hacer esta reforma, porque es directamente elegido por los ciudadanos”.

El Gobierno no parece especialmente preocupado por las críticas de los jueces, que para Calvo son reproches “corporativos” pero sin ninguna base constitucional. En cualquier caso la sesión de este miércoles y el ambiente que se vive no solo en la oposición sino en el mundo judicial demuestra que el Ejecutivo va a sufrir un fuerte desgaste para llevar adelante esta reforma. Aun así, la decisión parece absolutamente tomada por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ―este último siempre apostó por esta reforma― y nada indica que pueda haber marcha atrás ni un acercamiento entre el PSOE y el PP que permita pensar en algún acuerdo.

De hecho el Gobierno ya está trabajando también para la renovación del Consejo de RTVE y también parece dispuesto a seguir adelante sin el PP. Lo que no puede hacer es renovar el Tribunal Constitucional, ni el Defensor del Pueblo sin el concurso del PP. Pero tampoco ahí parece abrirse paso ningún tipo de acuerdo, al menos de momento, y mucho menos con la moción de Vox encima de la mesa, un asunto que inquieta entre los populares. Este enfrentamiento total impide también pensar en este momento en algún acuerdo para reformas las leyes de Sanidad para abrir paso a una mejor cogobernanza que haga que no sea necesario aplicar el estado de alarma cuando hay un problema como ha sucedido en Madrid. Todos los acuerdos parecen aparcados en este momento.