El Consejo de Estado apuesta por “apaciguar la polarización” política generada por la pandemia

La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, ha afirmado este viernes que el supremo órgano consultivo “quiere contribuir a apaciguar la polarización” política que ha generado la crisis de la covid-19 y que se ha reflejado en la pugna entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid sobre la estrategia para controlar la pandemia. Así se ha pronunciado en la segunda rueda de prensa que ofrece el Consejo en sus cinco siglos de historia, durante la presentación de la memoria anual del año 2019, en la que se ha desglosado la actividad llevada a cabo durante el año anterior. Fernández de la Vega ha mostrado su intención de “abrir un proceso de diálogo” con los órganos consultivos autonómicos, que contribuya a ese apaciguamiento, y ha anunciado una reunión del Consejo con estos los días 5 y 6 de noviembre, coincidiendo con la celebración del 40 aniversario de la Ley Orgánica del Consejo de Estado.

Fernández de la Vega ha destacado que el Consejo de Estado es el “órgano constitucional que ha respondido más rápidamente a la crisis” de la covid-19, y ha hecho referencia a que solo una semana después de la entrada en vigor del estado de alarma, el pasado 15 de marzo, el organismo ya estuvo preparado “para una sesión virtual”. Además, ha resaltado la “modernización” que, a su juicio, ha llevado a cabo el órgano consultivo y ha destacado que estuvieron en vigor las medidas excepcionales el organismo celebró 13 sesiones y emitió 155 dictámenes, y que, una vez superada la excepcionalidad, han seguido haciendo uso de los medios telemáticos. “El Consejo de Estado ha salido rejuvenecido de esta crisis colosal que estamos viviendo. Hemos sido ejemplares, el Consejo se ha fortalecido durante esta crisis”, ha señalado.

Según los datos de la memoria, expuestos por el consejero Fernando Ledesma, el Consejo recibió durante el año 2019 1.128 consultas, de las que fueron despachadas 1.099, y 119 de ellas se pidieron con urgencia. Esto supone que el plazo máximo para su despacho es de 15 días, e incluso en ocasiones el Gobierno pide que sean resueltas en menos tiempo. El número de consultas recibidas es muy similar al de los años anteriores, ya que en 2016 se recibieron 1.145, en 2017 1.186 y en 2018 un total de 1.157, solo 29 más que el pasado año.

La mayor parte de las consultas procedieron de ministerios, un total de 967, mientras que 147 vinieron de diferentes comunidades autónomas. Extremadura, con 71, fue la que más consultas hizo, seguida de Cantabria, con 55, Melilla, con 14, Ceuta, con seis, y la Comunidad de Madrid, con una. Además, 14 consultas procedieron de otras instituciones: siete del Banco de España, cinco de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cinco del Consejo de Seguridad Nuclear y una de la Junta Electoral de Cantabria.

Ledesma ha destacado que los objetos de las consultas han sido, sobre todo, disposiciones generales, un total de 208. Sobre anteproyectos de ley recibieron siete y de esos siete el pleno intervino en el dictamen en tres ocasiones. Sobre reales decretos fueron 99; sobre decretos 11; 48 se recibieron sobre órdenes ministeriales y 43 sobre tratados internacionales. El consejero destacó que un 40% se resolvieron de urgencia, lo que refleja, a su juicio, la “enorme rapidez” con la que trabaja el Consejo. Además, las consultas han versado también sobre actos administrativos, un total de 713.

En 635 supuestos las resoluciones fueron de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado. En 2019 se produjeron siete reuniones del pleno, la comisión permanente celebró 43 sesiones, y las reuniones de las secciones fueron también muy numerosas. Según Ledesma, hubo 17 ponencias especiales y se elevaron al gobierno dos mociones, una competencia con la que cuenta el supremo órgano consultivo para proponer al gobierno determinadas modificaciones cuando lo considere oportuno, algo que el Consejo hace en pocas ocasiones y con “extrema prudencia”, según el consejero.