Castilla y León, del PP, apoya las restricciones y recuerda que su responsabilidad es “con los ciudadanos”

Castilla y León, gobernada por el PP y Ciudadanos, votó ayer miércoles a favor de los criterios para restringir la movilidad para frenar la expansión del coronavirus y en contra de la postura adoptada por la dirección nacional de los populares, la Comunidad de Madrid, Andalucía, Galicia y Murcia ―que se abstuvo, pero luego aseguró que había sido un error―. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asegura que apoya las medidas por coherencia, ya que llevan meses reclamando unos criterios comunes para hacer frente a la epidemia, y porque cree que es lo mejor para los habitantes de la comunidad y para el resto de españoles.

Sin embargo, el líder de los populares, Pablo Casado, aseguró anoche, en una entrevista en Castilla y León Televisión, que había sido la Consejería de Sanidad de la comunidad, en manos de Ciudadanos, y no el PP, la que había apoyado las medidas del ministro Salvador Illa.

En una entrevista en Onda Cero, Mañueco ha asegurado este jueves que las medidas del Gobierno “son importantes, interesantes”, aunque han hecho propuestas “complementarias, a mayores” como que los criterios tengan en cuenta no solo la ocupación de las UCI sino de planta. Mañueco también solicita al Gobierno ayuda para asegurar que los contagiados cumplen las cuarentenas, y ha recordado un acuerdo con la delegación del Gobierno en ese sentido.

Dos presidentes autonómicos del PP consultados por EL PAÍS niegan haber recibido una consigna de Génova a la hora de votar los criterios del Ministerio de Sanidad para aplicar restricciones. El pasado fin de semana, varios de ellos, como el propio Mañueco o Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente andaluz, reclamaron la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Así se lo comunicaron también a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Insisten en que el diálogo con el Gobierno es “fundamental” y que “llega tarde”.

Feijóo evita pronunciarse sobre la gestión de Díaz Ayuso

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este jueves la oposición de Galicia a los criterios aprobados por el Gobierno central para confinar grandes ciudades y ha negado que responda a una orden de Génova: “No hay una decisión del partido. A mí no me vincula ni me vinculará el partido en una epidemia, a mí me vincula Galicia”. Feijóo ha eludido valorar la actitud de la presidenta madrileña —“no voy a opinar de lo que pasa en otras comunidades autónomas”—, pero ha emplazado a “sacar de una vez del debate político la pandemia” aunque cargando las tintas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El presidente gallego considera “incompletos”, “improvisados” y “sin soporte técnico y científico” los tres parámetros recogidos por la orden ministerial para cerrar localidades de más de 100.000 habitantes. “Son el producto de una tensión entre el Gobierno, el Ministerio de Sanidad y una comunidad autónoma”, ha lamentado. “Es más complejo el procedimiento informado para operarse de juanetes que para cerrar una ciudad”. Galicia, con todo, los acatará si alguna urbe los cumple en algún momento, algo que no ocurre en la actualidad.

La Xunta seguirá aplicando sus propios 10 criterios para imponer restricciones en las zonas donde se disparen los contagios. Feijóo no deja de repetir que son más completos que los del ministerio, pero su Gobierno no los hace públicos y él, preguntado este jueves al respecto, no explica por qué.

Por su parte, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía, que votó en contra de los criterios establecidos para aplicar restricciones, también ha criticado al Ejecutivo central. “Es una decepción que el Gobierno no haya tenido en cuenta la propuesta de los técnicos de Andalucía para que los criterios sean más certeros y se ajusten a todos los territorios. Hay tiempo para un acuerdo más amplio y lo vamos a intentar”, ha dicho. Ninguna localidad andaluza cumple ahora los requisitos para implantar restricciones como las que tendrá Madrid.

Tras rebelarse contra las medidas que publica el BOE, Díaz Ayuso ha dicho este jueves que las acatará aunque pleiteará contra ellas en los tribunales. Las restricciones se aplicarán a territorios donde la incidencia del virus a 14 días supere los 500 casos por cada 100.000 habitantes, donde “la positividad” (el total de PCR realizadas que detecten el virus) supere el 10% en el municipio y donde la comunidad autónoma tenga más del 35% de sus camas de UCI ocupadas por enfermos de coronavirus. No se trata de un cierre total, como el del estado de alarma, sino de una limitación de movimientos, contactos y aforos. Los vecinos de las áreas afectadas podrán desplazarse para ir a trabajar, a centros sanitarios, escolares o universitarios, cuidar a mayores, menores o dependientes. La hora del cierre de los comercios será las 22.00 y de la hostelería a las 23.00 aunque no podrán admitir nuevos clientes desde las 22.00. Las reuniones sociales serán de un máximo de seis personas.