El jefe de la Policía con Rajoy intentó “censurar” las informaciones sobre Kitchen

Eugenio Pino, director adjunto de la Policía Nacional durante el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) e imputado en el caso Kitchen, intentó maniobrar para evitar que los medios de comunicación publicaran información relacionada con la trama de espionaje sin control judicial al extesorero popular Luis Bárcenas. Según consta en el sumario, su abogado envió el 8 de febrero de 2019 un escrito al juez Manuel García-Castellón para pedirle que notificara a los medios de comunicación “que cualquier manifestación que pudiera hacer en el curso de sus declaraciones no puede ser publicada”, según destacó el magistrado en un auto del 20 de marzo del pasado año, donde rechaza de lleno la solicitud de Pino al suponer una forma de “censura previa”, “inadmisible en un Estado de Derecho”.

El antiguo mando del Cuerpo, considerado el muñidor de la policía patriótica en el seno del Ministerio del Interior encabezado entonces por Jorge Fernández Díaz, se escudó en la ley de Secretos Oficiales, ya que parte de la operación se financió presuntamente con fondos reservados y los investigadores creen que se declaró confidencial. De hecho, la Audiencia Nacional pidió al Consejo de Ministros que diera permiso a Pino y a otros cuatro policías para que pudieran dar detalles secretos de dicho operativo. Una “desclasificación” a la que dio luz verde el Gobierno.

Pese a ello, el ex director adjunto insistió al juez en que debía enviar a la prensa una notificación para “proteger la difusión mediática de aspectos tan sensibles como datos policiales, operaciones de seguridad, fuentes de información, informantes y confidentes, gastos operativos, estructuras policiales, procedimientos de actuación y en definitiva, cualquier otro aspecto que pueda afectar a la seguridad nacional”. El objetivo, insistía Pino en su escrito, es evitar un “posible daño que pudiera producirse a un bien jurídico tan elemental como la seguridad del propio Estado”.

En la misma línea, Pino protestó en un segundo escrito por que “no se guarda el debido sigilo” con los medios en esta investigación judicial. “Todos los movimientos procesales, declaraciones, diligencias y demás actuaciones se hacen virales rápidamente a través de los principales medios de comunicación. A lo anterior se suma la personación de acusaciones populares que logran acceso a las actuaciones, produciendo una socialización de la documentación judicial más allá de los directamente afectados”, recalcó su defensa en un documento fechado el 21 de febrero, donde insistió en que se debía proteger la información secreta desclasificada de su “rápida difusión mediática”, para evitar “un daño irreparable”.

El juez rechaza, en cambio, su pretensión apenas un mes después en un contundente auto. García-Castellón no solo recalca que ese requerimiento que se pide implicaría pedir a los medios que hicieran “dejación de la misión que le es propia”, sino que además “resulta inadmisible en un Estado de derecho en el que se halla proscrita la censura previa de los medios de comunicación”, tal y como prevé la Constitución española. Además, recuerda el magistrado, la investigación se encontraba en ese momento bajo secreto de sumario —que no se ha levantado hasta septiembre de 2020—.

Eugenio Pino, que ya ha declarado como imputado, admitió que se puso en marcha el operativo de espionaje a Bárcenas, pero defendió su legalidad alegando que el objetivo era recuperar el dinero que podía tener escondido en paraísos fiscales. Pese a ello, según declararon los agentes encargados de investigar al extesorero del PP, nunca se les informó de este operativo. Es más, el agente al mando de esas pesquisas —perteneciente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y a las órdenes del juez que llevaba el caso de la caja b— insistió en que “no había ningún interés objetivo en contar con un apoyo de inteligencia policial para potenciar la investigación del delito de blanqueo de capitales”. Según el sumario, el objetivo de Kitchen era hacerse con material en poder de Bárcenas que pudiera comprometer a altos cargos del PP y así evitar que lo hallara la Audiencia Nacional.