Los gastos electorales rechazados por el Tribunal de Cuentas: maquillaje, manteles o parques hinchables

Los partidos políticos españoles presentaron, para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, gastos por valor de 701.883,94 euros que no tienen naturaleza electoral y que, por tanto, han sido rechazados por el Tribunal de Cuentas para ser financiados con subvenciones electorales. Entre las partidas remitidas por las formaciones y rechazadas por el máximo órgano fiscalizador del Estado se encuentran facturas de material de oficina, parques infantiles hinchables y el maquillaje de los candidatos, además de otros gastos que no han sido lo “suficientemente” justificados y algunos que los partidos no han llegado a abonar.

El informe del tribunal, de 169 páginas y publicado en su página web, repasa una por una la contabilidad facilitada por las principales fuerzas políticas con representación en el Congreso y el Senado. En total, según el informe, los partidos han declarado que sus recursos para esos comicios ascendieron a casi 59 millones de euros. De ellos, 23,6 millones provinieron de créditos bancarios; 12,3 millones, de los adelantos de subvenciones electorales; 22,8 millones, de aportaciones de las propias formaciones; y apenas 47.258 euros, de aportaciones privadas.

Estos son los principales datos y reproches recogidos en el informe:

PSOE. La formación que ganó en las urnas ha declarado que contó para la cita del 28-A con 15,1 millones de euros —casi 10 millones, a través de operaciones de endeudamiento—. El tribunal no le ha admitido 67.354 euros que había pasado como gastos electorales y que incluían, por ejemplo, el alquiler de una sala para el seguimiento de la jornada electoral (el órgano resalta que solo se pueden subvencionar arrendamientos para la celebración de actos durante la campaña); actuaciones musicales y material de oficina “propios del funcionamiento ordinario de las sedes del partido” y, por tanto, “no adquirido específicamente para el trabajo electoral”.

PP. Con unos recursos de 15,7 millones para el 28-A, el Tribunal ha rechazado 50.463 euros facturados por el partido como gasto electoral. Al igual que los socialistas, los populares declararon material de oficina “propios del funcionamiento ordinario de las sedes del partido”, actuaciones musicales y el alquiler de salas para el seguimiento de la jornada del 28 de abril. Pero también, según consta en el informe, la instalación de parques infantiles hinchables —que, según el PP, debe admitirse como gasto electoral porque se ponen para “que los padres asistan al acto con sus hijos”—; manteles para las mesas utilizadas en una cena; y un curso de diseño gráfico dado en la sede de la formación de Madrid que se hizo pasar en la factura como un curso de “Creatividad, desarrollo, diseño y ejecución gráfica de la campaña electoral”. Según el órgano fiscalizador, nada de eso puede considerarse un gasto electoral.

Unidas Podemos. La coalición liderada por Pablo Iglesias ha declarado que contó con seis millones de euros para esa cita con las urnas. El informe del Tribunal de Cuentas asegura que, entre la documentación enviada, se encuentran facturas por valor de 133.100 euros que “no han sido debidamente justificados”. Un reproche al que ya ha respondido Podemos ante el órgano fiscalizador, al que envió un escrito donde decía que había “aportado todos los trabajos realizados e indicado los actos en los que se han prestado los servicios”. Pero esa explicación es insuficiente para el tribunal, que ha contestado que la coalición solo ha acreditado algunos datos de dichos gastos, sin llegar a “acreditar la efectiva participación del proveedor en los actos electorales, ni los medios humanos y materiales utilizados en los mismos”. El tribunal también ha rechazado que sean “gasto electoral” otros 290.727 euros que incluían, por ejemplo, “trabajos de consultoría en redes y tratamiento de la información consistentes en la creación y gestión de grupos de WhatsApp con militantes, y análisis del comportamiento de competidores, votantes e influencers”.

Ciudadanos. El partido, liderado entonces por Albert Rivera, contó con más de 12 millones de euros para esas elecciones, según recoge el informe —casi cinco millones, procedentes de operaciones de endeudamiento—. Entre los gastos pasados que ha rechazado el tribunal (40.836 euros) se encuentran servicios de maquillaje a los candidatos durante la campaña, que la formación considera “subvencionables”.

Otros aspectos. El informe recoge también los proveedores de los partidos que no informaron al Tribunal de Cuentas de la prestación de sus servicios, “incumpliendo lo contemplado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General”. Entre ellos se encuentra Facebook, que facturó 912.000 euros a Unidas Podemos; 10.500, a En Comú Podem; 11.000, a ERC; y casi 26.000, al PSC. Y también Libertad Digital, encabezada por Federico Jiménez Losantos y que cobró 50.098,06 a Vox. “Sería conveniente que las formaciones políticas indicaran a las empresas que les hayan facturado un importe superior a 10.000 euros por operaciones de campaña electoral que aporten al Tribunal de Cuentas la información que deben facilitarle”, advierte el órgano en su informe, que también ha detectado que Junts per Catalunya ha declarado más de 104.000 euros en gastos que estarían justificados, pero que no han sido abonados.