Las restricciones de movilidad restan a España más del 80% de las solicitudes de asilo

El veto persiste a los viajeros de Latinoamérica, origen de la mayoría de los solicitantes, y el 'impasse' da cierto margen al sistema

Una mujer siria (derecha) solicita asilo en Melilla tras cruzar la frontera con Marruecos.
Una mujer siria (derecha) solicita asilo en Melilla tras cruzar la frontera con Marruecos.Antonio Ruiz

Las solicitudes de asilo han caído en picado durante la pandemia en España. Las autoridades contienen la respiración ante un alivio inesperado que deriva de las restricciones de movilidad y que se ha prolongado más allá del fin del confinamiento. Aunque el Ejecutivo ha reanudado las conexiones con algunos países —esencialmente con el entorno europeo—, el veto persiste a los viajeros de Latinoamérica, la región de donde parten más del 80% de los solicitantes. Sin la entrada de venezolanos, colombianos, hondureños o peruanos —en este orden las nacionalidades que más solicitudes presentan—, las demandas de protección se mantienen en mínimos tras los picos históricos pre-pandemia. El impasse da cierto margen a un sistema poco preparado para un volumen de solicitantes superior al de Francia o Alemania.

España llegó a recibir a principios de año más de 3.500 solicitudes semanales y escaló posiciones hasta convertirse en el principal destino de solicitantes de asilo en la UE, una meta inédita e imprevista. El virus frenó en seco los viajes y los trámites en todo el continente pero fue precisamente España el país que más acusó la caída, según datos de la Oficina europea de Asilo (EASO). El perfil de sus solicitantes, que llega mayoritariamente en avión, y la suspensión de la atención presencial durante el estado de alarma hizo que en algunas semanas del confinamiento las peticiones se redujeran a cero.

El ritmo comenzó a recuperarse en junio, pero los expedientes registrados (entre 1.600 y 2.300 por semana) reflejan más la acumulación de trabajo que la reanudación de los flujos. Según coinciden responsables de la tramitación de las solicitudes, la inmensa mayoría de las nuevas demandas no son de recién llegados, sino de personas que ya estaban en territorio español y esperaban la reanudación de la actividad administrativa para formalizar sus solicitudes. En cualquier caso, las peticiones en lo que va de año (48.707) se mantienen por debajo del ritmo récord de 2019 cuando se registraron 118.264 solicitudes.

España ha sido muy cautelosa a la hora de reanudar la movilidad con los países del entorno europeo, que aportan más del 80% de los visitantes, y fue aún más conservadora en la negociación europea para abrir las puertas a terceros países. Mientras Francia sí se movilizó para que en la nómina de países seguros entrasen estados con los que mantiene relaciones estrechas (Marruecos, Argelia y Túnez), España no abogó por incluir a los de América Latina. Salvo Uruguay, no hay ningún otro país de la región en la lista.

Una razón fundamental motiva esa posición: América es hoy el continente donde la pandemia está más descontrolada. “No es un ejercicio de diplomacia, responde a criterios epidemiológicos”, ha justificado en varias ocasiones la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Como resultado de esa reflexión, España solo abre hoy las puertas a 10 países ajenos a la UE, tres menos de los que incluye la recomendación comunitaria. Son Australia, Canadá, Georgia, Japón, Nueva Zelanda, Ruanda, Corea del Sur, Tailandia, Túnez y Uruguay. Ninguno de ellos tiene tránsitos relevantes con España, ni por turismo ni por desplazamientos que eventualmente puedan acabar en demandas de asilo.

La decisión es revisable cada 14 días, pero por el momento hay pocos indicios de que esa flexibilidad lleve a abrir la veda. La primera revisión de esa lista sirvió el pasado 16 de julio para excluir a dos países que figuraban en el primer listado, Serbia y Montenegro. La UE tendrá una nueva oportunidad de actualizar sus restricciones el próximo 30 de julio.

El parón en esos tránsitos aéreos deja en suspenso a miles de personas que buscan protección en España, aunque a la vez dará cierto alivio a la Administración. El sistema de asilo español nunca ha asumido tal volumen de solicitudes y nunca se preparó para esta eventual coyuntura: los recursos materiales y humanos de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) son de hace tres décadas y la red de acogida está al límite.

La oficina de asilo, que a 31 de mayo acumulaba 140.000 expedientes por resolver, está inmersa hace dos años en un plan de refuerzo, pero los 231 nuevos funcionarios y la nueva aplicación informática no se esperan hasta avanzado el 2020. Los recursos de la policía, responsable de hacer las entrevistas a los solicitantes, siguen siendo, sin embargo, insuficientes. Según entidades de atención al refugiado, se están dando citas en varias provincias para el año que viene y, en alguna ocasión, para 2022.

Aun en un escenario de apertura de fronteras a Latinoamérica, ni autoridades ni organizaciones sociales se atreven a prever con qué impulso se retomarán los flujos desde el continente. El análisis va ahora más allá de las situaciones concretas de cada país —la crisis en Venezuela o la violencia de las pandillas en Centroamérica— y debe tener en cuenta el impacto del virus en poblaciones de la región muy vulnerables, el deterioro económico en España o el precio de los vuelos. Otro factor que puede determinar los tránsitos es el desarrollo de la política antimigratoria de EE UU, que podría intensificar el desplazamiento de los flujos de centroamericanos hacia Europa.

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