Laura Borràs se niega a declarar en el Supremo hasta que esté lista una prueba pericial sobre los contratos supuestamente adjudicados a dedo

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, ha comparecido la mañana de este miércoles en el Tribunal Supremo, pero se ha negado a declarar como investigada por supuestamente adjudicar a dedo varios contratos cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entre 2013 y 2017. Borràs se ha acogido a su derecho a no contestar ni a las acusaciones ni a su defensa porque, asegura, el tribunal está “vulnerando” sus derechos al citarla antes de que se haya elaborado una prueba pericial sobre los contratos bajo sospecha. “El Supremo ha sido muy veloz para llamarme y pedir el suplicatorio al Congreso, pero no para elaborar esta prueba pericial”, ha explicado Borràs a los medios de comunicación a la salida del Supremo. “Cuando esté esa prueba, declararé gustosamente y seré yo quien lo reclame”, ha añadido.

Es la segunda vez que Borràs rechaza declarar en el alto tribunal. La portavoz de Junts per Catalunya ya fue citada en febrero pasado, pero en aquella ocasión su comparecencia era voluntaria, ya que al estar aforada el Supremo no podía actuar contra ella sin el permiso del Congreso. La diputada decidió no acudir y el magistrado que instruye la causa, Eduardo de Porres, pidió a la Cámara que le levantara la inmunidad. El Congreso dio luz verde al tribunal el pasado 26 de junio y el instructor fijó para este miércoles la comparecencia de Borràs, que, esta vez, ya no era voluntaria sino obligada. Borràs ha entrado al Supremo a las 10.50 con su abogado, Gonzalo Boye. Antes ha estado unos minutos fuera acompañada de unas decenas de simpatizantes que han acudido a apoyarla al grito de “no es justicia, es venganza”.

La Fiscalía cree que hay indicios de que Borràs cometió delitos de prevaricación, fraude, malversación y falsedad documental durante su etapa al frente de este organismo público dependiente de la Generalitat. Según el ministerio público, la ahora diputada es la responsable de que se fraccionaran de forma ilegal los contratos de programación informática aprobados y asignados por esta institución a favor de Isaías Herrero, que había colaborado anteriormente con Borràs en un máster que impartía en la Universidad de Barcelona (UB). La diputada aprobó presuntamente contratos por importes inferiores a 18.000 euros para poder adjudicarlos de forma directa y sin necesidad de un concurso público.

Borràs siempre ha negado haber fraccionado contratos para beneficiar a Herrero y ha denunciado estar siendo “perseguida” por sus ideas políticas. Hoy ha insistido en este argumento a la salida del tribunal: “Yo no voy a colaborar nunca con la injusticia, pero quiero colaborar con la justicia”, ha afirmado después de asegurar que la investigación abierta contra ella es “prospectiva” y está “llena de irregularidades”. La principal queja de la diputada independentista es que el Supremo la ha citado sin que se haya elaborado todavía un informe pericial encargado al inicio de la causa que debía determinar cuántos trabajos se adjudicaron a Herrero y si los trabajos por los que se le pagó se hicieron. “Los responsables de la instrucción me han leído mis derechos y yo, que he visto mis derechos vulnerado desde el primer momento, me he acogido al derecho constitucional de no declarar porque, desde que el proceso comenzó, los Mossos, la Guardia Civil y Fiscalía han pedido una prueba pericial que es fundamental”, ha insistido.

Tras la negativa de la portavoz de Junts a declarar, la Fiscalía ha pedido al Supremo que se haga la pericial que reclama la diputada. El ministerio público ha solicitado también la declaración de dos testigos- Arturo Rosell, familiar de Herrero a cuyo nombre se presentaron supuestamente presupuestos simulados, y Yolanda Pelegrí, responsable de proyectos y actividades del ILC en la etapa de Borràs-, un análisis de la policía judicial sobre determinadas cuentas bancarias y que se pida al Ministerio de Hacienda información relacionada con la causa. La Fiscalía ha pedido también al instructor del Supremo que reclame al ILC documentación contable, además de poder contrastar algunas declaraciones de testigos prestadas ante la juez de Barcelona que investigó inicialmente el caso.

La investigación cifra en 18 los contratos a dedo adjudicados a Herrero y en casi 260.000 euros la cantidad defraudada por la ahora diputada. Aunque algunos de esos contratos los ganaban sobre el papel distintas empresas y proveedores, la investigación apunta a que era Herrero quien ejecutaba los trabajos y quien cobraba. Según la juez que abrió la causa en Barcelona y remitió el caso al Supremo por estar Borràs aforada, los “conceptos” que especificaba el informático en sus contratos también eran simulados. El trabajo era uno solo y siempre el mismo: la creación y desarrollo de la web de la institución, lo que habría obligado, según la ley, a convocar un concurso público para que ganase la mejor oferta.

La acusación de la Fiscalía se apoya en correos electrónicos que la diputada de Junts per Catalunya intercambió con el informático y que están incluidos en el sumario del caso. Uno de las conversaciones la mantuvieron entre el 8 y el 14 de julio de 2014. El día 8, Herrero escribe a Borràs para decirle cómo debe cuadrar las cantidades. Ella le contesta que “no sufra”, que el dinero lo tiene “reservado y es para esto”. El día 14 siguen hablando del mismo asunto. El informático le dice que ha podido elaborar los “conceptos” de las facturas, pero que aún no ha tenido tiempo de ponerse con los presupuestos. Y le recuerda que debe confeccionar tres presupuestos distintos, “con tipografías y formatos diferentes”. A los pocos minutos, la directora le contesta: “Hay que hacer tres por cada una de las personas o empresas diferentes. Yo había pensado que podríamos hacer que tú te presentes a los cuatro y solo ganes uno, el más económico de su serie (...) Si tú haces los cuatro vuestros yo hago los otros, ¿te parece bien?”, señala en un correo en el que anticipa a Herrero que será el elegido.

También hay correos enviados por el informático que comprometen a la diputada. En 2017, mientras trabajaba para ILC, Herrero escribió a un socio: “Con la Borràs, con la jefa, facturo unos trapis por allí”. Admitió que tenía que elaborar varios presupuestos y fantaseó con un futuro aún mejor. “Imagínatela de ministra de Cultura y a mí dándome trabajo de esto. Pues de puta madre”.

La situación judicial de Borràs ha añadido tensión a la relación que mantienen los dos socios de Gobierno de la Generalitat. El grupo de ERC en el Congreso decidió no participar en la votación del suplicatorio, una decisión que no gustó a la portavoz de Junts, a pesar de que, según los republicanos, fue el grupo de Borrás el que propuso a ERC y la CUP la fórmula de no participar. “Nosotros creemos que no debe haber ni una sombra de duda de irregularidades en el independentismo y la otra parte nos culpa”, lamentó en público el portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, tras conocer los reproches de la parlamentaria. Los republicanos han reclamado que Borràs deje su acta de diputada, pero la diputada no se lo plantea. “Dimitir sería asumir una responsabilidad que no tengo”, ha afirmado a las puertas del Supremo.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, mostró su apoyo a la diputada con un tuit: “Hoy se juzga a Laura Borràs, una mujer honorable, valiente, que estima la cultura y la lengua del país, una trabajadora infatigable por la Republica Catalana. Fuerza y determinación”. En mensaje genero críticas de la oposición porque Torra sostenía que el Supremo ”juzga” a la parlamentaria cuando en realidad solo le ha llamado a declarar como investigada.