La Fiscalía pide que se investigue a Camps por mentir en el juicio de la visita del Papa a Valencia

La Fiscalía Anticorrupción considera que el expresidente valenciano Francisco Camps “mintió palmariamente” durante su declaración como testigo en el juicio por las supuestas adjudicaciones irregulares a la trama Gürtel para la visita de Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Tras comunicar sus acusaciones definitivas contra los 22 acusados, la fiscal Concepción Nicolás ha pedido este martes al tribunal que investigue a Camps por falso testimonio porque el expresidente mintió “en hechos que pueden ser claramente constatables” y a pesar de que había sido “debidamente advertido” de su obligación de decir la verdad.

Camps compareció por videoconferencia en el juicio por la visita del Papa que se celebra en la Audiencia Nacional y aceptó declarar como testigo a pesar de que, al estar procesado en otros casos, no estaba obligado a hacerlo. Pero una vez que admitió someterse al interrogatorio de las acusaciones y las defensas, el expresidente valenciano tenía prohibido mentir. De lo contrario se arriesgaba a incurrir en un delito de falso testimonio (artículo 458 del Código Penal) castigado con penas de seis meses a dos años de cárcel, que es el que ahora la Fiscalía pide que se le aplique.

Aquel día Camps contestó a todas las preguntas, pero mantuvo algún rifirrafe con la fiscal Nicolás, a la que reprochó varias de sus preguntas y ante la que se mostró ofendido por considerar que el presidente de la Generalitat debía estar al tanto de cómo se estaba organizando la visita del Papa. “Eso es como si usted me dice que el presidente del Consejo General del Poder Judicial está al tanto de lo que está ocurriendo ahora en la Audiencia Nacional”, le dijo Camps, que negó haber tenido nada que ver con las supuestas adjudicaciones irregulares a la trama Gürtel. El expresidente contradijo además algunas de las afirmaciones realizadas durante el juicio por los principales acusados, como que, durante la boda de la hija de José María Aznar hubiera prometido a los cabecillas de la trama negocios en Valencia, y restó valor a su relación con Álvaro Pérez, El Bigote, uno de los cabecillas de la red corrupta y cuya vinculación con el expresidente saltó a los medios después de que se hiciera pública una conversación telefónica en la que Camps le llamaba “amiguito del alma”.

Camps se desvincula de la organización de la visita del Papa

La nueva petición de investigación le llega a Camps cuando todavía tiene pendiente el juicio por otra pieza de Gürtel en la que el expresidente sí está imputado: el contrato del stand de grandes eventos de la feria de Fitur del año 2009.

La Audiencia Nacional ha reanudado con las conclusiones definitivas el juicio a los 22 acusados por las supuestas irregularidades en torno a la visita del Papa a Valencia en 2006. Según la Fiscalía Anticorrupción, tras asumir la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) la señal de la retransmisión, el entramado de Gürtel consiguió que el ente público le adjudicara un montaje de pantallas y sonido en las calles de Valencia por “un precio desorbitado”, más de siete millones de euros.

Tras la vista oral, la mantiene que el entonces director general de RTVV, el acusado Pedro García Gimeno, vulneró las normas de la contratación pública y adjudicó los trabajos a la trama corrupta, con la que, según el ministerio público, se repartió más de tres millones de euros. La Fiscalía ha rebajado su petición de pena para 11 acusados que habían pactado confesar los hechos y algunos de los cuales han devuelto ya diversas cantidades de dinero. Entre ellos, El Bigotes, para quien ha solicitado diez años y cuatro meses de prisión, cuando en sus conclusiones provisionales reclamaba 37 años y tres meses.

La representante del Ministerio Público ha aclarado que la rebaja respecto a García Gimeno queda supeditada a que confiese todos los hechos en su turno de última palabra, una intención que ha manifestado en un escrito que ha presentado al tribunal. La fiscal ha mantenido sus peticiones de penas para los acusados que no han pactado con el ministerio público, entre ellos, Francisco Correa y Pablo Crespo, ya en la cárcel cumpliendo condenas por otras piezas de Gürtel, para quienes ha reclamado 38 y 37 años de prisión, respectivamente.