PSOE y PP negocian ‘in extremis’ un acuerdo de reconstrucción en sanidad y la UE

El PSOE y el PP han negociado este lunes por la tarde, in extremis, una serie de acuerdos de mínimos en materia sanitaria y sobre la UE para tratar de salvar el pacto para la reconstrucción tras la covid-19. El pleno del Congreso que debatirá las conclusiones de la comisión de reconstrucción empieza este martes por la tarde y votará el miércoles los dictámenes finales. El tiempo apremia: delegaciones de ambas partes se han reunido este lunes a última hora para discutir algunas enmiendas, sobre todo las relacionadas con recuperar poder para el Ministerio de Sanidad, lo que levanta suspicacias entre los socios nacionalistas del Ejecutivo. El plazo de negociación acaba este martes a las 16.00, cuando empiece el pleno.

No habrá ninguna reedición de los míticos Pactos de La Moncloa ni nada que se le parezca. No habrá acuerdos, siquiera, sobre los cuatro apartados en que se dividió la comisión especial sobre la reconstrucción social y económica del país tras la pandemia. Los consensos más amplios, si se dan, serán de mínimos y dejan fuera las propuestas del ámbito económico, a pesar de la recesión que se avecina. Las grandes discrepancias que separan en materia fiscal a los dos partidos del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, y al principal partido de la oposición, el PP, impiden ser más ambiciosos en un momento políticamente muy delicado, ante la posibilidad de un rebrote de la covid-19 y la grave crisis económica asociada a los meses de parón.

Pero la negociación no se ha roto y continúa hasta el último segundo. Un equipo negociador del PSOE y La Moncloa y otro del PP se han visto esta tarde y han acordado seguir hablando hasta el momento en que empiece el pleno de debate final en el Congreso, este martes a las cuatro de la tarde. En la cita de este lunes, el PSOE ha hecho llegar al PP una serie de enmiendas transaccionales que los populares están estudiando y planean remitir una contrapropuesta. Fuentes de la dirección del PP reiteraron, tras la última negociación, su intención de “seguir dialogando a fin de alcanzar un acuerdo de Estado por la Sanidad así como otro en materia de la UE”. Los asuntos económicos siguen fuera de ese perímetro.

Las delegaciones del PSOE y el Gobierno estuvieron encabezadas por la portavoz parlamentaria de la formación, Adriana Lastra, y el secretario general del grupo, Rafael Simancas, con el apoyo del secretario general de Presidencia, Félix Bolaños. Por el PP acudieron la portavoz en materia sanitaria, la exministra Ana Pastor, el secretario general de ese grupo, Guillermo Mariscal, que fue precisamente el portavoz en la comisión sobre la UE, y el portavoz económico, Mario Garcés.

El PP ya rechazó en su día, cuando acabaron las sesiones de trabajo —el 3 de julio—, cualquier pacto sobre aspectos económicos y relativos a cuidados sociales, que salieron adelante por escaso margen y gracias, sobre todo, al apoyo de última hora de los 10 diputados de Ciudadanos a los 155 que suman PSOE y Unidas Podemos. En los capítulos sobre la reconstrucción de la sanidad pública y el futuro de la UE, el PP optó en dicha comisión por la abstención, a la espera de una negociación final, en la que están inmersos esta tarde.

La discusión final se ha volcado sobre algunas medidas que el PP querría implantar ahora para recuperar competencias y un mayor control del Ministerio de Sanidad en casos de epidemias como la covid-19. Y, en menor medida, en la negociación europea, en la que el PP mantiene sobre la mesa una docena de enmiendas vivas (sin retirar). El dictamen sobre la UE de la comisión ya fue el que cosechó más votos afirmativos (183), solo seis negativos y 102 abstenciones (fundamentalmente las del PP).

En el Pacto Cajal para la reconstrucción de la sanidad pública, que el líder del PP, Pablo Casado, repite en cada comparecencia, los populares abogan por constituir una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial que incluya una unidad de seguimiento de pandemias, con un representante de cada una de las comunidades autónomas, bajo mandato de otro de la Administración General del Estado.

La portavoz popular en la comisión, la exministra de Sanidad Ana Pastor, esgrime a favor de esa iniciativa que el mayor problema constatado tras la pandemia de coronavirus no fue sanitario ni de carencias hospitalarias sino de la salud pública, de mala coordinación y prevención de la epidemia. El PP y otros partidos, como Ciudadanos, querrían que en esa agencia tuviera un gran peso la vigilancia del Ministerio de Sanidad, con representantes autonómicos. El PSOE puso algunos reparos a esa idea tras escuchar, según el PP, las quejas y recelos de varios de sus socios nacionalistas y en particular del PNV.

En varios de los debates abiertos en la comisión de reconstrucción tanto el PNV, como EH Bildu, ERC, JuntsxCat, el BNG o la CUP mostraron claramente su temor a que el Gobierno central aprovechase la gestión de la pospandemia para intentar recentralizar competencias ya transferidas a las autonomías. Tanto el PSOE y como los altos cargos gubernamentales que comparecieron aclararon varias veces que esa no sería nunca su intención, pero el asunto no ha quedado hasta ahora definitivamente resuelto.

Para los socialistas es un escollo clave en estos contactos finales que el PP quiera eliminar copagos farmaceúticos y no asegure el mantenimiento de la universalidad en la sanidad. Otra de las ideas que el PP volvió a defender en su último contacto negociador con el Gobierno y el PSOE fue la necesidad de montar un depósito de material de protección centralizado y la creación de un pool nacional de personal especializado que pueda ser desplazado a las distintas comunidades autónomas para atender las demandas de pandemias de este tipo.

290 propuestas aprobadas

El debate final en el pleno de las conclusiones de los cuatro grupos de trabajo comenzará el martes a las cuatro de la tarde, cuyos cuatro textos se llevarán a votación no conjunta el miércoles. El Gobierno parte con la ventaja de salida de saber que dispone de votos suficientes para sacar adelante los documentos ya ratificados en la comisión con la mayoría de sus socios de investidura, y en algún caso además con Ciudadanos. En los cuatro dictámenes consensuados hay 70 propuestas ya alcanzadas sobre sanidad, 140 sobre reactivación económica, 20 sobre cuidados sociales y 60 sobre la UE. Pero los demás partidos en la oposición aún mantienen vivas (sin retirar) 686 enmiendas.

La comisión se constituyó el 7 de mayo y durante sus dos meses de intenso trabajo (repartidos en 42 reuniones) ha escuchado a 125 comparecientes o expertos y recibido cientos de documentos, además de más de 600 aportaciones de la sociedad civil a través de un buzón público.

Podemos ha presentado un voto particular y el PP, ERC y Ciudadanos fijarán sus propias posiciones, con la posibilidad abierta de registrar más enmiendas transaccionales hasta que comience el pleno este martes.