El Supremo decidirá la legalidad de 30 millones entregados a Marruecos para frenar la inmigración irregular

La ayuda financiera entregada a Marruecos para frenar la inmigración irregular ha llegado al Supremo. El tribunal tendrá que decidir sobre la legalidad de 30 millones de euros que el Ejecutivo sacó en 2019 del fondo de contingencia de los Presupuestos para financiar parte del despliegue de las autoridades marroquíes con el objetivo de contener las entradas irregulares en España. La cuestión que estudiará el Supremo no es la ayuda en sí, sino si fue legal recurrir a ese fondo, una reserva presupuestaria destinada a necesidades “urgentes, imprevisibles e inaplazables”, como catástrofes naturales o la pandemia del coronavirus.

Tras conocerse la decisión del Ejecutivo de aprobar la partida, adelantada por EL PAÍS en julio del año pasado, un grupo de organizaciones sociales interpuso un recurso ante el Supremo para pedir su nulidad. Los demandantes —Access Info Europe y Andalucía Acoge— bajo la dirección jurídica de Gentium, y con el apoyo de Profundo denuncian un uso inadecuado del fondo, además de falta de transparencia. Las organizaciones señalan que no se ha justificado la posibilidad de atender el gasto con otras modificaciones presupuestarias. Rechazan también la excepcionalidad y la urgencia con la que el Ministerio del Interior justificó el uso de esa partida en torno a la idea de prevenir “una nueva crisis migratoria”.

La inyección de estos fondos a Marruecos fue una novedad. Primero porque Marruecos no se encontraba entre los receptores habituales de las ayudas destinadas a la cooperación policial internacional de las que se benefician sobre todo Senegal y Mauritania. Y, segundo, porque, el importe concedido a Marruecos casi doblaba el presupuesto aprobado para estas partidas, que cubren acuerdos con al menos seis países.

El Gobierno transfirió ese dinero a Rabat tras un año en el que España se convirtió en la principal puerta de entrada de la UE para la inmigración irregular. Cuando se cerró 2018 con un récord histórico de casi 58.000 desembarcos, Interior se impuso la meta de reducir los flujos a la mitad y, para ello, necesitaba la colaboración de Marruecos. Con los presupuestos de 2018 prorrogados y sin suficientes fondos disponibles para conseguir su objetivo, el departamento de Fernando Grande-Marlaska decidió solicitar un crédito a cargo de esa reserva presupuestaria. Las autoridades marroquíes no reconocen públicamente que exijan dinero a cambio de sus esfuerzos, pero es evidente que la cooperación del país vecino, con la que efectivamente se redujeron las cifras a la mitad en 2019, se compensa económicamente. La ayuda de España a Marruecos —que sumó 32,3 millones de euros al añadirse poco más de dos millones de fondos sí disponibles— se sumaba a otro paquete de transferencias europeas de 140 millones.

Los demandantes señalan al Supremo las carencias que identifican en el expediente administrativo por el que se justificó el uso del fondo de contingencia para ese fin nada habitual. La demanda destaca la ausencia de cualquier referencia al compromiso acordado con Marruecos para fundamentar el carácter inaplazable de la financiación, así como la falta de un desglose de los gastos que debían ser atendidos con urgencia. “Se trata de una infracción frontal de los pilares de cualquier expediente de modificación presupuestaria y una vulneración del principio jurídico de transparencia”, apuntan.

Estos 30 millones estaban destinados a financiar gastos de combustible, mantenimiento de los equipos de patrullaje y dietas y a compensar el esfuerzo que le supone a Marruecos la readmisión de sus nacionales y el retorno de subsaharianos a sus países de origen. La necesidad del gasto también se justificó genéricamente en el despliegue de las autoridades marroquíes para evitar saltos en algunos puntos de las vallas de Ceuta y Melilla que quedarían desprotegidos durante las obras que se están llevando a cabo para reforzar el vallado.

Los demandantes inciden en que la concesión y el uso de la financiación a terceros países en materia migratoria no solo debe ser más transparentes sino que las ayudas deberían estar condicionadas al respeto de los derechos humanos. “En este caso la rendición de cuentas al público es especialmente importante porque los fondos estaban destinados a cubrir operaciones de las autoridades marroquíes, que en varias ocasiones han sido denunciadas por los abusos cometidos contra las personas migrantes” señalan las organizaciones.