El bloqueo político impide al Congreso fiscalizar el CNI

La comisión de secretos oficiales se disolvió cuando Pedro Sánchez convocó las elecciones de abril de 2019; desde entonces no ha vuelto a formarse

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados el pasado 10 de junio.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados el pasado 10 de junio.Europa Press

En medio de la polvareda levantada por el supuesto espionaje a dirigentes de ERC, el único órgano parlamentario capacitado para supervisar la actividad de los servicios secretos lleva año y medio desactivado. Los vetos cruzados entre partidos mantienen bloqueada desde 2019 la comisión de secretos oficiales del Congreso, encargada de fiscalizar la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Esa comisión se disolvió cuando Pedro Sánchez convocó las elecciones de abril de 2019; desde entonces no ha vuelto a formarse.

La XIV legislatura se constituyó el pasado diciembre y pocas semanas después se fueron formando las comisiones parlamentarias: todas menos una. La Comisión de Gastos Reservados, conocida como de secretos oficiales, no tiene visos de constituirse a corto plazo ante las reticencias de algunos grupos a la presencia de otros partidos. El asunto no se ha debatido oficialmente en el Congreso, pero las fuentes consultadas señalan como una de las principales trabas que el PP, cuyo voto es imprescindible para nombrar a los miembros de la comisión, no es partidario de que Bildu esté presente en sesiones en las que se analizan asuntos secretos de Estado, aunque a los abertzales les corresponde un sillón al tener grupo parlamentario propio.

Las fuentes consultadas admiten que no es fácil deshacer ese bloqueo. En febrero pasado hubo una primera aproximación entre los portavoces parlamentarios, pero —siempre según estas fuentes— quedó patente de inmediato que habría vetos y el asunto se aparcó. Con la llegada de la pandemia, que trastocó la agenda política y parlamentaria, nadie ha vuelto a poner sobre la mesa la formación de esta comisión, entre cuyas funciones están el control de los gastos de fondos reservados, el análisis de informes y documentos reservados y secretos, la fiscalización del CNI y otros asuntos relacionados con la seguridad del Estado. En los últimos años, esta comisión ha escrutado los detalles de la lucha antiterrorista, de la investigación por los atentados del 11-M o de los vuelos de la CIA.

Respecto a los servicios secretos españoles, los miembros de la Comisión de Gastos Reservados, cuyos debates son secretos, son los únicos que pueden conocer los objetivos que haya aprobado el Gobierno en la llamada Directiva de Inteligencia, que recoge las prioridades del Ejecutivo en esta materia. De acuerdo con la ley que regula el funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia, los miembros de esta comisión son también los que conocen de los secretos oficiales, así como el informe anual sobre la actividad del CNI.

El bloqueo actual tiene ya consecuencias. Desde hace año y medio no se cumple la ley que obliga a la comparecencia, siempre secreta, del director del CNI, para dar cuenta de las actividades del centro, y las de los ministros que tienen la potestad de hacer uso de gastos reservados (Interior, Defensa y Exteriores), que también deben informar de esos gastos a la comisión. La actividad del CNI de 2019 no se ha sometido por tanto a este control, ni tampoco los objetivos del Gobierno en materia de inteligencia para este año.

No es la primera vez que se atasca la formación de la comisión de secretos oficiales, aunque nunca había estado tanto tiempo desactivada. En anteriores legislaturas, parte de la demora para constituirla se debió al rechazo del PP a que se integrara en la misma el grupo de ERC, al que pertenecen el presidente del Parlament, Roger Torrent, y el diputado Ernest Maragall, cuyos móviles fueron supuestamente hackeados en mayo del año pasado a través de un programa que solo pueden comprar Gobiernos y fuerzas de seguridad con el propósito de combatir el crimen y el terrorismo.

ERC, fuera en 2011

En la legislatura de 2011 a 2015, Esquerra Republicana se quedó fuera de la comisión por el veto reiterado del PP a los candidatos que los republicanos iban proponiendo. El PP admitió entonces que no era partidario de que Esquerra conociera las materias “sensibles” que se tratan en este grupo, sobre todo por su supuesta “cercanía” a Amaiur, la coalición que integraba a la izquierda abertzale heredera de Batasuna.

En aquella ocasión, ERC no tenía grupo propio, sino que lideraba el Mixto. Ahora los republicanos sí lo tienen, al igual que EH Bildu, y por tanto tienen derecho a integrar esta comisión. Según los portavoces consultados, la presencia de la formación abertzale constituye ahora el principal obstáculo para llegar a un acuerdo, ya que PP y Vox no son partidarios de que entren. Desde la izquierda hay también ciertas reticencias por parte de algunos diputados a que el partido de ultraderecha, tercera fuerza parlamentaria, esté presente en la comisión de secretos.

Los casos de espionaje a políticos independentistas catalanes han provocado que ocho partidos pidan explicaciones al Gobierno pero también la comparecencia del anterior director del CNI Félix Sanz Roldán, sustituido el pasado mes de febrero por Paz Esteban López. La responsable de los servicios de inteligencia, propuesta por la ministra de Defensa, Margarita Robles, “previa deliberación del Consejo de Ministros”, estaba al frente del organismo desde julio de 2019 cuando su antecesor dejó el cargo, aunque ya era secretaria general del CNI desde 2017 y trabaja en el centro desde 1983. Esteban no ha tenido ocasión de comparecer en el Congreso.

La última comparecencia del entonces director del CNI, el general Sanz Roldán, fue el 26 de julio de 2018, reclamado por el caso Corinna, después de que salieran a relucir grabaciones de Corinna Larsen, examiga de Juan Carlos I, en las que hablaba con el policía jubilado José Manuel Villarejo de las cuentas en Suiza del anterior jefe de Estado. Un asunto que todavía colea y que en las últimas semanas ha vuelto al primer plano por la investigación iniciada en la Fiscalía del Tribunal Supremo sobre las actividades de don Juan Carlos.

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