Anticorrupción pide otros 14 años de cárcel para Villarejo y 8 años para el empresario Juan Muñoz Tamara

La Fiscalía Anticorrupción sigue adelante con el caso Villarejo y ha presentado su escrito de acusación en la conocida como Pieza Thew-Pintor, donde se investiga el supuesto encargo que el empresario Juan Muñoz Tamara, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, y su hermano Fernando hicieron al comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar a un exsocio y a su abogado. Después de que el juez Manuel García-Castellón diese por concluida esta línea de las pesquisas y procesase a 14 personas, el ministerio público ha presentado sus solicitudes de condena. Según consta en dicho documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los fiscales quieren que se imponga por esta parte de la Operación Tándem una pena de 14 años de cárcel a Villarejo y de ocho al esposo de la presentadora de televisión.

Según detalló el magistrado en un auto, este encargo a la trama de Villarejo surge a raíz de la larga batalla que mantenían los Muñoz Tamara con un exsocio, M. M. N. Todo empezó hace un lustro en Sevilla, donde Fernando Muñoz, su padre (Fernando Muñoz Nogera) y M. M. N. se encontraban pendientes de juicio por un delito contra la hacienda pública. Según explica Anticorrupción, los empresarios habían “maniobrado” para que el socio asumiera toda la responsabilidad. Pero aunque M. M. N. lo aceptó en un primer momento, finalmente cambió de abogado y rechazó esta idea. Además, se declaró insolvente, por lo que la Agencia Tributaria no iría después contra él, pese a que los Muñoz afirmaban que lo había hecho para ocultar su patrimonio real y eludir la deuda.

“Entonces, [los procesados] comenzaron a idear otras acciones para conseguir el retorno de M. M. N. a su anterior posición”, detalla la Fiscalía en su escrito de acusación, fechado el pasado 26 de junio. En ese contexto, “contrataron a Villarejo para que les proporcionara información sensible y de acceso restringido” de su exsocio y de su abogado. Querían conseguir datos comprometedores de ellos para “presionarlos” y lograr así cerrar un acuerdo ventajoso para los Muñoz Tamara, según describe el juez. Los implicados siguieron a las víctimas, las grabaron con cámaras ocultas y recabaron información de “bases de datos policiales de carácter restringido”. También consiguieron vídeos con prostitutas y cocaína.

Según los investigadores, los hermanos pagaron 20.000 euros a la organización del comisario jubilado. Eso sí, Villarejo advirtió a sus clientes de que “la tarifa” subiría en el futuro, ya que el antiguo agente de la Policía Nacional vendía esta operación por 150.000 o 200.000 euros. “Menos no se cobra por esos curros, porque si te pillan te comes cuatro años por revelación de secretos”, afirmaba en una conversación grabada e incorporada a la causa.

La Fiscalía, que atribuye a los procesados delitos de revelación de secretos y extorsión, pide casi 14 años de cárcel para Villarejo —para quien ya ha solicitado otros 95 años y 10 meses de cárcel en otras dos líneas de investigación de esta macrocausa—. Por su parte, Anticorrupción pide que se imponga una pena de ocho años de prisión a los Muñoz Tamara. La causa también sigue adelante contra el hijo del comisario jubilado, José Manuel Villarejo Gil (para quien se exigen 14 años de prisión); contra varios de sus colaboradores, Rafael Redondo (14 años), Antonio Bonilla (8 años) y Javier Fernández (8 años); contra el grupo de detectives subcontratados para espiar a las víctimas (12 años), y contra los dos abogados de los empresarios (uno de los cuales se enfrenta a una pena de 14 meses y el otro a 6 años y un mes).

Podemos, también personado en el caso como acusación popular, ha pedido penas más altas. La formación de izquierdas solicita 16 años de cárcel para el antiguo agente de la Policía Nacional, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, así como una pena de 17 años de cárcel para el esposo de la popular presentadora de televisión. De hecho, el partido también ha solicitado que Quintana declare en el juicio como testigo. Villarejo llegó a ofrecer sus servicios a la presentadora de Telecinco, pero ella los rechazó.

A través de otro auto fechado el pasado 13 de julio, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez ha ordenado ya abrir el juicio oral en esta pieza Thew-Pintor. García-Castellón también lo ha hecho ya en la pieza Iron, donde se investiga otro encargo a Villarejo por parte del bufete de abogados Herrero & Asociados para espiar a un despacho rival, según consta en un otro auto fechado el mismo día.