La sorda batalla de la reforma laboral

La semana pasada, Pedro Sánchez logró una imagen soñada que supuso un gran impulso para el Gobierno en plena negociación del fondo europeo y dejó al PP muy aislado: patronal y sindicatos en La Moncloa, con la cúpula económica del Ejecutivo, aplaudiéndose unos a otros por un gran pacto por el empleo. Todo fueron buenas palabras. El Gobierno logró lanzar así un mensaje fuera y dentro: pasado lo peor, el Ejecutivo se consolida, la coalición ha venido para quedarse y la legislatura será larga. Y Sánchez puede negociar en Bruselas con el aval de la patronal, algo muy valorado en los ambientes liberales que dominan los debates europeos.

Empresarios y sindicatos eran muy conscientes de que ese sería el mensaje, y pese a algunas discrepancias con el Ejecutivo decidieron contribuir por un bien mayor: la estabilidad política y sobre todo la necesidad de empezar con buen pie la negociación más dura, la de la reconstrucción, en la que el dinero público será fundamental para salvar empresas y proteger a los trabajadores.

Sin embargo, por debajo de estas buenas palabras se respira, según fuentes políticas, sindicales y empresariales, una tensión importante que puede estallar en las próximas semanas si no se encuentra un punto de equilibrio antes del 30 de septiembre, cuando se acaba la prórroga de los ERTE y empezará la crisis de verdad, con decisiones en todas las empresas sobre recortes de plantilla o bajadas salariales muy fuertes.

Todos los caminos conducen ahí a la reforma laboral del PP. Los empresarios y un sector del Gobierno liderado por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, apuestan por no tocar nada de esa ley ahora. Los sindicatos y los ministros de Unidas Podemos, que en esto coinciden con las posiciones de sectores del PSOE, reclaman algunos cambios en esa reforma cuanto antes precisamente para evitar que las empresas utilicen el gran margen que da el texto del PP, de 2012, para despedir barato y forzar una devaluación salarial brutal en este otoño con descuelgues de los convenios.

De momento la paz social es la norma en la crisis del coronavirus. El Gobierno, con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como principal negociadora con patronal y sindicatos, ha logrado acordar con los agentes sociales todos los pasos. Pero por debajo las cosas no son tan sencillas. Ha habido tensiones muy fuertes en la negociación. El líder de la patronal, Antonio Garamendi, ha estado a punto de romper ese diálogo en varias ocasiones. Y ha dejado claro que la reforma laboral del PP es su línea roja.

De hecho, en la elaboración del documento del acuerdo por el empleo que se firmó la semana pasada los empresarios lograron imponer que no hubiera una sola referencia al cambio de las partes más lesivas de la reforma laboral que está en el programa de Gobierno. No había ninguna mención explícita a la reforma.

Sin embargo, los sindicatos ya han lanzado un mensaje muy claro al Gobierno: si en septiembre no hay avances en el diálogo social en las cuestiones más lesivas de esa reforma y que ya se estaban negociando antes del coronavirus —negociación colectiva, prevalencia de los convenios de sector, ultraactividad— le van a exigir que legisle sin esperar a los empresarios o se acabará la paz social.

En el Gobierno creen que habrá acuerdo, pero ya se ven los primeros síntomas de tensión. Unai Sordo, líder de CC OO, lanzó el jueves un mensaje en Twitter después de una entrevista de Sánchez en Eldiario.es en la que dijo que para retocar la reforma tiene que haber consenso. “Es preocupante que el presidente otorgue derecho de veto a la patronal respecto a la reforma laboral. Es el camino más directo para que permanezca intacta. Una reforma pensada para reducir los salarios puede ser letal en otoño”, escribió Sordo.

La posibilidad de movilizaciones de los sindicatos o incluso de una huelga general no está ni de lejos encima de la mesa ahora. La negociación es la norma. Un escenario de huelga, que ya sufrió José Luis Rodríguez Zapatero por la anterior reforma laboral, sería muy difícil de gestionar para una coalición de PSOE y Unidas Podemos. Por eso todas las fuentes consultadas creen que se encontrará un acuerdo, aunque no parece sencillo.

La patronal se siente más fuerte para intentar frenar cualquier ajuste de esa reforma después del fiasco de la negociación con Bildu. El PSOE pactó por escrito con este partido y con Unidas Podemos una “derogación íntegra”. Los empresarios se indignaron, ejercieron su presión y el Gobierno rectificó ese acuerdo en horas. La tensión dejó en evidencia la distancia entre Calviño, que logró desautorizar el pacto, y Pablo Iglesias, que lo defendió.

Esa disputa ha debilitado a los que apostaban por presionar a los empresarios para que aceptaran al menos unos primeros retoques para afrontar el otoño con más garantías para los trabajadores. Fuentes del Ejecutivo señalan que Calviño reforzó su posición en esa batalla. Pero Iglesias y Díaz, apoyados por sectores del PSOE que defienden ajustar al menos esos aspectos de la reforma laboral, mantienen la presión.

Ahora todo dependerá de la capacidad de influencia que tengan la patronal, los sindicatos y los diversos sectores del Gobierno en el presidente, que toma la decisión. Y también de la situación económica que se encuentren en septiembre. Si la crisis se agudiza y el paro se dispara, la capacidad de negociación de los sindicatos será mucho menor.