El giro del ‘caso Dina’ da alas a la mafia policial

El vicepresidente Pablo Iglesias ha pasado de víctima a sospechoso en un giro jurídico cargado de paradojas. Principal perjudicado de una mafia policial que fabricó acusaciones falsas contra él y su partido, el líder de Podemos es ahora sospechoso en ese mismo procedimiento judicial. El magistrado Manuel García Castellón investiga si cometió daños informáticos relacionados con el robo del teléfono móvil de Dina Bousselham, asesora de Iglesias en el Parlamento Europeo entre 2014 y 2015 en un lío jurídico mayúsculo con aún muchas cuestiones por dilucidar.

La revelación de secretos por la que se abrió el caso Dina perjudicó principalmente a Iglesias. Los secretos —bromas machistas del vicepresidente en un grupo privado de Telegram o informaciones internas de Podemos— fueron publicados por algunos medios de comunicación. Los daños informáticos se refieren a la tarjeta del teléfono móvil de Bousselham que guardó Iglesias durante meses y de la que tenían copias el comisario José Manuel Villarejo y, al menos, Interviú, El Mundo, El Confidencial y Ok Diario, según la investigación judicial. Cuando Bousselham recuperó la tarjeta, después de que se la devolviese Iglesias, no pudo acceder a la información que contenía porque estaba dañada. Estas son algunas de las claves de este enrevesado caso.

La historia de esta causa, abierta en marzo de 2019, comenzó el 1 de noviembre de 2015 cuando Dina Bousselham denunció en comisaria que le habían robado su teléfono móvil. Parecía un incidente más de delincuencia común hasta que el 20 de enero de 2016, el presidente del grupo Zeta, Antonio Asensio, entregó a Iglesias la tarjeta de memoria del teléfono robado a Bousselham, que había llegado a Interviú en un sobre sin remite. Tras mostrarle parte de su contenido —fotos íntimas de la asesora, correos electrónicos y otras comunicaciones—, Asensio garantizó a Iglesias que ningún medio de su grupo publicaría ese material.

Tres meses después, un directivo de la revista facilitó a Villarejo una copia de la tarjeta. La policía halló en el domicilio del comisario hasta tres copias del material robado, hechas entre abril y junio de 2016. La información del contenido de la tarjeta se publicó en Ok Diario, medio con el que el comisario mantenía continuos contactos, según la investigación.

En un primer momento, el caso parecía claro, así como el hecho de que había sido Villarejo quien había facilitado la información a terceras personas. La historia se complica cuando salen a la luz algunos hechos nuevos: que Iglesias retuvo durante seis meses la tarjeta de su asistente —no se la entregó hasta el verano de ese año—, que ella no lo había declarado, que la tarjeta estaba dañada cuando él se la dio y que ella había enviado a algunos contactos capturas de chats antes del robo del móvil.

Sobre la primera cuestión, el líder de Podemos asegura que si no devolvió antes la tarjeta a su propietaria fue porque no quería meter “más presión” a su asesora en un momento en el que “lo estaba pasando mal” debido a que algunos “medios digitales” contaban que Bousselham mantenía una relación sentimental con él. Pero el problema real para avanzar con la acusación contra Villarejo son los pantallazos y sus envíos, porque complican la prueba de que fue el comisario jubilado quien facilitó la copia de la tarjeta robada a varios medios. “Y los periodistas que publicaron la información, cuyo testimonio podría ser clave para determinar la autoría de los delitos, se acogerán a su derecho constitucional a no revelar la fuente que les facilitó la tarjeta”, explican fuentes de la Fiscalía Anticorrupción.

El giro judicial en la causa ha dado alas a Villarejo, quien por otro lado está intentando desprestigiar la actuación de los fiscales usando otro de los elementos nuevos: el papel de los abogados de Podemos. Los letrados mantuvieron conversaciones a través de un grupo de Telegram, publicadas por El Confidencial, en las que una de las abogadas, Marta Flor, insinúa la ayuda supuestamente ilegal de Anticorrupción a su causa —sugiriendo además una relación estrecha con el fiscal Ignacio Stampa—.

Vox ha denunciado a Iglesias, Dina Bousselham, Marta Flor y el fiscal Ignacio Stampa ante la Fiscalía por falso testimonio, denuncia falsa, simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos. El PP da por hecho que Anticorrupción trabajó ilegalmente para favorecer a Podemos y ha pedido las comparecencias del vicepresidente y de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado.

Anticorrupción no ha encontrado ilegalidades en la actuación de los dos fiscales del caso. “No hubo incumplimiento del secreto de sumario”, señalan fuentes conocedoras de esa investigación. “Y la actuación procesal de los fiscales no revela ninguna connivencia ni complacencia con Podemos. De hecho, los fiscales se han opuesto a la mayoría de peticiones de los abogados de Podemos [que actuaban como acusación particular] sobre entradas y registros, sobre prestación de fianza, sobre la incorporación al sumario del informe PISA, de financiación irregular o del pequeño Nicolás. Quien se lea el procedimiento con objetividad no puede apreciar ni que haya un pacto ni una línea común con Podemos”, señalan las mismas fuentes. Los fiscales se pronunciaron en contra de la mayoría de las peticiones de Podemos, a las que en algunos casos calificaron de “improcedentes, superfluas, inútiles e impertinentes”.