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Los 3.217 cuerpos sin nombre

En España hay miles de cadáveres sin identificar y 13.633 desparecidos. La deficiente gestión de los datos no logra que encajen las piezas de un puzle dramático

Patricia Ortega Dolz
Imagen del archivo policial de Blanca Otero Álvarez y retrato robot de “la Dama del Camello”.
Imagen del archivo policial de Blanca Otero Álvarez y retrato robot de “la Dama del Camello”.

No era ella. Durante unos días del pasado mes de junio pareció que el enigma de la Dama del Camello iba a resolverse, por fin, casi 20 años después. Blanca Mabel Otero Álvarez, desaparecida en León en 1995, era el nombre de la candidata —una más en esta intrigante historia— para dotar de identidad a aquel cuerpo arrojado por las olas en 2001 a la playa del Camello, las orillas santanderinas que le ha dado el nombre que le falta a esa mujer hasta hoy. Pero no era ella.

Las esperanzas del inspector Guillermo J. Rosewarne, que se jubiló recientemente sin poder identificar a la misteriosa mujer ahogada en esas aguas cántabras, volvieron a chocar de bruces con los exhaustivos cotejos del inspector José Carlos Beltrán, Jefe de Grupo de Necroidentificación y Retrato Robot de la Policía Nacional.

“Cuando vi la foto, los rasgos antropométricos y ese lunar en la frente ya tuve grandes dudas”, señala Beltrán ante la imagen de ambas mujeres. “Pero fue definitivo el contraste de la huella dactilar del DNI de la candidata con la necrohuella que se le tomó a la mujer ahogada. No coinciden, y tampoco su perfil genético con el de quien creía ser su presunto hermano”.

Entonces, ¿quién es la Dama del Camello? Y ¿dónde está Blanca Otero?: “¿Dónde están nuestros 13.633 desparecidos (denuncias actualmente activas) y quiénes son nuestros 3.217 cadáveres?”, amplía el inspector Beltrán y lanza la pregunta del millón, la razón de ser de su trabajo y el de las tres personas de su equipo, dentro de la Policía Científica.

La base de datos de Personas Desaparecidas y Restos Humanos sin Identificar (PDyRH), gestionada por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) en el Ministerio del Interior desde 2018, nació en 2011 con el objetivo de aglutinar los datos de todas las policías (también las autonómicas) y de la Guardia Civil para hacer encajar las piezas de un puzle que sigue sin cuadrar.

Hasta entonces existía solo un registro de cuerpos y restos humanos datados desde 1968, que es el cadáver más antiguo sin identificar que hay en España: “Un señor muerto en Vitoria el 4 de enero de ese año”, señalan fuentes del departamento de necroidentificación de la Policía. La denuncia activa más antigua es por la desaparición de un hombre en Valladolid el 1 de enero de 1924, aunque no fue denunciada hasta 1996. Sin embargo, el gran problema del llamado “Sistema PDyRH” es que solo “un pequeñísimo porcentaje (entorno a un 4%) del volumen de las desapariciones denunciadas anteriores a ese año 2011 ha sido incorporado a esa base de datos, lo que imposibilita encontrar correspondencias entre las descripciones de una gran parte de las personas ausentes y los cuerpos sin identificar existentes”, explica el inspector Beltrán. La razón: “Deben de introducirse los datos uno a uno, de manera manual, y no hay medios humanos suficientes para eso, se va haciendo poco a poco, a ratos”, asegura.

El caso de la Dama del Camello ejemplifica las enormes dificultades de esta ardua tarea de encajar historias humanas perdidas que ocultan angustias eternas y enormes dramas familiares.

“Una desaparición sin causa aparente es un misil contra el núcleo de cualquier familia”, recuerda Paco Lobatón, de la Fundación QSDGlobal (Quién Sabe Dónde), dedicada a la atención y reivindicaciones de los familiares de desaparecidos y que lleva años funcionando como bisagra entre el desconsuelo de ellos y el Estado.

“Los familiares de personas desaparecidas pueden enfrentarse hasta a una triple victimización: primero la desaparición, luego el abandono del Estado y muchas veces, cuando casi milagrosamente logramos hacer encajar la pieza del puzle, llegamos tarde, y los restos han sido incinerados o arrojados a un osario común”, cuenta Beltrán, que ha puesto en evidencia las “grandes deficiencias” de la gestión de datos relativa a desaparecidos y cadáveres sin identificar en los numerosos estudios e informes que ha realizado: “Antes no había sistema, ahora hay sistema pero no datos”, resume.

La Policía Científica lleva años demandando “a efectos humanitarios” que el DNI incluya un sistema automático de cotejo de la huella dactilar, de manera que se pueda lanzar una huella de un cadáver contra ese archivo e identificar a la persona. “Una base policial que utiliza esa tecnología es el Sistema Automático de Identificación Dactilar (SAID), que únicamente guarda las de quienes han cometido un delito, de manera que sus huellas llevan directamente a los delincuentes”.

Pero el fichero del DNI no permite realizar búsquedas automatizadas dactiloscópicas. “Por eso ante una catástrofe o un atentado como el del 11-M no se puede identificar a las víctimas salvo que alguien aporte su filiación, su nombre; y por eso tampoco se sabe quien es la Dama del Camello”, dice Beltrán.

Por otra parte, en España, el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria está transferido a las comunidades, y cada una gestiona los cuerpos sin identificar a su modo. “Unas los incineran a los 10 años, otras a los 20… Es necesario homologar criterios y proteger el derecho de las familias a encontrar a sus seres queridos, aunque sea muertos”, defiende Beltrán, que ha visto “el alivio” de quien deja de vivir buscando.

El inspector Rosewarne, cuyo departamento sigue presidido —pese a su retiro— por el retrato robot de la Dama del Camello, sabe bien lo que es el paso del tiempo. Acude de vez en cuando a poner flores a la única tumba sin nombre del cementerio de Santander: “El año que viene, al cumplirse 20 del sepelio, la desenterrarán”, advierte.

Pero esa mujer, que tendría entre 40 y 45 años cuando murió, que llevaba una bolsa del Corte Inglés con un bote de colonia de bebé, de la que nadie se acordaba en la tintorería pese a la etiqueta grapada en su chaqueta; esa mujer cuyo retrato robot publicaron los diarios locales, tuvo una historia hasta el día en que presuntamente —según los investigadores— se lanzó al mar. Y quizá algún familiar la recuerde en alguna parte, sin saber donde está.

Es el caso de René Otero, el vecino de Gijón que sigue buscando a su hermana Blanca, desaparecida en 1995. Según consta en la denuncia presentada en comisaría el pasado 28 de mayo, al saberse buscada por su madre, ella envió una carta en 1999 con una foto reciente de entonces (en esta página) y una súplica: “No me busquéis, estoy bien”. Un año más tarde, en 2000, llegó a casa de su madre “por error, un informe médico”. Veinte años después, cuando su hermano leyó la historia de la Dama del Camello en la prensa y vio el retrato robot, creyó ver a su hermana y acudió de nuevo a denunciar a la policía: “Tiene que ser ella”. No era. ¿Pero dónde está entonces Blanca? ¿Está viva? ¿Sabrá que aún la buscan? La policía ha constatado que “hace tiempo” que no renueva su DNI y que no trabaja. La investigación continua.

Escupidos por el mar y enterrados lejos de su origen

Aproximadamente un tercio de los 3.217 cadáveres sin identificar que hay en España corresponden a cuerpos arrojados por el mar a nuestras orillas procedentes de naufragios de embarcaciones que trataban de alcanzar irregularmente nuestras costas desde el norte de África, según los cálculos de la Policía Científica. La mayor parte de ellos se encuentran enterrados en cementerios próximos a las zonas donde han sido hallados, normalmente, en el sur de España.

En la identificación de estos cadáveres, casi siempre correspondientes a personas de otros países, se vuelve crucial la colaboración de ONG como Cruz Roja, señala el inspector de la Policía Científica José Carlos Beltrán. “Muchas de esas embarcaciones están semicontroladas desde su partida, sobre todo por familiares que esperan la llamada de quienes han subido a bordo y saben cómo iban vestidos, si tienen alguna marca que pueda individualizarlos (lunares, manchas en la piel, cicatrices, tatuajes) o alguna pieza dental que pueda distinguirles de otros”, cuenta Beltrán. “En muchas ocasiones son las ONG que asisten a los inmigrantes las que pueden llegar a estar en contacto con esos familiares y facilitarnos esos datos”, añade.

“El volumen de cadáveres más significativo con el que nos encontramos, por el origen de los cuerpos en su deriva, es sin duda alguna el que procede de la zona del Estrecho de Gibraltar, en las provincias de Cádiz, en Ceuta y Melilla, además del archipiélago canario, donde se ha encontrado el 51% del total de los cadáveres en estas circunstancias por todas las fuerzas y cuerpos de seguridad”, recoge Beltrán en uno de sus estudios (con datos comparados hasta 2015).

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Sobre la firma

Patricia Ortega Dolz
Es reportera de EL PAÍS desde 2001, especializada en Interior (Seguridad, Sucesos y Terrorismo). Ha desarrollado su carrera en este diario en distintas secciones: Local, Nacional, Domingo, o Revista, cultivando principalmente el género del Reportaje, ahora también audiovisual. Ha vivido en Nueva York y Shanghai y es autora de "Madrid en 20 vinos".

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