La Fiscalía se querella contra el líder de Vox en Andalucía por presunto fraude de subvenciones

El Ministerio Público considera que el juez Serrano y su socio no realizaron el proyecto para el que percibieron en 2016 una ayuda de 2,5 millones de euros

El líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, durante el debate de las enmiendas a la totalidad del presupuesto de la Junta de Andalucía, en junio de 2019.
El líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, durante el debate de las enmiendas a la totalidad del presupuesto de la Junta de Andalucía, en junio de 2019.PACO PUENTES / EL PAIS

Se estrecha el cerco judicial contra el líder de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, por unas ayudas públicas de 2,5 millones de euros que él y su socio recibieron en 2016 del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital para la puesta en marcha de un proyecto empresarial que jamás se realizó. Así lo entiende la Fiscalía Superior de Andalucía que ha interpuesto una querella criminal contra el juez en excedencia y su asociado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por considerar que existen indicios de delito de fraude de subvenciones.

En su escrito, el Ministerio Público señala que la presunta infracción está tipificada en el artículo 308 del Código Penal, que castiga el fraude de subvenciones con una pena de uno a cinco años de prisión. La querella se presenta al TSJA porque Serrano, que concurrió a las elecciones a la Junta de Andalucía como cabeza de lista de Vox, tiene la condición de aforado al ser diputado del Parlamento regional.

El 30 de marzo de 2016 Serrano constituyó junto a su entonces socio Enrique Pelegrín Díaz, sobre el que también recae la querella de la Fiscalía, la sociedad limitada Bio Wood Niebla, con un capital social de 1,2 millones de euros. A través de esa entidad solicitaron al Ministerio de Energía una ayuda para instalar en Niebla una fábrica de pellets (prensado a base de madera). El proyecto recibió el 1 de diciembre de ese mismo año una subvención pública de 2,5 millones de euros a devolver en 10 años, con tres de carencia.

De la investigación practicada por la Fiscalía de Sevilla en noviembre de 2019, se concluye que “no consta la realización del proyecto comprometido para la fabricación de pellets para la que se solicitó la ayuda ni el reintegro del préstamo”. La fabrica nunca llegó a constituirse. La sociedad solo depositó sus cuentas en el Registro Mercantil en 2017. De acuerdo con la orden ministerial por la que se concedieron las ayudas a Serrano y su socio, el plazo para su devolución terminaba el 24 de agosto de 2018. Industria reclamó el pago y al no recibir respuesta inició el procedimiento de reintegro del préstamo que se resolvió el 5 de junio de 2019. El 20 de julio de ese año el caso pasó a la Agencia Tributaria.

La organización de consumidores Facua fue la primera en denunciar ante los tribunales la negativa del juez Serrano a atender los requerimientos de la Administración, a la que, posteriormente, se sumó el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Durante la investigación, el presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía declaró que él fue administrador de Bio Wood Niebla entre abril de 2016 y el 4 de octubre de 2017. “En el momento de constituirse se aportan dos máquinas que fueron aportadas por el otro socio quien tenía sociedades en materia de biomasa”, señaló Serrano, que añadió que había sufragado “todos los gastos” que generó la sociedad desde su constitución “sin tomar decisión ninguna”. El juez sostuvo que “el crédito, no subvención”, fue concedido el 31 de diciembre de 2016. “Al interesarme por la situación de la maquinaria me explicaron que no se había podido adquirir”, señaló Serrano, lo que le suscitó “falta de confianza” en el proyecto. El diputado de la formación afirmó que había denunciado a su exsocio. “No he visto ni un solo euro del crédito y mucho menos tengo responsabilidad alguna con que no haya sido devuelto en los plazos marcados”, aseguró.

El juez Serrano y su partido han sido muy críticos con la concesión de subvenciones públicas, que ellos denominan “paguitas”, a lo que consideran “chiringuitos”, en concreto los vinculados a colectivos de mujeres, feministas, ONG que trabajan con migrantes y entidades memorialistas. Cuando el 8 de junio se supo que la Fiscalía de Sevilla había trasladado su investigación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Vox restó importancia al asunto asegurando que “el tema no existía como tal”. Manuel Gavira, uno de sus diputados en la comunidad, advirtió no obstante: “Otra cosa es que, cuando llegue el momento oportuno, efectivamente se produzca una acusación, un encausamiento. En ese caso ya habrá que determinar de alguna manera las medidas oportunas”. Este periódico ha tratado de ponerse en contacto con Serrano y con miembros de su partido, sin éxito.

Desde que concurrió como cabeza de lista por Andalucía, Serrano ha ido cayendo en desgracia dentro de su propio partido, hasta el punto de quedar casi arrinconado. Primero se le apartó de la portavocía y más tarde se le relevó de la comisión de Igualdad, donde ejercía de adalid contra las políticas en materia de mujer. Sus críticas en redes sociales tras conocerse la condena por parte del Tribunal Supremo a la Manada le valieron una advertencia por parte de Vox, una presión que le llevó a cogerse una baja por enfermedad.

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