Un Estatut en un cajón

El Tribunal Constitucional dictó hace hoy 10 años la sentencia del Estatut que provocó un terremoto de tal magnitud que sacudió y transformó de arriba abajo la política catalana. Miquel Roca, padre de la Constitución, afirmó que se quebró el pacto constitucional. Y fue el momento en que muchos creen que el catalanismo gestó su evolución mayoritaria hacia el independentismo. Cientos de miles de personas, en un prólogo de las multitudinarias manifestaciones de las Diadas de la década, se manifestaron el 10 de julio para protestar contra la sentencia. El Estatut, impulsado por el president Pasqual Maragall, duerme ahora en un cajón ignorado por el independentismo y sin consenso para luchar por su versión original.

La sentencia generó una ola de indignación tan enorme que el entonces president José Montilla compartió pancarta con Artur Mas, líder de CiU y de la oposición. Todos los partidos se sumaron salvo el PP. El lema de la protesta, convocada por Òmnium Cultural, fue: Som una nació. Nosaltres decidim. Hoy, su actual presidente, Jordi Cuixart, cumple condena por sedición por los hechos del 20 de septiembre de 2017. De 135 diputados del Parlament, 115 rechazaron el fallo. Ese consenso es hoy imposible en una cámara partida en dos mitades casi perfectas a favor o en contra de la independencia y los líderes del procés en prisión o huidos.

Tras cuatro años de deliberación —el Estatut se aprobó en 2006 y la sentencia llegó en 2010— el Tribunal, muy cuestionado por su falta de renovación, emitió una sentencia en la que quitó valor jurídico al preámbulo en el que Cataluña se proclamó nación y anuló 14 artículos. Entre ellos, el uso preferente del catalán en la Administración; que las decisiones del Consejo de Garantías Estatutarias fueran vinculantes; que el Síndic de Greuges tuviera competencias exclusivas; la capacidad normativa de la Generalitat para los tributos locales o la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña que pretendía descentralizar el poder judicial.

Al margen de esos 14 artículos, la mayoría de ponentes del Estatut coinciden en que los magistrados reinterpretaron una treintena de artículos más y en conjunto “desactivaron” buena parte del texto con “observaciones preventivas”, como dice Joan Ridao, que fue ponente de ERC y hoy letrado mayor del Parlament.

Jaume Bosch, exdiputado de Iniciativa, ve una “frivolidad” que los socialistas dijeran que se salvó el 95% del Estatut y alega que la sentencia desactivó el blindaje de las competencias desbrozando el camino a multitud de recursos y multiplicándose los contenciosos. A Francesc Homs, exdiputado del PDeCAT, condenado por el 9-N, no le agrada la metáfora pero dice que define lo que pasó: “Fue una castración química. El Estatut quedó como un manual de instrucciones desnauralizado”.

Los socialistas han sido los que más han reivindicado el Estatut y José Luis Rodríguez Zapatero lo hizo justo después de emitirse la sentencia y también en 2016. Meses antes del referéndum del 1 de Octubre, el PSC y el PSOE aprobaron la Declaración de Barcelona que plantea rescatar artículos anulados. Pero esa propuesta nunca sedujo a un lado y otro del hemiciclo. “Si un Govern quiere justificar la ruptura difícilmente reforzará el autogobierno”, reflexiona Miquel Iceta, líder del PSC. “Lo primero que debería hacer es desplegar el Estatut”. El socialista le ve recorrido en áreas como la inmigración o inspección de trabajo. Homs replica que los socialistas nunca han planteado en serio recuperar partes del Estatut, aunque Pedro Sánchez planteó en 2018 votar un nuevo texto.

Si un Govern quiere justificar la ruptura difícilmente reforzará el autogobierno”, reflexiona Miquel Iceta

El consenso de 2006 está ahora atomizado pero todos apuntan que lo peor fue que el Constitucional laminara una ley refrendada en un referéndum tras ser aprobada en el Parlament, el Congreso y el Senado. “Fue lo que peor me supo. El problema fundamental fue alterar una ley a la que fue tan difícil llegar”, añade Iceta, recordando las convulsas deliberaciones previas que incluyeron episodios tan sorprendentes como el acuerdo Mas-Zapatero. El texto se aprobó en medio de la euforia en septiembre de 2005 pero ya era consciente, dice Iceta, de la dificultad que podría tener al llegar al Congreso: “Quizá fue un poco temerario no intentar un consenso más amplio”. PP y ERC pidieron el “no” en el referéndum pero fue aprobado por una amplia mayoría y una participación que no alcanzó el 50% del censo.

Con la sentencia, Ridao lamenta que el Constitucional se erigiera en una suerte de poder “neoconstituyente” y Bosch sostiene que el choque de legitimidades fue de tal magnitud que lo que “rompió” el tribunal solo se soluciona “volviendo a votar”. “La sentencia generó un estruendo cósmico. Nació de las entrañas del Estado”, critica Homs. Y recuerda que el Defensor del Pueblo, además del PP, recurrió el Estatut.

Ridao, Bosch y Homs, ponentes del Estatut, coinciden en que la sentencia anuló 14 artículos y dejó inoperativo, con sus interpretaciones, buena parte del texto

Apartado de la primera línea política, Homs prefiere no hacer pronósticos pero muestra su estupor por el hecho de que los políticos puedan acabar en la cárcel por organizar una votación. El independentismo considera en general que el Estatut es una pantalla pasada y clama por un referéndum. Mientras, Iceta aboga por una salida que tenga el apoyo de dos tercios de la Cámara, la misma que el Parlament se impuso para aprobar el Estatut. “Hay que pensar bien el objetivo y la estrategia”, dice afirmando que es un problema entre catalanes.

Bosch prioriza dos cosas: la salida de los presos de la cárcel y que la mesa de diálogo funcione. “Con un Gobierno de izquierdas, no habrá mejor ocasión que esta”, dice sugiriendo una consulta pactada para votar los acuerdos de la mesa y que el Parlament pida una reforma que prevea el derecho a la secesión. Ridao admite que el Estatut tuvo un final más bien infeliz, pero que valió la pena el intento: “El debate sobre la organización territorial del Estado está vivo gracias a él”.

FE DE ERRORES:

En una primera versión de este artículo, se afirmó que Jordi Solé Tura, padre de la Constitución, ponente por el PSUC decía que la sentencia rompía el pacto constitucional cuando había fallecido siete meses atrás. Fue Iniciativa, partido heredero del PSUC, el que sostuvo en el Parlament que el pacto que contribuyó a fraguar Solé Tura se quebró con la sentencia.