Cuando las cenizas llevan a la chispa que desató el fuego

La investigación de un incendio, como la de un crimen, es lenta y minuciosa. “Primero se analiza la extensión del fuego, la manera en la que ha evolucionado por las condiciones ambientales y el sentido de las llamas, el tipo de destrozo que ha causado (natural, material y humano), se realiza una inspección ocular para analizar cómo ha afectado a la vegetación, se va acotando el lugar de origen, se toma declaración a testigos y vecinos, se visualizan las cámaras si las hubiera, se posicionan teléfonos, se observan las subidas y bajadas de la tensión que registró la línea eléctrica…”, explican fuentes de la unidad de incendios de la Guardia Civil.

El Servicio de Protección de la Naturaleza del instituto armado (SEPRONA) concluye en su investigación acerca del gran incendio de Gran Canaria —iniciado en Valleseco a finales del pasado mes de agosto, y que arrasó más de 9.200 hectáreas, obligó a evacuar a 10.000 personas y dejó más de mil damnificados— que “fue una chispa de una de las torres de alta tensión” la que provocó el desastre, uno de los siniestros más devastadores que se recuerdan en la historia reciente España.

Otras pesquisas llevaron a los agentes medioambientales del instituto armado a detener el pasado 16 de junio al presunto autor de los dos incendios consecutivos que asolaron el verano pasado 627 hectáreas de la sierra de Guadarrama, casi 300 de ellas del Parque Nacional entre Madrid y Segovia. “Se trata de un vecino de la zona, un hombre, que no tenía buenas relaciones con los vecinos”, señalan fuentes de la investigación, que no quieren dar más detalles para no entorpecer la instrucción judicial. “Podría estar implicado en otros conatos previos de incendios, aunque no tiene antecedentes”, agregan y aseguran que fueron cruciales las declaraciones de los vecinos y los restos de pastillas de barbacoa encontrados.

La Guardia Civil, con los 2.000 agentes del SEPRONA —complementados con otras unidades (seguridad ciudadana, policía judicial, escuadrón de caballería y servicios aéreos…)—, ha detenido e investigado a 403 personas como presuntos responsables de los 400 grandes incendios en los que ha participado esta unidad en 2019 —256 en 2018, con un total de 228 detenidos—. “En contra de lo que se piensa, siempre llegamos al incendiario”, señalan las mismas fuentes.

En la mayor parte de los incendios forestales es determinante el factor humano, ya sean intencionados o accidentales; y en todos ellos, según señalan los expertos, “hay que dirimir la responsabilidad penal, civil (daños materiales que provoca) y administrativa (cuando no llega a delito)”, señalan. El SEPRONA ha creado recientemente la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA), formada por una veintena de agentes especializados en la investigación de grandes incendios —a partir de 10.000 hectáreas, o de 5.000 si son parajes protegidos— o siniestros que causen importantes daños materiales y humanos.

En el caso de Gran Canaria, los agentes apuntan a que “una repentina subida de la tensión eléctrica hizo saltar una chispa en un punto en el que la masa forestal no respetaba la distancia de al menos tres metros que marca la legislación ambiental con respecto al tendido eléctrico y por eso prendió un pino”. Ahora debe de ser el juez quien “depure responsabilidades: si es la empresa eléctrica (Endesa), el cabildo, o la propiedad quien debía de responsabilizarse de limpiar esa zona boscosa próxima al cableado para que no actuara de acelerante”, señalan fuentes del servicio de medioambiente de la Guardia Civil.

Según las denuncias de los ecologistas, el fuego se inició “exactamente en el pozo de la Heredad de Aguas, explotado por un grupo de agricultores de la zona y que se encontraba en estado de semiabandono”. En ese mismo lugar, recuerdan, “había habido un conato de incendio solo tres meses antes, sin que Endesa cortara el suministro como prescribe la ley”.

Según Domingo Fonso, de los Verdes de Canarias, la conclusión del SEPRONA apuntala la denuncia interpuesta por Magdalena García en el juzgado número uno de Aruca el pasado 18 de septiembre “contra Endesa y el Cabildo Insular de Gran Canaria, por un presunto abandono del bosque”. “Aún no me han notificado nada”, dice la abogada Isabel Saavedra, que recurrió el archivo de la causa, “pero entiendo que se acumulará a la que lleva el juzgado de Las Palmas”. La Fiscalía de Gran Canaria hizo a lo largo del mes de febrero los interrogatorios a los responsables de la Heredad de Aguas, de Endesa y del Cabildo y comunicó su informe al juzgado.

Más del 80% de la corriente eléctrica en la isla depende de Endesa y el resto de Red Eléctrica Española, pero en su momento ambas empresas negaron haber sufrido incidencias, aunque algunos de sus técnicos accedieron a las zonas afectadas antes que los investigadores del SEPRONA y los de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales del cabildo insular, que también elaboraron su informe. Esta última tenía localizados en 2016 más de 759 puntos de riesgo de incendio forestal en la isla por incumplimiento de las medidas preventivas de mantenimiento y conservación de las líneas eléctricas, de las que 643 correspondían al cableado de Endesa.