La Fiscalía denuncia a las excúpulas de UGT y CC OO en Andalucía acusados de malversar 6,7 millones

La Fiscalía de Sevilla ha denunciado ante los juzgados a UGT y CC OO por malversar supuestamente 6,7 millones en la gestión de las residencias de tiempo libre de la Junta entre 2000 y 2006, tras una denuncia presentada el año pasado por el actual Ejecutivo autonómico (PP y Ciudadanos). El ministerio público ha denunciado a seis sindicalistas, entre ellos los líderes de ambos sindicatos, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, por evitar la liquidación de dichos fondos ante la Junta y a tres ex directores generales socialistas de la Junta por prevaricación omisiva: Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.

En 2000 la Junta estableció un convenio con CC OO y UGT para que gestionaran las plazas en las residencias de tiempo libre propiedad del Ejecutivo autonómico, a cambio de devolver el 80% de lo recaudado y pudiendo quedarse con el 20% para gastos de gestión. Tras no tener constancia del reintegro, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo autónomo de la Junta denunció los hechos el pasado año y la Fiscalía encomendó la investigación a la Guardia Civil. El instituto armado calculó que las cantidades apropiadas son de 2,6 millones por parte de UGT y 4 millones desde CC OO.

En su denuncia, la Fiscalía de Sevilla señala a los anteriores líderes de CC OO, Carbonero (2004-2017) y su antecesor Julio Ruiz (1992-2004), las exsecretarias de servicios Juana Manchilla y Maribel Hernández, y el exlíder de UGT Manuel Pastrana (1998-2009, ya excluido del caso de las facturas falsas por sufrir una grave enfermedad) y el ex secretario de Administración Federico Fresneda, todos ellos por malversación continuada, avanzó Diario de Sevilla este jueves.

La denuncia considera que los ex directores generales socialistas de la Junta “estaban obligados a requerir a los sindicatos a fin de que ingresaran el dinero procedente de la gestión de las residencias en las arcas públicas o, en el supuesto de no hacerlo, iniciar la vía ejecutiva”. La Fiscalía denuncia que ambos sindicatos se apropiaron de ese 80% de las reservas de los usuarios que debían ingresar a la Junta, a pesar de que en 2006 Guerrero les notificó el importe de la liquidación, y los sindicatos “desoyeron de manera contumaz los requerimientos de pago de las cantidades que retenían indebidamente”.

El ministerio público considera que el delito no está prescrito en vía penal, a pesar de que la justicia ya dictaminó que los hechos habían prescrito en vía contencioso-administrativa y vía civil, para que la Junta pudiera reclamar a las centrales el dinero percibido y no devuelto por la gestión de las residencias vacacionales.