El obispo auxiliar de Valencia rechaza declarar en el juicio a Gürtel por la visita del Papa de 2006

Ataviado con mascarilla, alzacuellos y crucifijo, Esteban Escudero, obispo auxiliar de Valencia, ha rechazado este lunes responder a ninguna pregunta en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la supuesta adjudicación irregular a la trama Gürtel del sistema de pantallas y megafonía utilizado durante la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. Aunque estaba citado como testigo en esta sesión, el religioso ha podido ejercer este derecho al encontrarse imputado actualmente en unas pesquisas paralelas abiertas en la Comunidad Valenciana, donde se investiga otra batería de contrataciones sospechosas de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (FVEMF), que organizó aquel evento.

— ¿Manifiesta querer declarar? —le ha preguntado el presidente del tribunal.

— Pues, por indicaciones de mis abogados, me acojo a mi derecho a no declarar y, si usted tiene la amabilidad, no contestaré a ninguna pregunta —ha respondido Escudero, escoltado por su letrado.

La Fundación fue creada por el Arzobispado, la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia. La presidía, precisamente, Escudero. Eso sí, la mayor parte de su presupuesto lo proporcionaba el Gobierno autonómico, que entonces encabezaba Francisco Camps, que ya desfiló también la pasada semana por la Audiencia Nacional. El antiguo jefe del Ejecutivo regional, que también comparecía como testigo y que se encuentra procesado en otros casos, sí que optó por responder a las preguntas que se le plantearon y aprovechó para desvincularse de todas las adjudicaciones investigadas en este juicio y de cualquier decisión relacionada con la vista del Papa a la Comunidad. También restó importancia a su relación con Álvaro Pérez, El Bigote, uno de los cabecillas de la red y a quien llamaba “amiguito del alma”.

La misma estrategia que Camps, a diferencia de Escudero, ha adoptado también este lunes otra batería de testigos citados, como Enrique Pérez Boada, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia y exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas; el representante legal de la FVEMF; y la que fuera secretaria general de la Fundación. Aunque los tres se encuentran imputados en otra causa, sí han aceptado responder las preguntas. Otro testigo ha apuntado, por su parte, que la Gürtel sabía que iba a retransmitir la visita del Papa antes de presentar su oferta.

La Audiencia Nacional juzga desde el pasado marzo esta derivada de la trama de corrupción. Según los investigadores, la Gürtel aprovechó el viaje de Benedicto XVI a Valencia para que, gracias a su “estrecha relación” con los cargos públicos del PP, el canal de televisión autonómico Canal 9 le adjudicara la instalación de las pantallas y la megafonía del evento. La Fiscalía calcula que se desembolsó más de siete millones de euros y que los cabecillas de la red se repartieron al menos 3,3 millones. El máximo cargo político al que se apuntaba en esta vista oral era Juan Cotino, antiguo vicepresidente de la Generalitat, que se desvinculó de la presunta operación ilícita durante su declaración antes del parón por la pandemia del coronavirus —durante la que murió—. En el banquillo de los acusados también se sientan Francisco Correa, El Bigotes y Pablo Crespo.