El Defensor pide vigilar más los centros de menores tras el caso de Iliass

La institución mantiene abierta una investigación de oficio con la Junta de Andalucía por el fallecimiento del joven

Centro de menores de Tierras de Oria (Almería)
Centro de menores de Tierras de Oria (Almería)Paco Bonilla

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, reclamará a las administraciones que aumenten la vigilancia sobre los centros de menores tras la muerte, el pasado julio, del joven Ilias Tahiri en el centro Tierras de Oria, en Almería, que fue inmovilizado por seis vigilantes que durante 13 minutos le presionaron boca abajo en la cama. “Una sociedad moderna como la española tolera con dificultad estas situaciones”, manifestó Fernández Marugán.

El Defensor del Pueblo asegura sentirse “muy preocupado” con este asunto, y advierte: “Nos vamos a dirigir próximamente a las administraciones para decirles que hay que cambiar normativas, y procedimientos y fortalecer la vigilancia de estos centros”. Su oficina inicio una investigación de oficio junto con la Junta de Andalucía tras conocerse la muerte de Ilias Tahiri, que tenía 18 años cuando murió tras serle aplicado un “protocolo de contención mecánica” en el centro de menores Tierras de Oria. El vídeo de su muerte, tras 13 minutos de presión de seis vigilantes, publicado por EL PAÍS, ha desatado las reacciones de indignación y reabierto el debate sobre lo que sucede en los centros de menores conflictivos.

El Defensor ultima un informe con recomendaciones a las administraciones sobre la gestión y vigilancia de estos centros en el marco del caso de Iliass Tahiri. En marzo de 2018, 15 meses antes de la muerte del joven, el Defensor del Pueblo, realizó una visita al centro Tierras de Oria y encontró deficiencias. “Se observó la falta de adecuación de la habitación destinada a las contenciones mecánicas, de escasas dimensiones, sin cama articulada y anclada al suelo, y de interfono y sistema de videovigilancia con audio”, señalaba el informe.

En el vídeo, efectivamente, se puede ver a seis vigilantes que se colocan sobre el joven para inmovilizarlo y a la doctora que llega después y advierte de que no respira, pero no hay sonido. La juez Teresa Inés Sánchez Gisbert archivó el caso en enero por considerar que los hechos respondían a una “muerte violenta accidental”, como defendía el informe del forense Juan Luis Blanque.

Por su parte, el Gobierno de Andalucía (PP y Ciudadanos) quiso mantenerse al margen: “La autoridad judicial archivó el caso, la autopsia es clara y la familia ha recurrido, respetaremos la decisión judicial”, dijo el vicepresidente y consejero de Justicia, Juan Marín. Tras lo sucedido con Iliass Tahiri, la Junta de Andalucía publicó en septiembre pasado un protocolo en el que regulaba la inmovilización en menores. La nueva norma recoge que los menores deben de ser colocados “en posición de decúbito supino (boca arriba)”, evitando “otro tipo de posturas", como en Oria, que Iliass estaba boca abajo. Ese protocolo es para Marín una respuesta suficiente a lo sucedido.

Adelante Andalucía, el partido más beligerante con la forma de proceder de la administración, señalaron que “van a volver a solicitar a Marín una evaluación del asunto”. Los diputados de Izquierda Unida (IU) en el parlamento europeo, Sira Rego y Manu Pineda, han instado “a la actuación urgente de la Comisión para que aplique recomendaciones que se reflejen en una legislación europea garantista hacia menores y personas en situación de detención en general”.


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