El ingreso mínimo vital sale adelante sin ningún voto en contra en el Congreso
Vox asegura que la medida provocará un efecto llamada porque podrán percibirla víctimas de trata, pero finalmente se ha abstenido en la votación
El Congreso ha aprobado este miércoles sin ningún voto en contra (297 votos a favor, 52 abstenciones) el decreto del ingreso mínimo vital, que garantiza ingresos a las familias vulnerables desde 462 euros a 1.015 euros mensuales. A petición del varios grupos parlamentarios, entre ellos, el primero de la oposición, se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. El Ejecutivo calcula que la medida beneficiará a 850.000 hogares en los que viven más de 2,3 millones de personas. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha felicitado por el amplio apoyo y ha valorado positivamente alguna de las enmiendas propuestas por los grupos.
El PP, que se debatió entre el sí y la abstención, anunció que votará finalmente a favor, aunque ha pedido que se tramite como proyecto de ley para que puedan plantear enmiendas, como una tarjeta social única “para garantizar la transparencia, sostenibilidad y rigor en el sistema de ayudas” o que su percepción esté vinculada a la “búsqueda activa de empleo”. Y Vox, que fue muy crítico con la medida, informó desde la tribuna que se abstendrá.
Los padres de la iniciativa, el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, han compartido la defensa del decreto en la tribuna del Congreso. Para Iglesias, que ha reivindicado que se trata de una medida que figura en el programa de Podemos desde su fundación, el ingreso mínimo vital es “la mejor vacuna contra los discursos del odio”. Para Escrivá, que ya apostó por la medida desde que presidía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), se trata de un “éxito colectivo" que “dignifica al país”. “No debe entenderse tanto como una política dirigida a grupos concretos como un seguro colectivo que rescata a personas que sufren carencias severas y las empuja a la integración social”, añadió.
Los populares han defendido hasta ahora la medida con el argumento de que ya existía y se aplicaba en sus comunidades autónomas. “Lo inventó Manuel Fraga”, ha llegado a decir Pablo Casado. La diputada del PP Pilar Marcos ha criticado, no obstante, “el sermón benéfico” de Iglesias y ha recordado que el ingreso mínimo vital, es decir, el complemento para quienes no tienen unos ingresos dignos, no es el proyecto de Iglesias y Podemos, que defendían una renta básica universal. Existen otras ayudas en comunidades autónomas, pero de escasa cobertura entre el porcentaje de población en situación de exclusión y con grandes diferencias entre sí. En País Vasco, con 2,2 millones de habitantes, había 120.606 perceptores (sumados los titulares y miembros dependientes) de rentas mínimas de inserción, según el informe del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del año 2018. En Andalucía, con una población de 8,4 millones, 40.870, según el mismo estudio. El simulador de la Seguridad Social para comprobar si se cumplían los requisitos para solicitar el nuevo IMV recibió un millón de visitas en 24 horas.
Pese al apoyo de la iniciativa, la semana pasada, el responsable del área económica del PP, Daniel Lacalle, declaró en una charla con la portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que tal y como estaba planteado, el ingreso mínimo vital es “un subsidio a la obediencia”. “Lo venden como algo novedoso y suyo [el Gobierno] cuando ya existía en las comunidades autónomas y lo presentan como una solución, pero no lo es. Todo este tipo de mecanismos no han funcionado. Lo que tienes que hacer es no poner escollos a la inversión y no poner dificultades a la creación de empleo”, dijo. El exministro de Economía del Gobierno de Mariano Rajoy Luis de Guindos defendió el pasado abril una renta mínima pero “de emergencia y temporal”.
La diputada de Vox María Ruiz ha sido muy crítica con la medida desde la tribuna, aunque su grupo no votará en contra. Presentó el ingreso mínimo vital como “el precio del pacto con el diablo” [en alusión a Iglesias]; lo presentó como “una paga sin honor" y aseguró que la excepción contemplada para que puedan beneficiarse de la medida las víctimas de trata es "como decir que van a ser beneficiarios todos los que llegan en patera”.
Gabriel Rufián, de ERC, ha presentado la aprobación de la medida como una “batalla cultural”, “la ley del divorcio de esta generación", y una “vacuna contra la precarización laboral”, pero al tiempo, ha criticado que para percibirla haya que declarar un año de pocos ingresos y que no puedan tampoco beneficiarse de ella un millón de sin papeles.
Sara Giménez, de Ciudadanos, también ha pedido que se tramite como un proyecto de ley para introducir enmiendas y estudiar, por ejemplo, si el requisito de mirar los ingresos del último año es el más adecuado. “Que las tasas de pobreza sean tan elevadas y que tengan rostro de niño y de mujer nos evidencian y creo que todos los representantes públicos deberían estar a favor de esta medida”, ha dicho.
El representante del PNV, Iñigo Barandiaran, destacó el acuerdo con el Ejecutivo para que la Administración vasca y la navarra gestionen la ayuda y Junts Per Catalunya reclamó el mismo trato. También Néstor Rego, del BNG, preguntó por qué el Ejecutivo no reforzó las ayudas autonómicas ya existentes.
El ingreso mínimo vital figura en el pacto firmado entre el PSOE y Podemos en diciembre de 2019 para formar un Gobierno de coalición y por el que ambos partidos se comprometieron a desarrollar la medida como prestación de Seguridad Social. “Comenzaremos en un primer momento por el aumento decidido de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables y posteriormente, mediante un mecanismo general de garantía de renta para familias sin ingresos o con ingresos bajos”, rezaba el texto. La crisis provocada por el coronavirus ha precipitado el trámite de la medida. Defraudar para recibir la ayuda tendrá consecuencias, desde perder la ayuda a multas de 6.090 euros en la sanción más grave.
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