Un mantero senegalés: “De las tres personas que pasaron frente a la policía solo me pararon a mí”

Samba Kandji, un vecino senegalés del barrio madrileño de Lavapiés, va a tener que pagar una multa de 300 euros por ir a comprar café a granel a la tienda de la esquina. Este mantero de 27 años es una entre las más de un millón de personas sancionadas por supuestas vulneraciones de las medidas del estado de alarma, pero su encuentro con los agentes que lo multaron el pasado 11 de mayo no fue igual al del resto. “De las tres personas que pasaron por delante de los policías solo me pararon a mí”, afirma. “El agente no se creía que llevaba café, me abrió la bolsa buscando droga. Me pidieron mi móvil para ver qué modelo era y preguntaron por radio si alguien había denunciado el robo de ese teléfono. ‘El móvil es mío, puedo enseñaros la factura’, les dije, pero me mandaron callar”. La denuncia sostiene que el motivo para “deambular” por la calle no estaba entre los permitidos y que Kandji se negó “en repetidas ocasiones” a obedecer la orden de volver a su domicilio.

Salir a la calle a comprar o trabajar durante el confinamiento no ha sido igual para todos. Kandji ha contado su caso a EL PAÍS, pero, según han denunciado diversas organizaciones, ha habido un goteo de episodios de discriminación durante el confinamiento. Un informe elaborado por la ONG Rights International Spain y un equipo de expertos que, junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, promueven los derechos de los afrodescendientes en España ha recopilado 70 incidentes racistas registrados durante el primer mes y medio del estado alarma. Su publicación llega dos días después de que miles de personas en todo el mundo hayan protagonizado manifestaciones masivas contra el racismo tras la muerte del afroamericano George Floyd bajo la rodilla de un policía.

El documento titulado Racismo y Xenofobia durante el estado de alarma en España describe casos como el de una mujer colombiana en situación irregular que se dedicaba al cuidados de dos ancianos y fue parada el pasado 7 de abril en Segovia. “Fue amenazada con ser deportada tras recibir un trato de ‘hostigamiento’ por parte de la Guardia Civil. Antes de impedirle acudir a su lugar de trabajo y mandarla a su casa, los agentes le indicaron que ‘debía irse a su país”. O el de otra mujer latinoamericana, identificada en en Madrid por la Policía Nacional, cuando acudía a trabajar en la limpieza de una casa. “La policía le permitió volver a su casa, pero perdió su empleo y le comunicaron que podía ser multada o detenida para su deportación”. El informe demanda en este sentido una reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana para prohibir expresamente las identificaciones por perfil étnico.

Los testimonios han llegado al equipo directa o indirectamente a través de varias ONG y buena parte de ellos (47) se registraron en un formulario online que ha permitido trazar una radiografía de los denunciantes. Un 32% de ellos son afrodescendientes, seguidos de personas árabo-musulmanas (30%) y de etnia gitana (25%). El 70% de los participantes de ese cuestionario reportó “brutalidad policial”. Fue el caso de M. E., un joven marroquí que denunció una agresión racista por parte de la Guardia Urbana de Barcelona cuando salió a la puerta de su casa para disfrutar de luz natural de la que carecía en su domicilio. “Explicó que uno de los agentes le gritó ‘vete a tu casa, puto moro de mierda’ a lo que él respondió con un gesto recriminatorio que llevó a los agentes a romper la puerta de su casa a patadas, arrinconarle, sujetarle y darle un puñetazo en el ojo. Los hechos fueron denunciados en el juzgado de guardia”, recoge el documento. El informe señala que el Ministerio del Interior no ha cumplido con la obligación de iniciar "investigaciones prontas, exhaustivas y efectivas de todo acto de brutalidad y uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. “Se investigan todos y cada uno de estos supuestos de manera individualizada”, mantiene un portavoz de Interior tras señalar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado “velan por el respeto a la diversidad y el trato correcto en cualquier interacción con los ciudadanos”.

Los bulos y mensajes racistas que incitan al odio han sido una constante en Internet en las últimas semanas. Los ataques traspasaron la red. Pocos días antes de la declaración del estado de alarma, Thomas Siu, un joven estadounidense de ascendencia china, fue brutalmente agredido en Madrid. Según su testimonio, que relató en eldiario.es, dos atacantes le gritaron “algo relacionado con el coronavirus” que no entendió muy bien y despertó dos días después en el hospital. Tenía consigo su cartera y el móvil, algo que, según él, evidenciaba el carácter racista de la agresión.

El informe recoge en este sentido las observaciones de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) que denuncia la difusión de numerosos mensajes de odio antigitano. “Los bulos y las campañas solicitando a la ciudadanía, entre otros, no acudir a los mercadillos donde las familias gitanas practican la venta ambulante, comenzaron antes del estado de alarma pero se mantuvieron varios días después de que fueran adoptadas las medidas excepcionales”, explica el informe. Durante los meses de marzo y abril, la FSG también denunció diez casos de discurso de odio ante Fiscalías de Delitos de Odio y Discriminación, y Defensores del Pueblo autonómicos.

El documento, realizado en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes declarado por la ONU, concluye con una serie de recomendaciones para evitar la discriminación racial y hace un llamamiento al Gobierno español “para que ponga fin a las manifestaciones de racismo y xenofobia en todos los planos de la vida social y política a nivel nacional”. Falta, según los autores, “una mirada plural y transversal a la hora de abordar las graves repercusiones de la pandemia”.

El senegalés Samba Kandji sigue disgustado por su encuentro con la policía. “Hace cuatro años que estoy en España y no soy capaz de contar cuántas veces me han parado. Y lo primero que me piden siempre es el móvil porque piensan que lo he robado”, se queja. El café que compró aquel día era parte de la única comida que se permite durante las jornadas del Ramadán. “Era mi momento de comer a gusto por fin, pero ese día ni comí. Estaba muy enfadado”, recuerda. “No tengo nada y me ponen una multa”.

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