El forense del ‘caso 8-M’ señala a miembros del Gobierno pese a no estar investigados

El forense del caso 8-M, donde se investiga la celebración de manifestaciones en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansión del coronavirus, ha enviado este lunes un segundo informe a la juez Carmen Rodríguez-Medel. En este escrito de 59 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, vuelve a concluir que “no es posible saber” si quienes asistieron a las movilizaciones de aquellos días se infectaron en ellas de la covid-19, pero aprovecha la ocasión para apuntar que no debían haberse permitido desde finales de febrero y señala incluso, pese a no estar investigados en esta causa, a varios miembros del Gobierno como “conocedores” de los riesgos que se corrían.

Entre los altos cargos señalados se encuentran, además del delegado del Gobierno en Madrid y único imputado, José Manuel Franco; el ministro de Sanidad, Salvador Illa; la directora general de Salud Pública, Pilar Azcárraga; el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón; e, incluso, el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz. “No se atendió suficientemente a las llamadas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Y cuando estalló la difusión comunitaria esporádica no se actuó con diligencia”, apunta el documento enviado a la magistrada el mismo día en que la Fiscalía ha pedido el archivo del proceso. La juez ya ha señalado en dos ocasiones que el único investigado en esta causa es Franco y ha descartado imputar a Simón.

El forense analiza las pesquisas de la Guardia Civil practicadas hasta ahora, así como noticias difundidas en varios medios y declaraciones públicas de las autoridades. Y concluye, en referencia a la pandemia, que “se veía venir” desde febrero. “Un tsunami se prevé, se sabe que va a venir porque ha existido un fenómeno previo, terremoto con epicentro en el fondo del mar, que así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir”, subraya el documento, que también se hace eco, al igual que el remitido la semana pasada por la Guardia Civil al juzgado, de la conversación privada que la ministra de Igualdad, Irene Montero, mantuvo con una periodista antes de una entrevista en la televisión vasca EiTB.

La dirigente de Unidas Podemos comentaba en ese diálogo que creía que a la última marcha del 8-M había asistido menos gente por miedo al coronavirus. “Las tomo como ejemplo del sentir popular, como ejemplo del conocimiento del pueblo llano sobre la capacidad de contagio del coronavirus del covid-19, puesto que ella carece de conocimientos epidemiológicos demostrados. Es un testimonio muy válido y sincero, precisamente por esa espontaneidad”, concluye el forense.

Cruce de correos

En otra parte del informe, el forense analiza el contenido de parte de los correos electrónicos intercambiados por varios responsables autonómicos del Centro de Alertas Sanitarias, que dirige Fernando Simón. En concreto, se centra en tres que se enviaron los días 18, 24 y 29 de febrero, donde ponían en común la información que les iba llegando sobre la enfermedad en sus regiones. De estos mensajes, el forense resalta frases como “lo que no sé es si podremos manejarla”, “damos todo por perdido”, “eso nos preocupa” y, sobre todo, la forma de despedirse con un “mucha fuerza”. Y concluye que son “evidencias escritas” de que estaban “saltando las alarmas en el CCAES” de Fernando Simón. “Una persona desde el CCAES se dirige a otra de la Comunidad de Madrid alertando de que unos estudiantes que han tenido contacto con un enfermo de covid-19 se han dirigido a Madrid con lo que eso significa en lo referente a la diseminación de la enfermedad. En su despedida dice ‘¡un abrazo y mucha fuerza!’. Imagino los semblantes de preocupación de estos profesionales analizando la situación”.

El forense también afirma que en España no se adoptaron a tiempo las normas debidas de distanciamiento. “Otros países sí debieron hacerlo y quizá por eso ostentamos el récord de ser uno de los países, si no el que más, con más víctimas (fallecidos y enfermos/habitante)”. Sin embargo, acto seguido el autor añade que “quizá no sea ese el único factor, no corresponde a este sencillo informe analizarlo”. “El daño de cualquier epidemia no solo se debe atribuir a la contención de la difusión en los primeros estadios sino también durante su evolución y no solo con medidas de contención sino merced a la atención sanitaria”, apostilla.

El autor del informe también se muestra muy crítico con las instrucciones que la Delegación del Gobierno en Madrid envió a sus trabajadores el 28 de febrero, dos semanas antes de que se aprobara el estado de alarma. Consistían en medidas no farmacológicas, de higiene y de distanciamiento social “con especial hincapié para aquellos puestos que estén en contacto con los ciudadanos”. “Esa atención tan delicada y adecuada para con sus trabajadores choca o es contradictoria con haber permitido encuentros masivos de personas. Es como cuidar a los de casa y menospreciar a los de fuera”, sostiene el forense.

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