La pregunta del otoño político valenciano

Con sus cerca de cinco millones de habitantes, la Comunidad Valenciana es la cuarta autonomía más poblada de España, por detrás de Andalucía, Cataluña y Madrid. Según los datos vigentes en la convocatoria de las elecciones generales de noviembre de 2019 —últimos comicios celebrados— el censo electoral valenciano supera, de lejos, la cifra de tres millones y medio de ciudadanos con derecho a voto.

Los resultados de los comicios autonómicos celebrados el pasado año permiten al PSOE gobernar, en solitario o en coalición, en nueve comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Aragón, Canarias, Navarra, Extremadura, Baleares, La Rioja, Asturias y la Comunidad Valenciana. De todas ellas, como suelen destacar los analistas políticos, la que más peso electoral tiene para los socialistas es la autonomía valenciana.

La marca PSOE perdió el poder en Andalucía, tras cuatro décadas ininterrumpidas de omnipresencia en el sur; no toca bola en Castilla y León desde 1987; en Cataluña y País Vasco depende de socios nacionalistas y no siempre con éxito. En la joya de la corona, Madrid, Joaquín Leguina tiene el honor de haber sido el primer y único presidente de signo socialista, y abandonó el cargo en 1995 para dar paso al PP. Un cuarto de siglo después, el bastión capitalino se ofrece inexpugnable para el PSOE, ya sea en solitario o en comandita con otras fuerzas de la izquierda española.

Con estos datos parece sensato pensar que la madre nodriza PSOE y el gobierno del Estado presidido por Pedro Sánchez, secretario general, a su vez, del PSOE, se volcarían en gestos hacia la Comunidad Valenciana, respaldarían a su barón autóctono, Ximo Puig, y reforzarían lazos con su filial autonómica, el PSPV-PSOE. Por el contrario, parece de todo punto suicida descuidar a la Comunidad Valenciana, frustrar sus demandas, no atender sus ecuánimes reivindicaciones y contribuir, por acción u omisión, a que se perpetúe una situación objetivamente lesiva que se traduce, básicamente, en una financiación injusta y un esfuerzo inversor insuficiente. No hace falta insistir en que Pedro Sánchez y Puig no son los mejores amigos.

¿Cuál es la opción elegida por el PSOE y el Gobierno central? La suicida. Como si anduviesen sobrados de poder territorial —queda claro que no es así— y plenos de confianza en que eso va a cambiar cuando el próximo mes de julio Galicia y País Vasco acudan a las urnas y hagan lo propio, unos meses después, en fecha aún por concretar, los catalanes.

Las tendencias demoscópicas no indican que las posibilidades de éxito electoral de las siglas socialistas se disparen en Galicia, donde el PP de Núñez Feijóo mantiene su fortaleza, mientras en el País Vasco las opciones de éxito del PSOE se reducen a ejercer de muleta de un ejecutivo liderado por el PNV. Por lo que respecta a Cataluña, está por verse que un tripartito de ERC, PSC y los Comunes tenga posibilidades y viabilidad.

Mientras el PSOE y el Gobierno socialista, en comunión con Unidas Podemos, siguen ninguneando a la Comunidad Valenciana, por más que su presidente y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, se esfuerce en transmitir una situación de normalidad, lealtad y colaboración —cogobernanza, le llaman ahora—, los nacionalistas de Compromís han alzado las lanzas para recuperar el terreno y los votos perdidos tras cinco años de prudencia institucional. La prudencia que exige formar parte de un Consell -el Gobierno del Botánico- en el que comparten responsabilidades ejecutivas con el PSPV-PSOE y Unidas Podemos.

Un ligero vistazo a las redes sociales es suficiente para comprobar el tono subido y la ira indisimulada que embarga a los votantes y simpatizantes de la coalición Compromís. Las voces que reclaman la ruptura del acuerdo botánico para que la coalición nacionalista regrese a las barricadas políticas se multiplican por días. Alientan la disolución del pacto y el enfrentamiento con el PSOE a cara de perro. También los hay que designan a los líderes de Compromís con el poco sutil mote de pagafantas, en su afán por descalificar el recurrente apoyo de estos al socialismo patrio.

El próximo mes de septiembre se cumple el plazo de ocho meses comprometido por Pedro Sánchez con el diputado de Compromís Joan Baldoví para poner encima de la mesa de negociación una propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica que satisfaga las demandas valencianas. A cambio de dicha promesa Baldoví apoyó la investidura de Sánchez el pasado mes de enero.

¿Qué sucederá si llega el otoño y lo que no arriba es la oferta comprometida? ¿Cómo defenderán los dirigentes de Compromís mantener el acuerdo en el Consell si no se agilizan los plazos para la aprobación de un nuevo modelo de financiación?

Cómo se resuelvan estas preguntas marcará el devenir de la política valenciana en el futuro inmediato.