Los funcionarios de la Delegación de Gobierno niegan las presiones que les atribuyó la Guardia Civil en el ‘caso 8-M’

Los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación del 8-M incluyen en su segundo informe enviado a la juez Carmen Rodríguez-Medel, al que tuvo acceso EL PAÍS, las declaraciones de tres trabajadores de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid a los que interrogaron sobre las llamadas efectuadas a los convocantes de varias concentraciones celebradas durante la fase de expansión del coronavirus. Estos empleados admiten que “sugirieron” a los promotores que las suspendieran, pero en ningún momento hablan de presiones, como interpretó el instituto armado en el primer informe remitido a la magistrada, que contenía errores y especulaciones.

Pese a ello, el instituto armado insiste en su tesis. “Para un ciudadano medio con conciencia social de la grave crisis sanitaria que por esas fechas ya era de debate social, y tras recibir una llamada de teléfono proveniente de la Delegación del Gobierno de Madrid, esta última ejerce una influencia muy notable en lo que se refiere a la suspensión del evento”, escriben los agentes en sus conclusiones tras analizar los testimonios de los tres trabajadores, dos funcionarios de carrera y una auxiliar administrativo. Ellos se encargaron a partir del 11 de marzo, después de la marcha feminista del 8 de marzo y en plena expansión del coronavirus, de telefonear a los convocantes de movilizaciones previstas para esas fechas con el objetivo de advertirles del riesgo sanitario que suponían.

“En las llamadas se les informó acerca de los problemas sanitarios derivados de la covid-19 y los riesgos de celebrar reuniones. Se les sugería que lo ideal era que suspendieran”, relata uno de los empleados a la Guardia Civil. “Sobre el 11 o 12 de marzo comenzó a llamarse a los promotores para sugerirles que, de forma voluntaria, cancelaran las concentraciones previstas”, coincide un segundo funcionario, que explica que solo uno de los promotores se negó a hacerlo y les instó a que fuera la Delegación la que cancelara su acto. De hecho, el tercer empleado destaca que la mayoría aceptó sus recomendaciones, pues ya estaban “concienciados”.

En el primer informe del instituto armado enviado a la juez se atribuía a los trabajadores que llamaban a los convocantes “expresiones imperativas para que los actos no se lleven a cabo”. E, incluso, los agentes iban más allá y lanzaban sospechas de que la Delegación del Gobierno intentó ocultar estas comunicaciones: “La inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos por la Delegación del Gobierno, así como el especial interés por parte de la delegación en que fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones, hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la delegación en que las mismas no figuren en ningún registro oficial; y, por otro, el amplio conocimiento de la delegación de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios generados por la covid-19 y su interés real de que no se celebraran”.

La Guardia Civil también mencionaba en ese primer documento una reunión celebrada el 6 de marzo entre las autoridades sanitarias y los promotores de un congreso de la Federación de Asambleas de Dios en España (FADE). Según la versión recabada por los agentes, en ese encuentro se encontraba Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, y se comunicó a los impulsores de la movilización que “no se podía celebrar de ninguna manera”. Según el instituto armado, eso “equivale a una prohibición”. EL PAÍS ha contactado con los promotores de 10 de estas marchas y todos estos rechazan haber recibido presiones para cancelarlas.

Todo ello lleva a los agentes a concluir que no se debería haber celebrado ninguna concentración en Madrid desde el 5 de marzo y que las autoridades conocían los riesgos. Una tesis que ya ha rechazado la Abogacía del Estado, que acusó a la Guardia Civil en un escrito de contener un “claro sesgo acusatorio”, “deslizar continuas sospechas y comentarios suspicaces”; y de no hacer “ningún análisis de evidencias científicas, solo referencias mutiladas o parciales a documentos técnicos o noticias de prensa, que en modo alguno pueden caracterizarse como una base científica”,

El caso 8-M ha sacudido la política nacional y ha colocado a la Guardia Civil en el epicentro. El primer informe enviado a la juez, que ha citado a declarar como testigos a varios trabajadores de la Delegación y a impulsores de las protestas analizadas por el instituto armado, provocó el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, que estaba al frente de la Comandancia de Madrid de la que dependen los autores de estos dos informes. Tras su destitución, la oposición ha cargado contra el Gobierno por supuestas injerencias en las pesquisas. En esta causa se encuentra imputado el delegado del Gobierno en la Comunidad, José Manuel Franco.