Caso 8-M

La Abogacía del Estado carga contra el informe de la Guardia Civil sobre el 8-M: “No analiza evidencias científicas”

En un nuevo recurso, el órgano jurídico del Gobierno atribuye a los agentes un “claro sesgo acusatorio”

Un grupo de personas participa en la marcha del 8-M, este año en Madrid.
Un grupo de personas participa en la marcha del 8-M, este año en Madrid.© Luis Sevillano

La Abogacía del Estado no ha dejado pasar la primera oportunidad y, en un nuevo escrito que ha enviado a la juez Carmen Rodríguez-Medel, ha cargado contra el polémico informe de la Guardia Civil sobre las concentraciones celebradas en la Comunidad de Madrid durante la fase de expansión del coronavirus. En un documento de 11 páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el órgano jurídico dependiente del Ejecutivo asegura que las pesquisas plasmadas por los agentes contienen un “claro sesgo acusatorio” y “deslizan continuas sospechas y comentarios suspicaces”. “No se encuentra en el informe de la Policía Judicial ningún análisis de evidencias científicas, solo referencias mutiladas o parciales a documentos técnicos o noticias de prensa, que en modo alguno pueden caracterizarse como una base científica”, apostilla el recurso presentado por la Abogacía este pasado miércoles.

La magistrada Carmen Rodríguez-Medel, responsable del juzgado de instrucción 51 de la capital, mantiene imputado en esta causa al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, al que atribuye un presunto delito de prevaricación. La juez trata de averiguar si el representante del Ejecutivo permitió concentraciones durante la fase de expansión del coronavirus —entre ellas, la marcha feminista del 8-M— cuando se contaba ya con “suficientes datos para prohibirlas legalmente por razones sanitarias”. La Abogacía del Estado, que defiende a Franco, mantiene una postura muy diferente y, como avanzó en otro escrito enviado a la instructora antes de que se elaborara el informe de la Guardia Civil, entonces no se tenía la información necesaria para “prohibir el ejercicio de un derecho fundamental”.

“Es manifiesto y notorio que, hasta el 14 de marzo, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas”, decía en ese primer recurso, fechado el pasado 20 de abril, donde también acusaba a la juez de abrir “una causa general contra las distintas autoridades y administraciones competentes”; saltarse el decreto de alarma; iniciar una investigación “prospectiva” en busca de indicios de delito; y vulnerar el derecho de defensa de Franco. A lo que la magistrada ha respondido este jueves con sorpresa y le ha reprochado en un nuevo escrito a la Abogacía que haya estado un mes sin pasarse a recoger la documentación de la causa.

En esa línea, el escrito de la Abogacía presentado este miércoles insiste en que el delegado del Gobierno se encuentra en una situación de indefensión, al pedir la juez numerosos informes y documentación para investigar mientras la defensa, al estar suspendidos los plazos procesales por el estado de alarma, no puede obtener respuesta a sus recursos. “A sabiendas de que no se trata de ninguna actuación urgente, el juzgado viene de forma ininterrumpida ordenando la práctica de diligencias”, protesta el órgano jurídico dependiente del Gobierno, que apostilla: “Y lo viene haciendo cercenando el derecho de defensa, al no tramitar ninguno de los recursos que se han interpuesto. Eso sí, amparándose [para ello] en la suspensión de los plazos procesales”.

La Abogacía pone como ejemplo “el perjuicio” que le ha causado a Franco el informe elaborado por la Guardia Civil, que se ha confeccionado pese a que la defensa del delegado recurrió ante la Audiencia Provincial la decisión original de la juez de abrir la causa. Pero el órgano superior todavía no se ha pronunciado porque ese escrito se encuentra en el juzgado 51 y aún no se ha elevado por la suspensión de los plazos. Paralelamente, la Abogacía también se queja de que, pese a que no existe una “urgencia” en este contexto, se ha solicitado numerosa documentación a la Delegación del Gobierno, el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad: “Poniendo día y hora de entrega para la documentación, con los perjudiciales efectos que presentar una documentación incompleta puede tener en mi defendido”.

El informe forense

Este último recurso presentado por la Abogacía también se refiere al informe forense que descartó la existencia de datos que acrediten una relación directa entre las concentraciones convocadas y los contagios por la covid-19. Ese documento concluía que “no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas dichos días y que haya resultado infectada por el virus lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimiento público, etc.”. Pero añadía otro párrafo que ha generado profundo malestar en la defensa de Franco: “Lo que sí es cierto y seguro es que, de haberse evitado, se habrían evitado una amplia difusión de la enfermedad”.

La Abogacía carga contra esa segunda parte en su escrito del 27 de mayo: "El forense sienta, como hecho incontrovertido, que las manifestaciones (no dice cuáles) han podido causar una amplia difusión de la enfermedad. Negamos la mayor. Esa afirmación no tiene ningún sustento científico, ni técnico. Y el Forense no la razona, ni argumenta, ni la apoya en ningún dato objetivo. Tampoco sabemos a qué se refiere con “amplia difusión”. “Es una afirmación apodíctica, huérfana de apoyo técnico, máxime cuando las opiniones de los expertos niegan la relevancia en términos de expansión de un evento de las características de una manifestación (en un espacio abierto, sin que sea frecuente un contacto estrecho entre los participantes) en relación con la exposición al virus que se pudo producir esos días en el desarrollo ordinario de la vida social en Madrid”, apostilla el recurso.

Varios expertos consultados por El PAÍS coinciden en que la manifestación del 8-M resultó marginal para la pandemia y consideran que, por ejemplo, fue mucho más relevante el transporte público para la expansión del virus. Pese a ello, la juez le ha encargado al forense que, si lo ve oportuno, amplíe en un segundo informe esa conclusión. La Abogacía se opone a ello al considerarlo “innecesario, inútil e impertinente” en relación con el delito de prevaricación que se imputa a Franco. “¿En qué se fundamenta la afirmación del forense? Sencillamente en nada. Ni un solo dato, ni una sola referencia técnica. ¿Una investigación penal puede basarse en afirmaciones semejantes sin fundamento técnico alguno? En modo alguno, a juicio de esta defensa. Una investigación penal debe investigar hechos indiciariamente delictivos, no convertir en indiciariamente delictivos unos hechos para investigarlos”, destaca con dureza la Abogacía. Franco está citado a declarar como imputado el próximo 10 de junio, lo que pretendía evitarse con este recurso.

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